Desde hace varias décadas, redes y colectivos mexicanos, formados por académicos y académicas e integrantes del movimiento amplio de mujeres, han luchado por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales han sido reconocidos en tratados internacionales y en nuestras propias leyes. Este movimiento ha encontrado resistencia por parte de organizaciones y colectivos que buscan limitar estos derechos apelando a argumentos conservadores sin sustento científico (por ejemplo, que la píldora anticonceptiva de emergencia es “abortiva”, por lo que debería prohibirse). En este contexto, cobra relevancia el proceso judicial que actualmente enfrenta Jorge Serrano Limón, dirigente de la organización PROVIDA, que lidera este movimiento dirigido a provocar retrocesos en las garantías y obligaciones del Estado mexicano en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres enmascardo en sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM)
Actualmente, Serrano Limón, dirigente de la organización PROVIDA, está –de nueva cuenta– enfrentando un proceso penal en su contra; esta vez por el delito de peculado por el desvío de más de 25 millones de pesos. En los últimos 13 años, Serrano Limón y PROVIDA han sido acusados varias veces de utilizar de forma indebida recursos públicos que les han sido otorgados para promover los derechos de las mujeres, sin que, hasta el momento, Serrano Limón esté en prisión y/o haya habido consecuencias para la organización PROVIDA, que sigue participando en espacios interinstitucionales de política pública, frecuentemente, intentando limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A lo largo de los años, Serrano Limón ha utilizado todos los recursos legales disponibles para aplazar o evitar las sentencias en su contra y para proteger a PROVIDA. De cara al nuevo proceso que está enfrentando, desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, exigimos que la justicia se imparta para reducir la impunidad y contribuir a una mayor rendición de cuentas en nuestro país.
Trece años de delitos y recursos legales para retrasar la justicia
Los malos manejos de Serrano Limón fueron documentados por primera vez en 2004 por seis organizaciones de la sociedad civil –Equidad de Género, Sipam, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y GIRE– quienes monitorearon el destino de 30 millones de pesos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, le había otorgado de forma discrecional a PROVIDA para promover los derechos de las mujeres en sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM). A través del análisis de solicitudes de acceso a la información pública, estas organizaciones descubrieron que la mayoría de los recursos se habían utilizado para otros fines. Por ejemplo, se documentó la compra de tangas, plumas Mont Blanc o ropa de caballero.[1] El caso tuvo una gran cobertura mediática, sobre todo por la relación cercana que se documentó entre Serrano Limón y altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox. Estas organizaciones evidenciaron también que los CAM limitaban los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque promovían sólo métodos de control natal “naturales”, negándoles el acceso a otras formas de contracepción.
En 2005, después de valorar los hechos que estas organizaciones hicieron públicos, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 15 años a Serrano Limón y le ordenó pagar una sanción de más de 13 millones de pesos. Aunque Serrano Limón se amparó contra estas medidas, ambas fueron ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sentó un criterio muy importante al señalar que los particulares sí pueden ser sancionados administrativamente si ejercen recursos públicos.
En 2012, Serrano Limón fue hallado culpable por el delito de peculado con motivo del desvío de 2 millones 496 mil pesos que le fueron otorgados como donación federal para equipar nueve de sus CAM. Fue condenado a cuatro años de prisión, sin embargo, dado que el delito no era grave, el juez le concedió sustituir la pena de prisión, lo que significó que, al final, no pisó la cárcel.[2] Así, PROVIDA siguió operando hasta que el 17 de febrero de 2016, Serrano Limón fue aprehendido y acusado otra vez de peculado por el desvío de 25 millones de pesos asignados a PROVIDA y a los CAM. Serrano Limón pagó una fianza equivalente al monto por el que se le acusa y está en libertad bajo caución en tanto se lleva a cabo su proceso penal.
Dado que los malos manejos y desvíos de fondos de Serrano Limón a través de PROVIDA han sido documentados por organizaciones de la sociedad civil y han sido sancionados penal y administrativamente en varias ocasiones por diversas instituciones públicas, desde Fundar, exigimos que las autoridades correspondientes realicen una adecuada impartición de justicia a fin de que los delitos de Serrano Limón no queden impunes, se recuperen los recursos públicos desviados, y PROVIDA no siga operando ni participando en espacios interinstitucionales de política pública. Los funcionarios públicos que han otorgado recursos públicos a PROVIDA también deben ser investigados y recibir las sanciones correspondientes. En un país con altos índices de pobreza e inequidad, figuras como Serrano Limón y organizaciones como PROVIDA no pueden seguir operando.
[1] Para conocer más de este caso puede consultarse g. Gozzo, El caso PROVIDA: Cuentas pendientes en la transparencia y la justicia, Fundar, 2006; y el video ¿Qué pasó con mi dinero?
[2] A. Méndez, “Serrano Limón paga fianza de $25 millones y sale libre bajo caución”, La Jornada, 22 de febrero de 2016, y R. Vera, “Condenan a Serrano Limón por peculado; esto aún no concluye, dice”, Proceso, 20 de abril de 2012.
