Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras
Las autoridades deben salir de sus escritorios y voltear a ver y escuchar a las mujeres jornaleras y su cruda realidad.
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Las autoridades deben salir de sus escritorios y voltear a ver y escuchar a las mujeres jornaleras y su cruda realidad.
El uso de fracking en México no garantizará la soberanía energética y no nos conducirá a una transición energética justa.
La restitución de recursos públicos desviados no sólo contribuye a resarcir afectaciones económicas y sociales, también permite financiar acciones de compensación.
A nivel federal, los primeros cimientos del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados se construyeron en 2025 y se materializaron a partir de 2026.
La omisión legislativa incide de manera directa en la garantía efectiva de derechos sustantivos.
En Ayotzinapa, entregar los archivos militares es, en definitiva, una condición ineludible para que México avance de la opacidad a la verdad.
Los últimos días en México han estado atravesados por una noticia nacional relevante: la captura y muerte de el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva
El huachicol fiscal nos muestra que la corrupción se manifiesta en diversos esquemas, no sólo a través de desvío de recursos.
El 30 aniversario de los Acuerdos de San Andrés nos obliga a mirar los vínculos entre derechos indígenas, soberanía ambiental y extractivismo con ojo crítico.
La impunidad, se mantiene como el hilo conductor, igual que los obstáculos que se presentan para la pronta y efectiva investigación de actos de tortura.
La Cámara de Diputados comenzará un proceso de reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. El diagnóstico es que dicho Sistema no ha logrado prevenir la corrupción.
Según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muertes Maternas de la Secretaría de Salud, en 2025, se registraron 470 defunciones.
Hay quienes afirman que el éxito del Plan México dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para generar confianza para la inversión privada.
La atención a la crisis forense no está pensada como política de Estado, es decir, no hay intención ni esfuerzos por tener una rectoría política que permita darles identidad a decenas de miles de personas desaparecidas en el país.
El Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030 es ambicioso, parte de una lógica sistémica y estructural y se adhiere al marco de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para convertir los objetivos presentados en prioridades presupuestarias reales.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 establece que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias para 2030. Pero alcanzar este objetivo requiere una visión incluyente, con estrategias que garanticen una transición energética justa para todas las personas.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN), actualmente en discusión para su posible reforma en el Poder Legislativo, sigue colocando a los pueblos originarios en un papel secundario.
¿Qué pasa cuando la red que te “entretiene” se convierte en tu agresor? Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube se han convertido rápidamente en amplificadores de discursos de odio contra las mujeres.
¿Los escuchas? Son miles de pasos… son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia.
El presupuesto en salud de 2026 no es progresivo y está muy lejos de consolidar un sistema de salud universal. Por el contrario, mantiene un modelo fragmentado, regresivo y excluyente, que amplía las brechas en el acceso a servicios de salud.
Aunque los pendientes no son menores, el próximo año contaremos con mejores impuestos saludables, que sumado a otras políticas sanitarias, pueden contribuir a evitar el colapso de nuestro sistema de salud.
Para quienes buscan a un ser querido desaparecido, particularmente quienes realizan búsqueda en muerte o forense, recuperar aunque sea sólo una parte de la corporalidad del ser amado se convierte en una premisa de vida.
A pesar de los avances normativos que representa la reforma, persiste una significativa brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y su efectiva implementación.
En un país donde las desigualdades y abusos persisten, restringir el acceso al amparo sería un retroceso en el derecho de acceso a la justicia.
Sin mayores recursos para las instituciones anticorrupción, controles y resultados reales de estas instituciones será muy difícil detectar, investigar y sancionar las redes de corrupción en nuestro país.
Ahora se pone al centro la importancia de los cuidados y se visibilizan como ese tejido que sostiene nuestras sociedades, nuestra economía y nuestras vidas.
Las desapariciones forzadas representan un problema político interminable que se traduce en un drama social que lacera a miles de familias.
En 2025, nuestro país destinó 881 mil millones de pesos (mdp) al sistema de salud público.
Estos datos dan cuenta de que el derecho a la salud sexual y reproductiva no está plenamente garantizado en México, poniendo en riesgo la calidad de vida y ejercicio efectivo de derecho a una sexualidad satisfactoria, saludable y libre de violencia.
La Silla Vacía no es un memorial creado desde una visión estatal para mostrar cómo ya no vivimos en tiempos de nuestros adversarios políticos. Es un espacio vivo donde podemos conocer a las personas protagonistas de las luchas frente a la injusticia.
Si bien las políticas y presupuestos actuales parecen encaminarse en la dirección correcta, por una parte, deben focalizarse mejor hacia los pueblos y las comunidades e incrementar su asignación directa.
Asegurar el derecho al cuidado implica proteger tanto a quienes reciben cuidados como a quienes los brindan, y entender que las inversiones en este sector generan beneficios acumulativos.
La salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) genera reacciones ambiguas.
Será fundamental que la nueva Comisión Antimonopolio se coordine con otras entidades encargadas del combate a la corrupción, a fin de potenciar sus resultados y, superar los niveles de efectividad previamente logrados por la Cofece.
El derecho ambiental internacional aún no termina de consolidarse. Mientras unas regiones del mundo experimentan récords de altas temperaturas y sequías que destruyen cosechas completas, en otros lugares, las fuertes y torrenciales lluvias arrasan con poblaciones enteras, destruyendo hogares. Estos cambios ecosistémicos modifican la vida por completo y de manera irreversible.
Porque cada peso que el Estado decide no cobrar por la exención del IVA a la vivienda es un peso que no llega para garantizar la vivienda digna.
Que la apuesta principal de este Gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas sea un esquema de cruce masivo de datos, manda un mensaje desalentador para las víctimas. Implícitamente pareciera un intento por negar la realidad criminal que rodea al fenómeno, con las distintas formas de complicidad desde el Gobierno, y con ello, una renuncia a la verdad y la justicia.
La lucha del Orgullo es contra la discriminación estructural, los estereotipos y los prejuicios, pues éstos continúan siendo barreras para ser, amar y vivir en libertad y dignidad.
El cambio de la toga por el uso del traje tradicional, que tanta polémica ha suscitado, es sólo uno de los cambios simbólicos que anuncian el rostro de la nueva justicia.
Legitimar la pérdida de los padres buscadores y reconocer su lucha, es un acto mínimo de justicia social.
Hasta el momento, no existe un marco normativo que regule y asegure la protección de las personas alertadoras de la corrupción y de actos indebidos en México.
La reforma judicial deja sin resolver los problemas de fondo y el balance de estas elecciones no es positivo.
Los gobiernos estatales deberían coordinar la asignación de recursos para búsqueda e investigación, pero esto no ocurre eficazmente.
Los discursos que apelan a la llamada “ideología de género” han logrado frenar políticas públicas inclusivas.
Ignorar a los pueblos indígenas para despojarlos de su agua es una estrategia sistemática de exclusión y vulneración de derechos que se traduce en una forma de violencia estructural e implica la negación de su existencia como sujetos colectivos con derechos.
Nuestras economías deberían comenzar a adaptarse a modelos productivos que tomen en cuenta el futuro de nuestro planeta.
Construir una justicia climática desde los territorios requiere un cambio radical en los modelos económicos.
Los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
Millones de pacientes enfrentan a diario las consecuencias de un sistema de salud público rebasado, insuficiente en infraestructura y personal.
A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas.