Salud materna, deuda histórica en México
7 agosto, 2026
Por cada 100 mil nacimientos estimados 25.3 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con la maternidad.
Por cada 100 mil nacimientos estimados 25.3 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con la maternidad.
En loa talleres comunitarios, a través de juegos, historias y actividades creativas, niñas y niños comparten sus propias experiencias. Sus voces revelan otra dimensión de la problemática, una que con frecuencia queda fuera de la discusión pública.
La Comisión descalifica líneas de investigación y hallazgos que se construyeron con rigor técnico, cooperación internacional y evidencia documental, lo cual llevó a que sean estas líneas las que cuenten con mayor confianza por parte de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
Las comunidades han exigido a sus alcaldes y cabildos locales abstenerse de sellar, firmar o validar cualquier permiso que facilite el uso de explosivos o insumos para Pemex, cerrando el paso legal a la industria desde la base comunitaria.
Es importante que México avance en una política integral que las reconozca y que existan canales seguros de denuncia que resguarden el anonimato y la confidencialidad, además de que se proporcionen medidas de protección frente a represalias.
“¿Qué le pides a Dios cuando oras por mí, mamá?”. Me lo pregunté hace unos días, cuando descubrí la medalla de San Benito que dejó
Hablar de un México sin tortura exige, mucho más que una campaña: requiere transformar la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara esta grave violación a los derechos humanos.
Esta consulta es una invitación urgente y colectiva a hacer del reconocimiento una realidad viva, construida desde la palabra de los pueblos.
Las protestas sociales son una de las formas que adquieren las injusticias, son demandas que se formulan en exigencias concretas.
Los fideicomisos del Mundial permiten que actores privados tomen decisiones sobre recursos públicos sin claridad sobre quiénes participan, cómo se invierte el dinero y qué proyectos se financian.
A pesar de su relevancia, el patrimonio cultural no tiene un lugar claro en las herramientas con las que el país mide su economía.
Sin una planificación estructurada, la transición energética puede volverse desordenada, generar incertidumbre económica y retrasar las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática.
Aún con la existencia del Anexo 13 como herramienta de transparencia presupuestaria, hoy en día, no es posible conocer la totalidad de los recursos que las distintas instituciones de salud pública federales están asignando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres.
La Ciudad de México es la primera entidad en la que se ha impulsado un Sistema de Cuidados; será necesario ir revisándolo, adecuándolo y evaluándolo de tal manera que retome las necesidades de las mujeres y sirva como referente para las demás entidades.
El debate sobre el fracking no debería reducirse a si México necesita más gas, sino a si existen condiciones institucionales reales para prevenir daños ambientales.
La política fiscal no es un asunto técnico aislado, sino que se traduce en quién tiene garantizada una pensión, qué comunidades quedan protegidas frente a la crisis climática y qué vidas se consideran prioritarias cuando se decide el destino del dinero público.
Construir alianzas reales supone escuchar, ceder espacios, redistribuir recursos y reconocer privilegios. Significa también abandonar la lógica de competencia entre causas.
Una verdadera política intercultural no busca que las mujeres indígenas abandonen sus raíces para acceder a modelos de desarrollo que les son ajenos, sino que puedan vivir con dignidad fortaleciendo su lengua, su cultura y sus formas propias de organización.
La CIDH reconoce que la situación actual en México debe caracterizarse como una crisis de derechos humanos donde las desapariciones son generalizadas.
Miles de madres en México viven el 10 de mayo desde la ausencia de sus hijas e hijos desaparecidos, encarcelados injustamente o víctimas de violencia e impunidad. Ante la falta de respuestas del Estado, muchas se han convertido en activistas y defensoras de derechos humanos, encabezando búsquedas, investigaciones y exigencias de justicia.
La democracia mexicana se sostiene en un pilar fundamental: el Poder Ejecutivo y Legislativo son elegidos por la ciudadanía, cada tres o seis años, para
Las niñas, niños y adolescentes jornaleros en México enfrentan condiciones de pobreza, migración y precariedad que vulneran derechos fundamentales como educación, salud, descanso y protección. Muchas infancias asumen responsabilidades adultas desde edades tempranas, abandonan la escuela o participan en labores agrícolas mientras sus familias migran entre estados en busca de trabajo. Aunque la legislación mexicana reconoce plenamente sus derechos, persisten rezagos estructurales y falta de infraestructura en comunidades rurales y zonas agrícolas.
Para el Gobierno mexicano lo congruente con una visión humanista sería apostar por el fortalecimiento y la legitimidad del multilateralismo.
La transición energética en México requiere abandonar el fracking y los combustibles fósiles ante la crisis climática, y fortalecer mecanismos como el FOTEASE. Sin embargo, persisten fallas en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que limitan evaluar su impacto y garantizar que los recursos públicos realmente impulsen una transición energética justa.
El uso de fracking en México no garantizará la soberanía energética y no nos conducirá a una transición energética justa.
El arbitraje internacional de inversiones (ISDS) incluido en acuerdos como el T-MEC representa un riesgo para la transición energética en México, ya que permite a empresas demandar al Estado por cambios regulatorios que protejan el medio ambiente o los derechos humanos. Estas cláusulas pueden generar indemnizaciones millonarias y desalentar políticas públicas climáticas, perpetuando la dependencia de combustibles fósiles. El debate central es cómo equilibrar inversión extranjera con justicia climática y soberanía regulatoria.
La restitución de recursos públicos desviados no sólo contribuye a resarcir afectaciones económicas y sociales, también permite financiar acciones de compensación.
A nivel federal, los primeros cimientos del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados se construyeron en 2025 y se materializaron a partir de 2026.
La omisión legislativa incide de manera directa en la garantía efectiva de derechos sustantivos.
La discusión global sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ya avanzó a una nueva etapa. Tras la COP30, más de 30 países, entre ellos México, respaldaron una hoja de ruta para una transición energética justa, ordenada y equitativa, en un contexto marcado por crisis climática, derrames de petróleo, riesgos geopolíticos y la urgencia de construir un futuro más allá del modelo fósil.
En Ayotzinapa, entregar los archivos militares es, en definitiva, una condición ineludible para que México avance de la opacidad a la verdad.
Alberto fue víctima de desaparición forzada el día 7 de marzo de 2013 en Iguala, Guerrero, a la edad de 29 años. Desapareció junto con su compañero, Alexander Juárez Arciniega, mientras salía a ejercer su oficio como técnico de refrigeración.
Los últimos días en México han estado atravesados por una noticia nacional relevante: la captura y muerte de el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva
El huachicol fiscal nos muestra que la corrupción se manifiesta en diversos esquemas, no sólo a través de desvío de recursos.
En vísperas del ambiente festivo que desata la pasión por el fútbol, es necesario ir poniendo el foco de atención en algunas aristas en torno a tal evento, donde estarán en juego y en tensión varios elementos entre la agenda político-económica y la agenda de las víctimas.
En un contexto en el que la ASF sufre señalamientos por su falta de credibilidad, destaca que el ente fiscalizador únicamente ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas, de un total de 367 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en casi 10 años, lo que evidencia los limitados resultados en materia de sanción efectiva.
El 30 aniversario de los Acuerdos de San Andrés nos obliga a mirar los vínculos entre derechos indígenas, soberanía ambiental y extractivismo con ojo crítico.
La impunidad, se mantiene como el hilo conductor, igual que los obstáculos que se presentan para la pronta y efectiva investigación de actos de tortura.
La reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum debe integrar una propuesta alternativa basada en la comunalidad, la autonomía y el reconocimiento del sujeto colectivo indígena. La verdadera representación política no se alcanza mediante la simple inclusión en las estructuras del Estado, sino a través del respeto y fortalecimiento de las formas propias de organización y gobierno de los pueblos indígenas.
La Cámara de Diputados comenzará un proceso de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. El diagnóstico es que dicho Sistema no ha logrado prevenir la corrupción.
Cuando una persona es vista por última vez bajo custodia de una autoridad en buen estado físico y emocional, y posteriormente presenta afectaciones, corresponde a la autoridad dar un explicación plausible y sustentada de lo ocurrido.
Según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud, en 2025, se registraron 470 defunciones.
Para garantizar que cada peso invertido por el Estado mexicano esté cumpliendo los objetivos del Plan México, es indispensable que se transparente la información sobre quiénes se han beneficiado de los estímulos fiscales y las labores del Comité de Evaluación.
Hay quienes afirman que el éxito del Plan México dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para generar confianza para la inversión privada.
Frente al contexto que hoy vive la región, México debe seguir apostando por controles democráticos fortalecidos y poderes públicos transparentes y con rendición de cuentas, de la mano de la ciudadanía.
La atención a la crisis forense no está pensada como política de Estado, es decir, no hay intención ni esfuerzos por tener una rectoría política que permita darles identidad a decenas de miles de personas desaparecidas en el país.
En medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
El Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030 es ambicioso, parte de una lógica sistémica y estructural y se adhiere al marco de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para convertir los objetivos presentados en prioridades presupuestarias reales.
Con más de 120 mil personas desaparecidas y más de 79 mil cuerpos sin identificar, el gobierno federal y los gobiernos locales apenas destinaron un presupuesto marginal e inercial para buscar a las personas, identificar los cuerpos e investigar las desapariciones. Sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
