Diversas organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entre otros, se unieron a la presentación del informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh): Tlatlaya a un año: la orden fue abatir.
A partir del análisis de diversos documentos que permiten al Centro Prodh reconstruir lo que sucedió durante el operativo militar en la comunidad de San Pedro Limón y que culminó con el asesinato de por lo menos 22 personas. En ese sentido el informe es contundente al afirmar que Tlatlaya se ubica como un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos e impunidad resultado de la guerra contra la delincuencia organizada que se sigue justificando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de la seguridad por encima del respeto de los derechos humanos.
El informe va clarificando uno a uno los argumentos de la versión oficial defendida por la Secretaria de Defensa Nacional, el Gobierno del Estado de México y la Procuraduría General de la República que aseguraba que las personas habían fallecido a causa del enfrentamiento. Basados tanto en la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los testimonios de sobrevivientes, se demuestra que “al menos 9 personas fueron víctimas de ejecución arbitraria”. Esto quiere decir que los militares que participaron en el operativo dispararon de manera intencional a las personas que se encontraban ahí porque ellos les consideraban delincuentes como si esta distinción resultara muy obvia.
En ese sentido, una aportación fundamental de esta investigación tiene que ver con la incompatibilidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con el respeto y protección de los derechos humanos. Tal y como señala el Centro Prodh, esto resulta grave en el contexto actual que vivimos en nuestro país, en donde tal parece que la lucha contra la delincuencia organizada fuera una especie de conflicto interno que justifica a cualquier integrante de las fuerzas armadas a privar arbitrariamente de la vida a civiles si se les considera delincuentes. Así, sin el respeto de garantías jurídicas que todos tenemos, como mostrar que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y la realización de un juicio previo que determine esto, las fuerzas armadas están autorizadas a “abatir a los delincuentes o miembros de los grupos delictivos” para garantizar “la seguridad de las personas inocentes.” El resultado de esto es el incremento de la muerte de civiles lo que muestra la situación de vulnerabilidad en la que la sociedad mexicana se encuentra.
El informe destaca la existencia de un mecanismo de impunidad que sigue siendo representada por la aplicación del fuero militar en casos que tienen que ver con el fuero civil y particularmente en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Código de Justicia Militar, las instancias militares excedieron sus facultades sin encontrar ninguna limitación por parte de la justicia civil. Esto es preocupante tanto para las víctimas del caso de Tlatlaya como para el resto de la sociedad mexicana ya que no contamos con algún mecanismo que garantice la protección y reparación de las víctimas y mucho menos el acceso a la justicia.
Tlatlaya a un año: la orden fue abatir es un documento de lectura indispensable que nos ayuda a no olvidar lo que pasó en Tlatlaya y en otros casos como Ayotzinapa y a reflexionar en nuestros propios ámbitos sobre el país que queremos construir. El texto lo puedes encontrar en el sitio web del Centro Prodh.
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