Cinco consideraciones para construir la justicia climática desde los territorios
29 abril, 2025
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.
Los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
La respuesta no es sencilla, pues primero hay que saber si se pretende encontrar a todas las personas, dar identidad y devolver a casa a los cuerpos sin nombre que son buscados por alguien, o se quiere prevenir que más desapariciones ocurran.
Uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas.
Cuando el 13 de enero de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer borrador del Plan México, las industrias creativas y culturales brillaron por su ausencia. El Plan México promete reducir la pobreza y la desigualdad, pero no reconoce que cuando una Natalia Lafourcade canta, una Fernanda Melchor escribe o un Guillermo del Toro filma, no solo exportan entretenimiento, también proyectan la imagen de un país al mundo, especialmente cuando reciben los premios internacionales.
El Plan México debe renovar los ordenamientos legales e instituciones del derecho ambiental y sanitario, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a definir sus planes de desarrollo y para evitar la impunidad con que operan empresas que han causado desastres ambientales.
Aunque las desapariciones se atribuyen principalmente al crimen organizado, el Estado mexicano no está exento de responsabilidad.
La idea hegemónica de “desarrollo” se ha vuelto incompatible con la vida y la sostenibilidad de ésta en el planeta, pero también una amenaza directa a la integridad y la vida para aquellas y aquellos que se atreven a defenderlas.
Aún persisten enormes obstáculos y barreras para que las mujeres en nuestras diversidades accedamos a altas responsabilidades públicas.
Sociedad civil, organizaciones feministas y ciudadanía en general debemos coorganizarnos para que la agenda de la sociedad del cuidado y la igualdad de género se mantenga como una prioridad durante los seis años de gobierno de Sheinbaum.
Es importante que el IMSS-Bienestar mejore sus procesos de planeación de infraestructura y la ejecución y control de los proyectos, de manera que los recursos públicos se utilicen de la mejor forma.
En el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales se pierdan funciones clave que tenía el INAI, como la posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada.
En la búsqueda de incentivar la inversión a través de estímulos fiscales, el gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
Resulta indispensable que la titular del Ejecutivo y el Congreso retomen estos compromisos para que el Plan México no se convierta en un instrumento para imponer megaproyectos extractivos sin límite alguno en los territorios indígenas.
La SCJN conocerá nuevamente el caso de Rosendo Radilla, 14 años después de resolver que la sentencia de la CoIDH sobre la responsabilidad del Estado Mexicano por su desaparición forzada es de cumplimiento obligatorio. En estos años, las respectivas autoridades se han negado a enjuiciar al Ejército como responsable.
Los usos y costumbres en la política confirman la tradición de ver a lo público como propiedad de unas cuantas personas que ha permitido repartirse los cargos a diestra y siniestra.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto.
La promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
Lamentablemente, en México, las políticas anticorrupción han sido poco efectivas y no han incorporado una perspectiva de género y de derechos humanos.
Una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente.
A mediados de 2017 y después de arduos trabajos en conjunto con la sociedad civil y organismos internacionales, fue aprobada la Ley General en Materia de Tortura.
Los pueblos originarios podrán ejercer de manera más libre y autónoma de los recursos destinados para ellos en el Anexo 10 y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, como primeros pasos tras su reconocimiento como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
México debe asumir un liderazgo firme y proactivo y los foros internacionales de este año serán los espacios ideales para que nuestro gobierno se posicione decididamente a favor de la justicia fiscal.
A punto de concluir el primer periodo de sesiones de la LXVI legislatura, el Congreso no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la CNDH.
Para quien tiene un ser querido desaparecido, buscar no es sólo un verbo, es una práctica cotidiana de alto riesgo en un México donde la mayor parte del territorio nacional está controlado por grupos criminales.
Con el INAI también se eliminaron los esfuerzos construidos por más de 20 años por la ciudadanía que puso a México como un referente en materia de transparencia. Por ello, lo que sigue es mantener y rescatar algunas de las herramientas que quedan, como la Plataforma Nacional de Transparencia.
La desaparición del INAI no se reduce a la mera eliminación de burocracias y costos, sino que implica la pérdida del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Los países en desarrollo y quienes sufren mucho más los impactos del cambio climático adquirirán deudas con aquellos que son responsables de la crisis climática por la que atravesamos. La financiación climática por medio de préstamos resulta en una forma injusta de obtener recursos.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
El número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La exigencia por el reconocimiento de “sujeto de derecho público” no es algo novedoso que surgiera al calor de la actual reforma, sino que es producto de demandas históricas que se remontan al levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, cuyas exigencias cristalizaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados dos años después entre el EZLN y el Estado mexicano.
El 79 % de las agresiones y acosos que viven las mujeres ocurren en las instalaciones del trabajo y los principales agresores de las víctimas han sido sus compañeros de trabajo, seguido de sus jefes, de acuerdo con el INEGI.
Quienes decidirán las listas que irán a votación serán estos Comités de Evaluación, con el visto bueno de cada uno de los poderes del Estado.
La ley reglamentaria de la reforma en materia de pueblos indígenas debe partir de una consulta a estos pueblos organizada por el Poder Legislativo, que garantice su derecho a la participación en las decisiones que les afecten.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han iniciado este sexenio con la sensación de que, para la presidenta, el problema de las desapariciones no existe.
Más allá de la independencia judicial y los contrapesos democráticos, quienes más van a sufrir las consecuencias de la disputa política por la reforma judicial son las víctimas de siempre.
Es importante que el Senado haga una revisión de los planes de trabajo que cada aspirante entregó para registrarse en este proceso.
Airbnb ha sido identificado como uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios de la vivienda. A diferencia de otros negocios, esta empresa digital continúa operando bajo una ventaja injusta: sus ganancias no pagan ni un peso de impuestos en México, a pesar de ser una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda y de hacerse rica gracias a sus clientes en nuestro país.
Tras asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum retomó en su discurso los “100 pasos para la transformación”, pero su discurso adoleció de dos grandes omisiones: el fracking y la minería a cielo abierto.
La crisis de derechos humanos en el país no se va a revertir sin personas que hagan que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. A pesar del desdibujamiento que ha sufrido la CNDH, es esencial recuperarla como uno de los pocos mecanismos de protección que quedan.
En la práctica se ha observado que, si no se atienden las causas y se observa a la corrupción en su carácter sistémico y estructural, estos problemas prevalecerán.
La administración de López Obrador concluye con un colectivo de padres y madres de Ayotzinapa decepcionados y más deteriorados física y emocionalmente. Y si bien la futura presidenta ha sido receptiva al diálogo, no existe una perspectiva concreta de futuro. La pregunta que queda en el aire es si ella será capaz de romper las resistencias e impunidad del poder militar.
El objetivo de la COP16 es ver los compromisos del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal 2022 aterrizados en planes viables; las decisiones que se tomen en la COP16 darán forma al futuro de nuestro planeta.
Es fundamental que, para reducir la brecha salarial, el Estado invierta en servicios de cuidado y protección social accesibles y de calidad, como guarderías, centros de atención para personas mayores y servicios de salud.
La ONU aprobó un primer documento para guiar las futuras negociaciones sobre el pago de impuestos de empresas que realizan actividades en diferentes países, aunque no necesariamente tengan oficinas, sucursales o fábricas instaladas en dichos territorios, como Facebook.
Tras una larga lucha de pueblos, comunidades y organizaciones para que esta iniciativa vea la luz, finalmente la próxima semana se dará un paso trascendental en el Congreso para trastocar las condiciones de violencia, desigualdad y racismo institucional en las que viven nuestros pueblos originarios.
Lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con el INAI.
