El pasado 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa emitió una sentencia sumamente relevante para el caso Ayotzinapa. Al resolver el amparo 1350/2023, el Juzgado ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de la información de inteligencia militar generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en Iguala, Guerrero. De acuerdo con la sentencia, existen fundamentos para afirmar la existencia de aproximadamente 853 folios que han sido exigidos de manera sostenida por las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Esa evidencia documental, incompleta hasta ahora, es clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
No se trata sólo de cumplir formalmente una orden judicial: está en juego el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. El propio juzgado concluye que la discontinuidad en los folios no prueba la inexistencia de los documentos, sino que constituye indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada. Ese razonamiento desmonta la estrategia recurrente de las Fuerzas Armadas cuando se trata de investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos: negar, retrasar o fragmentar la información hasta hacerla inútil para la investigación. Asimismo, las conclusiones del Juzgado sobre la existencia de más información de inteligencia militar refuerzan los señalamientos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hiciera en el año 2023. El GIEI logró acceso a comunicaciones internas del Ejército relacionadas con el seguimiento a los estudiantes desaparecidos en 2014, pero documentó la entrega de expedientes incompletos, lo que evidenció ocultamiento y obstaculización de la investigación. La denuncia de este ocultamiento generó la confrontación del GIEI con el expresidente López Obrador y, eventualmente, su segunda salida del país por falta de condiciones para trabajar.
Las implicaciones de esta resolución son múltiples. Jurídicamente, el cumplimiento de la sentencia mandaría un mensaje importante sobre la prevalencia de los controles civiles y de la transparencia sobre la actuación de las Fuerzas Armadas cuando están involucradas en posibles violaciones de derechos humanos. Políticamente, sería una señal de ruptura con la impunidad militar que ha marcado más de una década de dilaciones: para el esclarecimiento de la verdad. Asimismo, la entrega de la información militar podría refrescar una investigación estancada debido a la parálisis de la COVAJ como mecanismo de facilitación de la colaboración de las instituciones con la indagatoria.
La entrega completa de los 853 folios del CFRI no garantiza por sí sola la resolución del caso y el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes, pero abre y fortalece líneas de investigación fundamentales: corroborar movimientos y comunicaciones, identificar responsables, y reconstruir líneas de investigación hoy truncas. También constituye una mínima reivindicación para las familias que durante años han litigado en tribunales nacionales e instancias internacionales para proteger su derecho a la verdad.
El Estado tiene la obligación urgente de acatar la resolución judicial, facilitar el acceso seguro a los documentos y permitir su análisis por las propias familias y por personas expertas independientes de su confianza. Adicionalmente, deben implementarse protocolos claros sobre clasificación y conservación de información militar que eviten futuras obstrucciones, y medidas de protección para quienes aporten y revisen la evidencia.
La verdad no es un privilegio técnico; es un derecho que sostiene la credibilidad de las instituciones y la posibilidad misma de justicia. En Ayotzinapa, entregar los archivos militares es, en definitiva, una condición ineludible para que México avance de la opacidad a la verdad.
