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Una propuesta para reducir gastos superfluos

El escenario actual es complicado. Al interior: gasolinazos, corrupción, violencia, recortes presupuestarios a programas sociales, una economía en picada… Al exterior: psicosis generada por la llegada de un personaje bermellón que pretende instaurar barreras, imponer aranceles a las importaciones mexicanas, fracturar alianzas, cancelar el derecho a migrar, etc. Pese a este contexto, desde la sociedad civil vamos dando pasos pequeños y estructurales para transformar las prácticas gubernamentales; seguimos proponiendo y generando iniciativas para que de alguna manera podamos cambiar este cuadro con tintes azarosos. Este es el caso desde nuestro proyecto en materia de publicidad oficial.

Desde hace más de diez años hemos trabajado en evidenciar la problemática de la publicidad oficial en el país, para tratar de cambiar las malas prácticas entre los medios de comunicación y el gobierno. Nos hemos dado a la tarea -en colaboración con otras organizaciones sociales- de analizar e investigar los gastos que se ejercen desde todos los niveles de gobierno y sus consecuencias, tal como la censura indirecta o los actos de corrupción que se propician alrededor de este tema.

La evidencia la tenemos, basta con echar un vistazo a nuestras publicaciones: el Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, el informe “Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México” y su actualización “Censura Indirecta en México: Rompiendo Promesas, Bloqueando Reformas”. Lo que necesitamos ahora es el apoyo de la participación ciudadana y que los gobiernos comiencen a poner en marcha planes de austeridad o sumarse a las iniciativas derivadas de la sociedad civil.

Recientemente, Fundar junto con diversas organizaciones de todo el país, lanzamos la campaña #PublicidadAbierta, con el propósito de invitar a todas las entidades federativas y demás sujetos obligados a sumarse a un ejercicio de transparencia en materia de publicidad oficial, que radica en la implementación de la herramienta tecnológica Transparencia en Publicidad Oficial, (elaborada junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), para descubrir los gastos en publicidad oficial de los gobiernos. Es una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas, para empezar a cambiar las cosas, por lo menos en este tema que genera gastos millonarios, que utiliza de manera desmedida los recursos públicos, es decir, nuestros impuestos.

No sólo es el panorama actual el que nos hace movernos; la crisis de legitimidad de las instituciones públicas se ha perpetuado, y como sociedad exigimos una clara y efectiva rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos. La publicidad oficial es un gasto prolijo que no atiende las necesidades más apremiantes de la sociedad; los canales de comunicación están cambiando constantemente. La publicidad oficial requiere de una mayor transparencia, esto permitirá una mejora en la gestión de los modos de comunicar información relevante. Debemos terminar con las malas prácticas entre los medios de comunicación y los gobiernos, requerimos garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Cabe recordar que, del 1 de febrero al 30 de abril, el Congreso entra en periodo de sesión ordinaria. Debemos aprovechar este tiempo para visibilizar, de nueva cuenta, el tema de la regulación de la publicidad oficial ante las Cámaras. Hace cuatro años, Enrique Peña Nieto lo prometió y aún no hay avances… Es buen momento para generar iniciativas que nos ayuden a cambiar la política pública y sopesar el aparato económico del país.

 


[ Por Paulina Castaño ]

[ Artículo en Animal Político ]