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No tenemos que ir tan lejos

Tuve la oportunidad de trabajar en una auditoria social en un asentamiento humano irregular, una comunidad de personas que viven en las condiciones más lamentables de pobreza que jamás he visto. Formé parte de un taller de implementación de técnicas para monitorear recursos públicos en donde los participantes nos unimos a dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan en coalición para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en esa zona. Nos organizamos, hicimos equipos de tres personas y en cada uno había un activista originario de esa localidad quien hablaba el dialecto de los habitantes, lo que nos permitió hacer entrevistas. Llevábamos tareas bien definidas: aplicar cuestionarios relacionados con los servicios que el gobierno estatal debía proveer a esos asentamientos.

El gobierno del estado se comprometió a dotar a los ciudadanos de esa zona de baños portátiles, esas cabinas de plástico azul que se limpian con solventes químicos, pues la comunidad carece, entre tantas cosas de agua. El contrato consiste en que el gobierno renta anualmente los baños para distribuirlos en áreas específicas, paga además por su limpieza (la cual debe realizarse diariamente por la mañana y la noche), repone los que no están en condiciones de uso y da capacitación a los encargados de su mantenimiento. Eso dice el acuerdo entre la empresa y el gobierno, pero la realidad nos cuenta otra cosa: los baños no son limpios, salubres, ni suficientes. En ocasiones, quienes viven ahí tienen que caminar largas distancias para encontrar uno limpio, otros son compartidos por muchísimas personas y solo se limpian dos veces a la semana. La población está expuesta a derrames de químicos contaminantes y tóxicos. Una mezcla de olores putrefactos penetran las pequeñas casas de cartón y los niños que juegan a su alrededor parecen no percatarse de los riesgos a su salud que esto conlleva.

Todo esto lo sé porque lo constatamos en la verificación física, también por las entrevistas que pudimos hacer a cuatro familias y a los clientes de un pequeño bar con billar que se sostiene con placas de metal y maderas viejas. Una señora nos comentó que a su hijo lo asaltaron al buscar un baño en la noche, supimos de otros a quienes encierran y tiran al suelo dentro de la cabina, y de alguien que murió atropellado al tratar de cruzar la carretera para buscar un baño más limpio en la comunidad vecina. Lo que pudimos darnos cuenta es que muchos optan por hacer sus necesidades en bolsas para tirarlas al día siguiente y evitar así los riesgos.

La buena noticia es que al compilar las entrevistas de todos los equipos pudimos hacer una relación de las violaciones del contrato. Las personas que ahí habitan participaron y están interesadas en que su situación cambie. Además, ambas organizaciones citaron a los responsables del gobierno y de la empresa proveedora de servicios para mostrarles la evidencia de las irregularidades. La población está comprometida y cuenta con los documentos y la información necesaria no solo para hacer exigible el contrato, sino para discutir las mejores soluciones y de ser necesario, iniciar los procesos en caso de haber responsabilidades de los servidores públicos o los particulares.

La mala noticia para nosotros es que la comunidad afectada es Khayelitsha en Cape Town, Sudáfrica; las organizaciones de la sociedad civil son Ndifuna Ukwazi y Social Justice Coalition; y, este trabajo no se realizó en México dónde tenemos condiciones de pobreza muy similares (personas que viven sin los servicios públicos más básicos, olvidados por sus gobiernos).

La democracia implica participación, de eso se trata realmente una auditoria social. En este tipo de trabajos convergen la población afectada, organizaciones bien estructuradas y en algunos casos, aliados en el gobierno. La idea es ayudar a fortalecer las auditorias financieras y dotarlas de evidencias para que puedan realizarse. Parte importante de estos procesos es involucrar a los ciudadanos para verificar el cumplimiento de la entrega de bienes y servicios por parte del gobierno. Con el uso de estas herramientas se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. Es una práctica absolutamente democrática que se puede apoyar de instituciones no gubernamentales, pero también de instancias oficiales como el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental o las comisiones de derechos humanos de ser el caso. Las auditorias sociales no solo buscan responder si el dinero es gastado correctamente, la intención es atestiguar si los recursos públicos y las decisiones del Estado hicieron la diferencia mediante evaluaciones y análisis. Para realizar un procedimiento de este tipo se debe conseguir y tener acceso a la información, tener suficiente tiempo para asimilarla y poder verificar el cumplimiento de los objetivos de las dependencias. Estas auditorias se deben vincular con obligaciones de los funcionarios para tener la capacidad de citarlos a contestar las preguntas de la población afectada, si es posible en audiencias públicas.

En México, como en cualquier parte del mundo, para que una tarea de esa magnitud tenga éxito hay que enfrentar varios retos. Me refiero a las estructuras tan complejas en el gobierno, la falta de interés e indiferencia y las implicaciones políticas que pueda tener. Poder desarrollar la planeación de auditorias sociales sería una señal importante de estar en una verdadera democracia, ya que estas dependen de la participación de la ciudadanía y su participación va a depender de que puedan ver resultados tangibles. Para hacer una auditoria social no necesitamos ir tan lejos, basta con organizarnos como ciudadanos y empezar a exigirle cuentas a nuestro gobierno, ¿quién se apunta?

Óscar Arredondo

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle15982.html