- Organizaciones de derechos humanos y en la lucha feminista proponemos 6 puntos clave para trazar una ruta que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
- Es fundamental implementar de manera eficiente y eficaz acciones concretas para que la normativa se traduzca en servicios de salud de calidad, accesibles y oportunos para las mujeres.
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022. El derecho a una salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SSRMN) está reconocido en el marco jurídico nacional e internacional, sin embargo, a pesar de al menos tres décadas de esfuerzos por diseñar e implementar políticas, programas y servicios, persisten desafíos para lograr la garantía de este derecho a todas las mujeres y adolescentes en el país.
Si bien los avances normativos e institucionales han sido importantes para la lucha feminista por la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo –como la publicación y creación de lineamientos para el aborto seguro y la despenalización del aborto en nueve entidades–, es preocupante que casi 16 millones de mujeres no estén afiliadas a ningún servicio de salud y en su mayoría, vivan en situación de pobreza, que se agrava en contextos rurales e indígenas (Censo de Población y Vivienda 2020, Inmujeres, 2021). Existe, además, una demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos del 11% de mujeres entre los 15 y 49 años (CONAPO, 2022). Ante este panorama, persisten desafíos como el desabasto de medicamentos y falta infraestructura y personal para procedimientos obstétricos y de aborto seguro, mientras que las mujeres que interrumpen su embarazo continúan sufriendo criminalización. Entre 2015 y 2021, 3,719 mujeres fueron acusadas del delito de aborto en México. La Razón de Muerte Materna por cada 100 mil nacimientos aumentó en 2021 colocándose en 46.6 (OMM, 2021) ampliándose en algunas entidades y regiones y por la condición social o étnica.
Encima de ello, el Programa Presupuestario P020 que financia acciones de SSRMN presenta recortes desde 2018 y preocupa que en el PPEF 2023 se plantee una reducción de sus recursos del 4%. Además, la eficiente implementación de las estas políticas se ve limitada por la falta de coordinación entre la diversidad de actores involucrados, lo que también complejiza la asignación de recursos, su seguimiento y fiscalización; de igual manera, la falta de transparencia y rendición de cuentas impiden el seguimiento del gasto, aunado a la disminución de recursos para la compra de medicamentos y prácticas en los procesos de compra que generan riesgos de corrupción.
Por ello, en el marco del 26 de septiembre, día mundial de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes y el 28S, día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C., el Comité Promotor por una Maternidad Segura, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (Mexfam) hacemos un llamado a mejorar y fortalecer la implementación de acciones, políticas, programas y servicios para garantizar el derecho a la SSRMN de las mujeres. Hacemos hincapié en seis puntos clave para trazar una ruta que permita avanzar en la garantía de este derecho y superar los desafíos existentes:
1) Mejorar los servicios de salud y el modelo de atención vigente. Deben garantizarse los insumos básicos para la SSRMN, pues ejercicios de contraloría social evidencian problemas de desabasto y falta de acceso a éstos en los servicios de salud. También implica fortalecer la calidez y aceptabilidad de los servicios y el modelo de atención, por ejemplo, generando materiales en diversas lenguas indígenas e incorporando en éstos las necesidades de las adolescentes y mujeres en todas sus diversidades, entre otras acciones.
2) Aumentar el presupuesto asignado para SSRMN, evitando recortes y asegurando su rendición de cuentas.
Los recursos presupuestarios para SSRMN son insuficientes ante los desafíos actuales, situación que se agrava por los recortes que realiza el Ejecutivo. Por ejemplo, en el periodo 2013-2021, el Ejecutivo recortó 23.6% del presupuesto del programa presupuestario (P020), del originalmente aprobado por el Legislativo. Además, es imprescindible implementar acciones claras de rendición de cuentas que permitan el seguimiento y trazabilidad del presupuesto, sobre todo en estrategias con diversas instituciones y fuentes de financiamiento involucradas como la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) o la operación de los programas a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) y los gobiernos estatales.
3) Información oportuna sobre la compra de medicamentos y métodos anticonceptivos.
Acceder a información oportuna sobre los tipos y cantidades de medicamentos y métodos adquiridos, así como conocer las entidades federativas, jurisdicciones sanitarias y centros de salud a donde se están enviando y entregando, es fundamental para conocer su disponibilidad y accesibilidad, y promover su exigibilidad en los distintos niveles de atención. Esto es relevante ante casos recientes de desabasto y disminución de información sobre las compras federales y estatales, lo que apunta a la necesidad de fortalecer y volver más accesibles y oportunas las herramientas de rendición de cuentas existentes, como el Sistema de Información para la Administración Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) o incluso recuperar aquellas que se han perdido.
4) Espacios multiactor de diálogo.
Es necesario recuperar espacios multiactor entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, sector académico, y organismos internacionales que permiten que la implementación de la política pública de SSRMN se vea fortalecida al incorporar las experiencias, perspectivas, recomendaciones, necesidades y saberes de los distintos actores.
5) Claridad sobre los cambios al sistema de salud y sus implicaciones para la SSRMN.
Es primordial contar con información clara y oportuna sobre los cambios en marcha en el sistema de salud, por ejemplo, la instauración del IMSS-BIENESTAR como el nuevo modelo de atención para población sin seguridad social o la federalización de los servicios y, sobre todo, conocer qué impacto tendrán para la SSRMN de las mujeres.
6) Eliminar el estigma social que permea las políticas públicas e impide un acceso efectivo a la SSRMN.
En muchos casos, los avances normativos e institucionales no se traducen en acciones, debido al estigma social que permea a las políticas e instituciones públicas. Por ejemplo, en Oaxaca, sólo dos instituciones en la capital realizan una interrupción legal del embarazo, lo que impide que mujeres del resto de los 569 municipios accedan a este derecho. En algunos años, además, ha habido compras muy pequeñas de misoprostol o mifepristona, medicamentos necesarios para un aborto seguro. Es necesario también, que las instituciones públicas realicen más acciones de promoción para sensibilizar e informar a las mujeres y personal de salud sobre los avances normativos y nuevas directrices en salud.
Como organizaciones de derechos humanos y en la lucha feminista, que impulsamos la agenda de los derechos de las mujeres, hacemos un llamado a la Secretaría de Salud, el CNEGSR, el Instituto de Salud para el Bienestar, el IMSS-Bienestar, la Cámara de Diputados y otras autoridades responsables de la garantía del derecho a la SSRMN, a fortalecer la política pública, implementando acciones de mejora que permitan trazar una ruta para garantizar estos derechos, siempre de la mano de las mujeres y considerando sus necesidades y demandas.
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