La democracia mexicana se sostiene en un pilar fundamental: el Poder Ejecutivo y Legislativo son elegidos por la ciudadanía, cada tres o seis años, para
Las niñas, niños y adolescentes jornaleros en México enfrentan condiciones de pobreza, migración y precariedad que vulneran derechos fundamentales como educación, salud, descanso y protección. Muchas infancias asumen responsabilidades adultas desde edades tempranas, abandonan la escuela o participan en labores agrícolas mientras sus familias migran entre estados en busca de trabajo. Aunque la legislación mexicana reconoce plenamente sus derechos, persisten rezagos estructurales y falta de infraestructura en comunidades rurales y zonas agrícolas.
Las autoridades deben salir de sus escritorios y voltear a ver y escuchar a las mujeres jornaleras y su cruda realidad.
El uso de fracking en México no garantizará la soberanía energética y no nos conducirá a una transición energética justa.
El arbitraje internacional de inversiones (ISDS) incluido en acuerdos como el T-MEC representa un riesgo para la transición energética en México, ya que permite a empresas demandar al Estado por cambios regulatorios que protejan el medio ambiente o los derechos humanos. Estas cláusulas pueden generar indemnizaciones millonarias y desalentar políticas públicas climáticas, perpetuando la dependencia de combustibles fósiles. El debate central es cómo equilibrar inversión extranjera con justicia climática y soberanía regulatoria.
La omisión legislativa incide de manera directa en la garantía efectiva de derechos sustantivos.
La discusión global sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ya avanzó a una nueva etapa. Tras la COP30, más de 30 países, entre ellos México, respaldaron una hoja de ruta para una transición energética justa, ordenada y equitativa, en un contexto marcado por crisis climática, derrames de petróleo, riesgos geopolíticos y la urgencia de construir un futuro más allá del modelo fósil.
El 30 aniversario de los Acuerdos de San Andrés nos obliga a mirar los vínculos entre derechos indígenas, soberanía ambiental y extractivismo con ojo crítico.
La reforma electoral que propone la presidenta Sheinbaum debe integrar una propuesta alternativa basada en la comunalidad, la autonomía y el reconocimiento del sujeto colectivo indígena. La verdadera representación política no se alcanza mediante la simple inclusión en las estructuras del Estado, sino a través del respeto y fortalecimiento de las formas propias de organización y gobierno de los pueblos indígenas.
Hay quienes afirman que el éxito del Plan México dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para generar confianza para la inversión privada.
En medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN), actualmente en discusión para su posible reforma en el Poder Legislativo, sigue colocando a los pueblos originarios en un papel secundario.
¿Los escuchas? Son miles de pasos… son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia.
El desafío no es el hambre ni la pobreza en sí, son los millonarios que, con sus estilos de vida e inversiones económicas en industrias altamente contaminantes, agravan las desigualdades y la crisis ambiental, afectando a millones en el mundo.
En los Anexos 16 sobre cambio climático y 15 sobre transición energética, el Paquete Económico 2026 destina la mayoría de estos recursos a la Defensa, Tren Maya y Pemex, y reduce lo destinado a los programas que convertirían a México de un rezagado a un líder climático.
A pesar de los avances normativos que representa la reforma, persiste una significativa brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y su efectiva implementación.
El juez o jueza que conozca de un asunto cuya materia es la protección del medio ambiente, deberá saber que su ejercicio interpretativo tendrá que ir más allá de lo evidente y lo inmediato. Su deliberación hablará por las generaciones que aún no nacen, por la mística de los pueblos despojados, y por los ríos y los bosques que no tienen voz en los juzgados.
Cuando se observa con lupa el Paquete Económico 2026 se puede ver que, aunque la dirección es correcta, nos falta mucho para llegar a los mínimos recomendables para que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad que aseguren sus derechos humanos y su acceso a la justicia.
Porque el lenguaje no solo nombra el mundo y quienes lo habitan, sino que también lo transforma, en Fundar elegimos nombrar para abrir caminos, para derribar desigualdades y sembrar realidades más justas para todas las personas, donde el “todos” logre desdoblarse para no ser una camisa de fuerza que legitime una sola visión del mundo.
Si bien las políticas y presupuestos actuales parecen encaminarse en la dirección correcta, por una parte, deben focalizarse mejor hacia los pueblos y las comunidades e incrementar su asignación directa.
En el recién presentado Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX, preocupa que una parte de la recuperación de la soberanía energética se basa en el fracking, tecnología altamente contaminante, pues nada garantiza que en el proceso se elimine el uso de agua dulce.
El derecho ambiental internacional aún no termina de consolidarse. Mientras unas regiones del mundo experimentan récords de altas temperaturas y sequías que destruyen cosechas completas, en otros lugares, las fuertes y torrenciales lluvias arrasan con poblaciones enteras, destruyendo hogares. Estos cambios ecosistémicos modifican la vida por completo y de manera irreversible.
Los tribunales en México no solo son espacios legales, sino también escenarios de producción de desigualdad racial y erradicar el racismo judicial implica mirar la estructura entera que ha permitido perpetuar esta desigualdad.
El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia.
La actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es un buen avance del compromiso de México ante la crisis climática, pero persisten preocupaciones sobre la coherencia entre las políticas anunciadas y las acciones concretas.
Ignorar a los pueblos indígenas para despojarlos de su agua es una estrategia sistemática de exclusión y vulneración de derechos que se traduce en una forma de violencia estructural e implica la negación de su existencia como sujetos colectivos con derechos.
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se alinea al mandato de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para transitar hacia un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos originarios, que parta del respeto a su derecho a la libre determinación y autonomía basada en un trato justo e igualitario.
Uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
El Plan México debe renovar los ordenamientos legales e instituciones del derecho ambiental y sanitario, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a definir sus planes de desarrollo y para evitar la impunidad con que operan empresas que han causado desastres ambientales.
La idea hegemónica de “desarrollo” se ha vuelto incompatible con la vida y la sostenibilidad de ésta en el planeta, pero también una amenaza directa a la integridad y la vida para aquellas y aquellos que se atreven a defenderlas.
Resulta indispensable que la titular del Ejecutivo y el Congreso retomen estos compromisos para que el Plan México no se convierta en un instrumento para imponer megaproyectos extractivos sin límite alguno en los territorios indígenas.
Los pueblos originarios podrán ejercer de manera más libre y autónoma de los recursos destinados para ellos en el Anexo 10 y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, como primeros pasos tras su reconocimiento como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Los países en desarrollo y quienes sufren mucho más los impactos del cambio climático adquirirán deudas con aquellos que son responsables de la crisis climática por la que atravesamos. La financiación climática por medio de préstamos resulta en una forma injusta de obtener recursos.
A pesar del énfasis que ha hecho la presidenta en fortalecer la seguridad, así como asegurar desde su campaña que México sería potencia en la educación, la cultura y la ciencia, los números cuentan otra historia.
De ahora en adelante, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, deberemos participar desde la observación, el monitoreo, los análisis críticos y la exigencia de justicia social a la luz de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La exigencia por el reconocimiento de “sujeto de derecho público” no es algo novedoso que surgiera al calor de la actual reforma, sino que es producto de demandas históricas que se remontan al levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, cuyas exigencias cristalizaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados dos años después entre el EZLN y el Estado mexicano.
La ley reglamentaria de la reforma en materia de pueblos indígenas debe partir de una consulta a estos pueblos organizada por el Poder Legislativo, que garantice su derecho a la participación en las decisiones que les afecten.
Tras asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum retomó en su discurso los “100 pasos para la transformación”, pero su discurso adoleció de dos grandes omisiones: el fracking y la minería a cielo abierto.
El objetivo de la COP16 es ver los compromisos del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal 2022 aterrizados en planes viables; las decisiones que se tomen en la COP16 darán forma al futuro de nuestro planeta.
Tras una larga lucha de pueblos, comunidades y organizaciones para que esta iniciativa vea la luz, finalmente la próxima semana se dará un paso trascendental en el Congreso para trastocar las condiciones de violencia, desigualdad y racismo institucional en las que viven nuestros pueblos originarios.
La Alianza de pueblos originarios exige al nuevo Congreso que concrete la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, como lo prometió la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.
No es posible eludir, que este nuevo frente que amenaza nuevamente a las personas Ixtacamaxtitlán, es la consecuencia de haber pasado por alto los derechos humanos y el medio ambiente durante más de tres décadas.
Plantear un nuevo modelo energético en armonía con la naturaleza es probablemente el planteamiento más revolucionario que podamos hacer en estos tiempos para cuidar la vida, la democracia y la paz.
Con la llegada del gobierno de López Obrador en 2018 se vislumbró un cambio de este modelo por la dura crítica que a lo largo de su trayectoria dirigió en contra de las políticas de las pasadas administraciones.
Los estragos del cambio climático, las violencias hacia las mujeres, y las amenazas, atropellos y despojo que sufren los pueblos indígenas son problemas mayúsculos que con voluntad política puede atender la virtual presidenta y su administración.
Las mujeres de las regiones rurales han sido históricamente defensoras del territorio, ya sea desde la actividad agropecuaria o la forestal.
La profunda desigualdad y pobreza en la que viven quienes trabajan en el campo, evidencian las profundas desigualdades en este sector, y aún más para las mujeres jornaleras.
El contexto es un llamado a las personas tomadoras de decisión que, aunque llevamos mucho retraso, aún estamos a tiempo de actuar en materia de mitigación, adaptación y justicia climática.
