La atención a la crisis forense no está pensada como política de Estado, es decir, no hay intención ni esfuerzos por tener una rectoría política que permita darles identidad a decenas de miles de personas desaparecidas en el país.
En medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
El Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030 es ambicioso, parte de una lógica sistémica y estructural y se adhiere al marco de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para convertir los objetivos presentados en prioridades presupuestarias reales.
Con más de 120 mil personas desaparecidas y más de 79 mil cuerpos sin identificar, el gobierno federal y los gobiernos locales apenas destinaron un presupuesto marginal e inercial para buscar a las personas, identificar los cuerpos e investigar las desapariciones. Sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
La Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024 ofrece, con la claridad de sus cifras, una imagen precisa de la aportación económica del sector, el cual generó 865,682 millones de pesos en 2024 –equivalentes al 2.8 % del PIB– y empleó a 1.43 millones de personas.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN), actualmente en discusión para su posible reforma en el Poder Legislativo, sigue colocando a los pueblos originarios en un papel secundario.
Si seguimos analizando a la corrupción de manera aislada y sin visibilizar sus afectaciones, ésta seguirá generando violencias contra las mujeres. Por ello, en el marco de este 25N llamamos a las distintas instituciones anticorrupción a dialogar con grupos de mujeres y trabajar para fortalecer sus estrategias desde un enfoque de derechos humanos y de género, que permita prevenir, atender y erradicar las violencias.
La verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una gran deuda del Estado mexicano con la familia Radilla Martínez y con las miles de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los 70. La nueva Corte tiene hoy la oportunidad histórica de romper la impunidad.
¿Los escuchas? Son miles de pasos… son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia.
El desafío no es el hambre ni la pobreza en sí, son los millonarios que, con sus estilos de vida e inversiones económicas en industrias altamente contaminantes, agravan las desigualdades y la crisis ambiental, afectando a millones en el mundo.
El presupuesto en salud de 2026 no es progresivo y está muy lejos de consolidar un sistema de salud universal. Por el contrario, mantiene un modelo fragmentado, regresivo y excluyente, que amplía las brechas en el acceso a servicios de salud.
Investigaciones periodísticas de las últimas semanas revelan la corrupción silenciosa que la red de notarías facilitan en México, ante la falta de controles, normas de transparencia y rendición de cuentas que deben observar las autoridades públicas, además de los excesivos costos de sus servicios y el obstáculo que significan para los pequeños negocios. Urge reformar el sistema de notariado para avanzar hacia un mejor sistema de rendición de cuentas.
Aunque los pendientes no son menores, el próximo año contaremos con mejores impuestos saludables, que sumado a otras políticas sanitarias, pueden contribuir a evitar el colapso de nuestro sistema de salud.
Para quienes buscan a un ser querido desaparecido, particularmente quienes realizan búsqueda en muerte o forense, recuperar aunque sea sólo una parte de la corporalidad del ser amado se convierte en una premisa de vida.
Al observar los datos sobre el PPEF 2026, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública y el poco impulso presupuestario para la política pública de atención a la desaparición y la crisis forense. Esto es así porque la política pública en materia de seguridad se diseña con base en la incidencia delictiva “tradicional”, que no contempla la complejidad de fenómenos como la desaparición en México.
En los Anexos 16 sobre cambio climático y 15 sobre transición energética, el Paquete Económico 2026 destina la mayoría de estos recursos a la Defensa, Tren Maya y Pemex, y reduce lo destinado a los programas que convertirían a México de un rezagado a un líder climático.
A pesar de los avances normativos que representa la reforma, persiste una significativa brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y su efectiva implementación.
Para 2026, cultura recibirá el presupuesto más bajo desde el 2013, del cual el 97.61 % será gasto corriente –dirigido a cubrir la operación cotidiana y el funcionamiento de las instituciones públicas– y apenas el 2.38 % se reservará para inversión física, es decir, casi nada se destinará a infraestructura, mantenimiento, equipamiento o proyectos de largo plazo.
En un país donde las desigualdades y abusos persisten, restringir el acceso al amparo sería un retroceso en el derecho de acceso a la justicia.
Garantizar el derecho al aborto requiere despenalización, pero también políticas públicas que aseguren acceso gratuito, seguro, sin estigmas y con respeto a las decisiones de las mujeres, así como de una asignación presupuestaria suficiente y progresiva que permita su implementación.
Sin mayores recursos para las instituciones anticorrupción, controles y resultados reales de estas instituciones será muy difícil detectar, investigar y sancionar las redes de corrupción en nuestro país.
Durante un año la presidenta ha pedido a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa un voto de confianza para llegar a la verdad mediante un camino que desvía la atención sobre la responsabilidad del Ejército; sin embargo, la escasez de resultados no respalda una petición de tal magnitud.
Ahora se pone al centro la importancia de los cuidados y se visibilizan como ese tejido que sostiene nuestras sociedades, nuestra economía y nuestras vidas.
El juez o jueza que conozca de un asunto cuya materia es la protección del medio ambiente, deberá saber que su ejercicio interpretativo tendrá que ir más allá de lo evidente y lo inmediato. Su deliberación hablará por las generaciones que aún no nacen, por la mística de los pueblos despojados, y por los ríos y los bosques que no tienen voz en los juzgados.
Las desapariciones forzadas representan un problema político interminable que se traduce en un drama social que lacera a miles de familias.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
La elección de un ministro indígena como presidente de la SCJN marca un hito en la representación, pero no es suficiente. Es indispensable corregir todas las estructuras, lenguajes, procedimientos y valores ajenos a las comunidades indígenas que les excluyen sistemáticamente o subordinan sus formas propias de resolver conflictos, impartir justicia o vivir el derecho.
Estos datos dan cuenta de que el derecho a la salud sexual y reproductiva no está plenamente garantizado en México, poniendo en riesgo la calidad de vida y ejercicio efectivo de derecho a una sexualidad satisfactoria, saludable y libre de violencia.
Teresa Reyes Sahagún, tercera persona que ha ocupado la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas en su breve historia, dejará una comisión debilitada y a la deriva, sin una visión del rumbo que quiere tomar el Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, y un día después del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La Silla Vacía no es un memorial creado desde una visión estatal para mostrar cómo ya no vivimos en tiempos de nuestros adversarios políticos. Es un espacio vivo donde podemos conocer a las personas protagonistas de las luchas frente a la injusticia.
Si bien las políticas y presupuestos actuales parecen encaminarse en la dirección correcta, por una parte, deben focalizarse mejor hacia los pueblos y las comunidades e incrementar su asignación directa.
A los Tribunales de Transparencia les falta transparencia y claridad en el proceso de instalación y funcionamiento. Si no se reactivan de manera efectiva, clara y sencilla, las y los ciudadanos nos quedaríamos indefensos para inconformarnos de las resoluciones que emita Transparencia para el Pueblo u otras entidades del gobierno.
Asegurar el derecho al cuidado implica proteger tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan, y entender que las inversiones en este sector generan beneficios acumulativos.
En el recién presentado Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX, preocupa que una parte de la recuperación de la soberanía energética se basa en el fracking, tecnología altamente contaminante, pues nada garantiza que en el proceso se elimine el uso de agua dulce.
La salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) genera reacciones ambiguas.
Para que el Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo no se quede como una oportunidad perdida plasmada en un listado de buenos deseos, se requiere voluntad política y una apuesta reforzada por el multilateralismo por parte de los Estados.
Será fundamental que la nueva Comisión Antimonopolio se coordine con otras entidades encargadas del combate a la corrupción, a fin de potenciar sus resultados y, superar los niveles de efectividad previamente logrados por la Cofece.
A 50 años de ocurridos los vuelos de la muerte, práctica de terror realizada por el propio Estado a través de miembros del Ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad pública, aún siguen vivas esposas, madres, hijas e hijos que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y quienes aún claman verdad y justicia.
El derecho ambiental internacional aún no termina de consolidarse. Mientras unas regiones del mundo experimentan récords de altas temperaturas y sequías que destruyen cosechas completas, en otros lugares, las fuertes y torrenciales lluvias arrasan con poblaciones enteras, destruyendo hogares. Estos cambios ecosistémicos modifican la vida por completo y de manera irreversible.
El próximo lunes 21 de julio el IMSS ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, como reparación por su muerte y la de su bebé durante el parto hace 10 años. Pero esta disculpa debe llevar consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Porque cada peso que el Estado decide no cobrar por la exención del IVA a la vivienda es un peso que no llega para garantizar la vivienda digna.
Los tribunales en México no solo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad.
Que la apuesta principal de este Gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas sea un esquema de cruce masivo de datos, manda un mensaje desalentador para las víctimas. Implícitamente pareciera un intento por negar la realidad criminal que rodea al fenómeno, con las distintas formas de complicidad desde el Gobierno, y con ello, una renuncia a la verdad y la justicia.
En México el riesgo de sufrir tortura es alto, sobre todo si la persona es detenida por cuerpos policiacos, de acuerdo con el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura.
El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia.
Entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos que no ha funcionado y a provocado desabasto, a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la UNOPS, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar y, ahora, Birmex.
Legitimar la pérdida de los padres buscadores y reconocer su lucha, es un acto mínimo de justicia social.
Promover la inserción laboral femenina en ausencia de un sistema que redistribuya y reduzca sus cargas de cuidado es condenarlas a una doble jornada invisible y continuar limitando su autonomía. Del mismo modo, si no se crean empleos en sectores intensivos en cuidado —como salud, educación, alimentación— no se avanza en la remuneración y reconocimiento de estos trabajos fundamentales.
Hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México.
