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Integrante de Comité Técnico que elaboró primera propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos presenta sus contenidos generales y modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
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Exhortan a comunidades a informarse y participar en consulta que se celebrará en agosto para fortalecer y mejorar la propuesta.
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Invitan a plática el viernes 10 de julio a las 6pm y a taller sábado 11 de julio a las 9:45am, así como a celebrar asambleas en comunidades para deliberar y fijar posturas a llevar a la consulta.
Mérida, 10 de julio de 2026.- Representantes de Fundación Yansa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentaron información y propuestas relacionadas con la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que reglamente el Artículo 2 Constitucional. Ana Jessica del Rocío Ungur Cardeña, vocal del Comité para el Respeto y Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la CODHEY, dio la bienvenida y declaró: “Desde el Comité nos interesa mucho que las comunidades conozcan los contenidos de esta propuesta de ley, y que participen activamente en el proceso de discusión y en la Consulta que tendrá lugar en agosto.”
Por su parte, Maira Olivo Paz, coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, miembro del Comité Técnico que elaboró la propuesta inicial de Ley, explicó: “El Comité Técnico, compuesto de 10 mujeres y 10 hombres, entregó una propuesta que fue revisada en 150 reuniones por distintas instancias de gobierno, desde la Consejería Jurídica de Presidencia hasta distintas Secretarías de Estado, quienes realizaron numerosas modificaciones. Dicha propuesta modificada se someterá a un proceso de consulta en el que hay la oportunidad de corregir y fortalecer la iniciativa. Debido a ello, es importante que se generen espacios de reflexión colectiva en las comunidades para que las autoridades representativas lleven su voz a la consulta. Incluso con las modificaciones hechas por el ejecutivo, se trata de una propuesta robusta, integrada por 8 libros que recogen temáticas tales como derechos territoriales, derechos de mujeres indígenas y afromexicanas, el derecho a la consulta y el consentimiento, etc. Pero es importante realizar cambios para fortalecer la ley y que cumpla adecuadamente su función. Por ejemplo, se debe garantizar que las decisiones de las comunidades respecto al consentimiento sean vinculantes, que la ley clarifique las formas en que los pueblos y las comunidades accederán a recursos públicos para ejercer plenamente su autonomía y libre determinación, que se corrijan aspectos relacionados con la jurisdicción indígena, omisiones relativas al derecho al agua, etc. Por otra parte, también hay avances importantes que merece la pena reforzar, como el reconocimiento del territorio como totalidad del hábitat.”
Maira Olivo describió brevemente los contenidos de los 8 libros que componen la Ley, que incluyen aspectos novedosos como el amparo indígena y afromexicano y expanden o definen diversos derechos recogidos en el Art. 2o Constitucional. Hizo también un análisis histórico, presentado la ley como un paso más en el largo proceso de resistencia y lucha indígena, que pese a sus imperfecciones, supone la primera vez en que se establecerá un marco normativo completo con la finalidad de garantizar los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa AC, presentó la plática del viernes a las 6pm (en el Local de Chuburná, calle 16 #91, Chuburná de Hidalgo) y el taller del sábado (9:45am, Casa de los Saberes Jurídicos, calle 59 #458 por 52 y 54, Centro) como ejercicios de información, reflexión colectiva y organización cuyo objetivo es que la información llegue a la mayor cantidad posible de comunidades. “Tras estas actividades, esperamos que se puedan llevar a cabo asambleas en la mayor cantidad posible de comunidades, para informar y reflexionar sobre la ley, fijar posturas colectivas para llevar a la consulta, y reflejarlas en actas de asamblea. Estas actas se pueden llevar por representantes designados por la asamblea a alguna de las tres reuniones de consulta que tendrán lugar en Yucatán, que se celebrarán el 16 de agosto en Izamal y Valladolid, y el 22 de agosto en Maxcanú. De este modo, se podrá incidir más en los contenidos de la ley, pues las reuniones de la consulta no hay tiempo para informarse en profundidad y menos aún para reflexionar y tomar acuerdos.
Es importante considerar que en la consulta solamente pueden participar representantes de comunidades con un mandato de representación. El INPI va a invitar a representantes de los municipios y los ejidos, así como a representantes de comunidades mayas que tengan un mandato otorgado por una asamblea abierta a toda la comunidad. Por eso es tan importante que se organicen asambleas comunitarias y se tomen acuerdos con base a una deliberación colectiva crítica, que refuerce las cosas buenas de la propuesta de ley y corrija sus errores y omisiones. Invitamos a todos los actores sociales, incluyendo personas y organizaciones que tengan contacto o trabajo con comunidades, a que participen en las actividades, lleven la información y propicien la organización de asambleas.”
