Para que el Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo no se quede como una oportunidad perdida plasmada en un listado de buenos deseos, se requiere voluntad política y una apuesta reforzada por el multilateralismo por parte de los Estados.
Será fundamental que la nueva Comisión Antimonopolio se coordine con otras entidades encargadas del combate a la corrupción, a fin de potenciar sus resultados y, superar los niveles de efectividad previamente logrados por la Cofece.
A 50 años de ocurridos los vuelos de la muerte, práctica de terror realizada por el propio Estado a través de miembros del Ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad pública, aún siguen vivas esposas, madres, hijas e hijos que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y quienes aún claman verdad y justicia.
El derecho ambiental internacional aún no termina de consolidarse. Mientras unas regiones del mundo experimentan récords de altas temperaturas y sequías que destruyen cosechas completas, en otros lugares, las fuertes y torrenciales lluvias arrasan con poblaciones enteras, destruyendo hogares. Estos cambios ecosistémicos modifican la vida por completo y de manera irreversible.
El próximo lunes 21 de julio el IMSS ofrecerá una disculpa pública a la familia de Marisol Martiriz Guzmán, como reparación por su muerte y la de su bebé durante el parto hace 10 años. Pero esta disculpa debe llevar consigo el compromiso inequívoco del Estado Mexicano de implementar a cabalidad todas las medidas de no repetición. El IMSS e IMSS BIENESTAR deberán redoblar esfuerzos y garantizar la transformación de sus hospitales, y con ello evitar más muertes maternas.
Porque cada peso que el Estado decide no cobrar por la exención del IVA a la vivienda es un peso que no llega para garantizar la vivienda digna.
Los tribunales en México no solo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad.
Que la apuesta principal de este Gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas sea un esquema de cruce masivo de datos, manda un mensaje desalentador para las víctimas. Implícitamente pareciera un intento por negar la realidad criminal que rodea al fenómeno, con las distintas formas de complicidad desde el Gobierno, y con ello, una renuncia a la verdad y la justicia.
En México el riesgo de sufrir tortura es alto, sobre todo si la persona es detenida por cuerpos policiacos, de acuerdo con el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura.
El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia.
Entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos que no ha funcionado y a provocado desabasto, a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la UNOPS, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar y, ahora, Birmex.
Legitimar la pérdida de los padres buscadores y reconocer su lucha, es un acto mínimo de justicia social.
Promover la inserción laboral femenina en ausencia de un sistema que redistribuya y reduzca sus cargas de cuidado es condenarlas a una doble jornada invisible y continuar limitando su autonomía. Del mismo modo, si no se crean empleos en sectores intensivos en cuidado —como salud, educación, alimentación— no se avanza en la remuneración y reconocimiento de estos trabajos fundamentales.
Hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México.
La actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es un buen avance del compromiso de México ante la crisis climática, pero persisten preocupaciones sobre la coherencia entre las políticas anunciadas y las acciones concretas.
La reforma judicial deja sin resolver los problemas de fondo y el balance de estas elecciones no es positivo.
Los gobiernos estatales deberían coordinar la asignación de recursos para búsqueda e investigación, pero esto no ocurre eficazmente.
De la lista de 64 aspirantes a ministras y ministros de la Suprema Corte llama la atención los datos que ponen en tela de juicio la independencia de muchas de estas candidaturas por su cercanía con gobiernos, partidos políticos, iniciativa privada, el Ejército o que tienen escándalos que ponen en entredicho su integridad pública.
Ignorar a los pueblos indígenas para despojarlos de su agua es una estrategia sistemática de exclusión y vulneración de derechos que se traduce en una forma de violencia estructural e implica la negación de su existencia como sujetos colectivos con derechos.
Otro 10 de mayo donde una diversidad de madres buscadoras saldrá a las calles a demandar la presencia de sus seres queridos desaparecidos: hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres. La movilización da cuenta de una colectividad viva que resiste pese al paso del tiempo y la continuidad de los daños. Pero no llegan todas.
Nuestras economías deberían comenzar a adaptarse a modelos productivos que tomen en cuenta el futuro de nuestro planeta.
Los controles, mecanismos de seguimiento y la amplia transparencia en las compras públicas son esenciales para evitar que se abuse de figuras ventajosas para ciertas entidades proveedoras, se contraten a empresas que realmente no cuentan con la capacidad técnica ni financiera o se acuerde con proveedores que han sido sancionados o de reciente creación.
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.
Los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
La respuesta no es sencilla, pues primero hay que saber si se pretende encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, o se quiere prevenir que más desapariciones ocurran.
Uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas.
Cuando el 13 de enero de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer borrador del Plan México, las industrias creativas y culturales brillaron por su ausencia. El Plan México promete reducir la pobreza y la desigualdad, pero no reconoce que cuando una Natalia Lafourcade canta, una Fernanda Melchor escribe o un Guillermo del Toro filma, no solo exportan entretenimiento, también proyectan la imagen de un país al mundo, especialmente cuando reciben los premios internacionales.
El Plan México debe renovar los ordenamientos legales e instituciones del derecho ambiental y sanitario, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a definir sus planes de desarrollo y para evitar la impunidad con que operan empresas que han causado desastres ambientales.
Aunque las desapariciones se atribuyen principalmente al crimen organizado, el Estado mexicano no está exento de responsabilidad.
La idea hegemónica de “desarrollo” se ha vuelto incompatible con la vida y la sostenibilidad de ésta en el planeta, pero también una amenaza directa a la integridad y la vida para aquellas y aquellos que se atreven a defenderlas.
Aún persisten enormes obstáculos y barreras para que las mujeres en nuestras diversidades accedamos a altas responsabilidades públicas.
Sociedad civil, organizaciones feministas y ciudadanía en general debemos coorganizarnos para que la agenda de la sociedad del cuidado y la igualdad de género se mantenga como una prioridad durante los seis años de gobierno de Sheinbaum.
Es importante que el IMSS-Bienestar mejore sus procesos de planeación de infraestructura y la ejecución y control de los proyectos, de manera que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma.
En el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales se pierdan funciones clave que tenía el INAI, como la posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada.
En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
Resulta indispensable que la titular del Ejecutivo y el Congreso retomen estos compromisos para que el Plan México no se convierta en un instrumento para imponer megaproyectos extractivos sin límite alguno en los territorios indígenas.
La SCJN conocerá nuevamente el caso de Rosendo Radilla, 14 años después de resolver que la sentencia de la CoIDH sobre la responsabilidad del Estado Mexicano por su desaparición forzada es de cumplimiento obligatorio. En estos años, las respectivas autoridades se han negado a enjuiciar al Ejército como responsable.
Los usos y costumbres en la política confirman la tradición de ver a lo público como propiedad de unas cuantas personas que ha permitido repartirse los cargos a diestra y siniestra.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto.
La promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
Lamentablemente, en México, las políticas anticorrupción han sido poco efectivas y no han incorporado una perspectiva de género y de derechos humanos.
Una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente.
A mediados de 2017 y después de arduos trabajos en conjunto con la sociedad civil y organismos internacionales, fue aprobada la Ley General en Materia de Tortura.
Los pueblos originarios podrán ejercer de manera más libre y autónoma de los recursos destinados para ellos en el Anexo 10 y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, como primeros pasos tras su reconocimiento como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
México debe asumir un liderazgo firme y proactivo y los foros internacionales de este año serán los espacios ideales para que nuestro gobierno se posicione decididamente a favor de la justicia fiscal.
A punto de concluir el primer periodo de sesiones de la LXVI legislatura, el Congreso no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la CNDH.
Para quien tiene un ser querido desaparecido, buscar no es sólo un verbo, es una práctica cotidiana de alto riesgo en un México donde la mayor parte del territorio nacional está controlado por grupos criminales.
Con el INAI también se eliminaron los esfuerzos construidos por más de 20 años por la ciudadanía que puso a México como un referente en materia de transparencia. Por ello, lo que sigue es mantener y rescatar algunas de las herramientas que quedan, como la Plataforma Nacional de Transparencia.
