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Un primer paso hacia la reparación del daño

En estos últimos días de discusiones parlamentarias para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un fondo para el pago de las indemnizaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este hecho histórico y sin precedente es de reconocerse, especialmente la labor comprometida de distintos integrantes de los partidos políticos de la Cámara.

Entre 2009 y 2010, la Corte IDH emitió cuatro sentencias que señalan la responsabilidad del Estado mexicano por la conducta activa u omisa de sus agentes y la comisión subsecuente de graves violaciones a los derechos humanos en los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, y Valentina Rosendo Cantú. Al haber reconocido la competencia contenciosa de la CoIDH, México adquirió la obligación de acatar las decisiones de dicho órgano. Así entonces, el cumplimiento de las sentencias no puede, ni debe, ser interpretado como un acto de buena voluntad y de disposición del Estado.

La decisión de establecer la asignación de una partida presupuestaria, dentro del Ramo 04 correspondiente a la Secretaría de Gobernación, permitirá entonces dar cumplimiento a una de las líneas condenatorias contenidas en las sentencias, la cual consiste en el pago de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad de México. De la misma manera, permite prever lo necesario para una eventual sentencia condenatoria en el caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“campesinos ecologistas”), misma que se espera en lo que resta de 2010.

El derecho de las víctimas a ser reparadas por el daño sufrido no les devuelve al estado anterior a la violación de los derechos humanos que sufrieron. Sin embargo, lo que sí permite la reparación del daño es darle sentido a la búsqueda de justicia por la que han transitado a lo largo de todos estos años. Permite reconocer su dignidad como personas, permite que toda la sociedad conozca la verdad histórica y permite que se haga justicia con los responsables de estas violaciones.

A sólo unos días de cumplirse un año de haber sido condenado por primera vez, este hecho constituye un avance sustantivo para el reconocimiento del derecho de las víctimas a obtener reparación por el daño o daños que padecieron y que vulneraron sus derechos. Sin duda, al tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano, y al abrir una ruta desde la técnica presupuestal, la Cámara de Diputados establece también un importante precedente para el fortalecimiento del Estado de derecho.

Esta decisión que dota de recursos presupuestarios el pago de las indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos merece efectivamente ser celebrada. Sin embargo, las sentencias no sólo condenan al Estado en lo económico sino que también, a efecto de garantizar la no repetición del daño, exigen cambios normativos y de políticas públicas relacionados con la jurisdicción militar y el amparo, entre otros. Para lograr estos cambios imprescindibles para las víctimas como para toda la sociedad, los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deben mostrar su compromiso para asegurar desde sus respectivos ámbitos el cumplimiento de la integralidad de las sentencias.

Cécile Lachenal