Además de vivir las mismas experiencias que sus pares hombres, como condiciones precarias en el trabajo, inseguridad laboral y en los caminos y falta de seguridad social, las mujeres jornaleras se enfrentan a violencias, discriminaciones y omisiones por razones de género.
Aunque en los últimos años la recaudación de impuestos ha incrementado, la exención a los ingresos por herencias y los demás beneficios fiscales que hoy se concentran en quienes más tienen limitan la posibilidad de construir un sistema tributario más justo y equitativo.
Una política cultural verdadera no debería depender de un Mundial de Futbol, sino que tendría que sostenerse durante todo el año, llegar a todo el territorio y evaluarse con datos, no con celebraciones circunstanciales.
Las autoridades deben salir de sus escritorios y voltear a ver y escuchar a las mujeres jornaleras y su cruda realidad.
La activación del artículo 34 de la ONU evidencia que la crisis de desapariciones en México es estructural y de derechos humanos; el texto plantea que negar este diagnóstico implica rechazar cooperación internacional y frenar un cambio de paradigma hacia la verdad, la dignidad y la participación de las víctimas.
La revisión del T-MEC es una oportunidad estratégica para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. El sistema actual muestra fallas graves: las Fiscalías Anticorrupción solo judicializaron el 5.2% de las investigaciones por cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, y apenas el 0.2% de las denuncias llegaron a sentencia. Para 2026, instituciones clave como la ASF y la Fiscalía Especializada enfrentan recortes presupuestales de 4% y 3.21%, respectivamente, lo que debilita aún más su capacidad de acción.
El nuevo decreto presidencial ofrece un crédito fiscal transferible del 30% a producciones audiovisuales para reactivar la industria como motor económico, exigiendo que la mayor parte del gasto beneficie al sector local. Sin embargo, sus altos requisitos financieros amenazan con marginar al cine independiente y favorecer principalmente a las grandes plataformas extranjeras de streaming.
¿Qué pasa cuando la red que te “entretiene” se convierte en tu agresor? Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube se han convertido rápidamente en amplificadores de discursos de odio contra las mujeres.
En 2025, nuestro país destinó 881 mil millones de pesos (mdp) al sistema de salud público.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
La nueva estrategia de industrialización del país debería promover la salud pública y evitar que los costos económicos que provocan las industrias del tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alimentos ultraprocesados sigan siendo absorbidos por la población mexicana.
La lucha del Orgullo es contra la discriminación estructural, los estereotipos y los prejuicios, pues éstos continúan siendo barreras para ser, amar y vivir en libertad y dignidad.
En 2024 más de 30 organizaciones de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Monterrey, Puebla, Jalisco y la CDMX y personas con diferentes experiencias y saberes, nos propusimos fortalecer el sistema de salud público. El resultado fue el documento Visiones Colectivas para fortalecer las propuestas en salud del gobierno. Este jueves 29 de mayo presentamos las recomendaciones construidas desde estas visiones colectivas.
¿Cómo puede México convertirse en potencia científica invirtiendo tan poco en sus universidades, centros de investigación y desarrollo científico, y tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente? ¿Cómo generar innovación si los proyectos dependen de fondos mínimos y cada año enfrentan recortes?
Los discursos que apelan a la llamada “ideología de género” han logrado frenar políticas públicas inclusivas.
Millones de pacientes enfrentan a diario las consecuencias de un sistema de salud público rebasado, insuficiente en infraestructura y personal.
Es fundamental cambiar cómo entendemos el cuidado –y el trabajo– para reconocerlo como el tejido que permite la existencia.
Un día después del anuncio presidencial, se publicó el Decreto para el fortalecimiento de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
La Ley General de Transparencia de 2015 permitía conocer información relacionada con actos de corrupción, incluso antes de que llegara a manos de una persona juzgadora. Con la reciente reforma esto ya no será posible.
Tanto los potenciales desvíos de recursos públicos como las fallas de políticas públicas reflejadas en las auditorías de la ASF deberían ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades.
La búsqueda en vida sostiene la esperanza y el anhelo de que un día, por utópico que parezca, podrán ver regresar a sus seres queridos.
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2025) revela que los recursos para la atención de la violencia disminuirán 14% en relación con los aprobados en 2024.
La crisis de las personas desaparecidas se encuentra inmersa en un contexto institucional que permite e incentiva la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a derechos humanos que ha derivado en la llamada impunidad activa.
Ya que el Estado mexicano aún está lejos de poder garantizar este derecho, es necesario que desde la sociedad se sigan favoreciendo espacios de diálogo como la Red, donde juventudes indígenas y afromexicanas propongan, desde sus voces y necesidades, acciones y estrategias para favorecer políticas públicas del aborto centradas en un enfoque interseccional, con énfasis en perspectivas de juventudes, interculturales y antirracistas.
Las mujeres han salido al espacio público a integrarse a la dinámica de trabajo remunerado, pero los hombres no necesariamente se han corresponsabilizado con el trabajo del hogar y de cuidados que realizan estas mismas mujeres, y que representan el 27 % del PIB.
Para incrementar el gasto público en favor de los derechos humanos, todavía es necesario impulsar una reforma fiscal progresiva con enfoque de género.
Sin considerar los beneficios fiscales en materia de IVA, existen por lo menos 67 beneficios en la ley del ISR que podrían ser reformados para mejorar la progresividad de nuestro sistema tributario.
A través de EFIARTES y EFICINE, las empresas pueden aplicar a un crédito fiscal y pagar menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) si aportan recursos a una producción artística. Además de incrementar los recursos, vale la pena reconfigurar el diseño de estos apoyos fiscales.
Alerta de actos de corrupción, adopción de un enfoque preventivo y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar la corrupción son tres de los desafíos pendientes que el nuevo gobierno deberá atender para realmente combatir la corrupción.
Las reformas al sistema de salud dificultan conocer los recursos destinados al aborto seguro. La falta de información abarca tanto al IMSS-BIENESTAR (antes INSABI) como al Ramo 33 desde 2023. Aunque se dispone de algunos datos del Ramo 12, estos resultan insuficientes.
La discusión en la ONU para crear un sistema tributario más justo podría poner fin a los abusos fiscales de las multinacionales y a los pocos impuestos que pagan las personas multimillonarias alrededor del mundo.
