Ni en las peores pesadillas de quienes formularon y aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2015 se preveían las condiciones económicas con las que arranca el país este año nuevo. A pesar de que durante los meses en los que se negoció el PEF (septiembre-noviembre de 2014) los precios de la mezcla mexicana del petróleo ya mostraban una tendencia a la baja, tanto las y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como las y los legisladores que aprobaron la Ley de Ingresos estimaron que la federación contaría con 4.6 billones de pesos, o dicho de otra forma, con 4,694,677 millones de pesos para gastar durante 2015.
Sin embargo, el precio al que las autoridades previeron vender el petróleo durante 2015 ha disminuido de los 76.98 dólares por barril (dpb) que costaba en octubre de 2014, cuando fue aprobada la Ley de Ingresos, hasta los 38.52 dpb a los que se vendió en los últimos días de la semana pasada. Según las declaraciones recientes de los funcionarios de la SHCP, esta disminución en los precios del petróleo no implican un problema grave para las finanzas públicas del país porque se adquirieron coberturas (o seguros) previendo que esta tendencia en los precios del petróleo y porque existen formas de compensar estos faltantes echando mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
En Fundar, Centro de Análisis e Investigación nos preocupa, como lo dijimos durante la negociación presupuestaria del año pasado, que la disminución de los ingresos públicos afecte los programas que atienden las necesidades más urgentes de las personas que viven y transitan por México. En ese entonces, argumentamos que nos parecía imprescindible que la Cámara de Diputados asegurara que los recursos fueran suficientes para los programas presupuestarios relacionados con seguridad social, salud, educación, migración, medio ambiente y desarrollo rural sustentable, que contemplaran los aumentos necesarios para atender a todas las personas y que se evitaran regresiones en los montos dirigidos a estos gastos.
Hoy, esa exigencia se hace aún más vigente ante la posibilidad de recortes en el gasto: de continuar la tendencia en los precios de la mezcla mexicana del petróleo, se podrían contemplar recortes al gasto público que tendrán que hacerse según lo que plantea el artículo 21, fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reduciendo el gasto de las dependencias, entidades, fondos y programas en el siguiente orden:
- Gastos en comunicación.
- El gasto administrativo no vinculado directamente con la atención a la población.
- El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
- Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
Un escenario de esta naturaleza podría servir al Estado mexicano para racionalizar el gasto público de todos los poderes y de las distintas dependencias. Como sucede con la economía de las familias, los años de vacas flacas plantean la oportunidad de revisar a profundidad cuáles son los resultados e impactos del gasto público y recortar todos los gastos superfluos que tiene el Estado, partiendo de lo que plantea la ley y revisando otras erogaciones como lo que se gasta en viajes al extranjero, vehículos, teléfonos celulares, entre otros.
La revisión del gasto público tiene que tomar en cuenta las obligaciones internacionales que tiene el Estado a la hora de gestionar las finanzas públicas, entre las cuales está utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles de manera progresiva para asegurar el avance de los derechos humanos. Esta obligación implica que, en tiempos de crisis, los recursos dirigidos para atender a los grupos más vulnerables no tendrían que sufrir recortes, y que se tienen que mantener niveles básicos de bienestar para toda la población.
Parte del problema que probablemente enfrentaremos en 2015 tiene que ver con la falta de previsión de escenarios macroeconómicos y de respuestas ante dichos escenarios. En los Criterios Generales de Política Económica para 2015, la SHCP estimó que habría una disminución de los ingresos petroleros y por ello solicitó que el Congreso aprobara la contratación de más deuda para invertir en las empresas del Estado. En el mismo documento se establecen algunas otras medidas para hacer frente a variaciones en el contexto económico mundial. Pese a lo anterior, otra de las cuestiones que se podrían revisar en el contexto actual es la publicación de las acciones que se pueden implementar ante escenarios económicos adversos que permitan tener mayor certeza sobre las respuestas del gobierno.
En Fundar partimos de la premisa de que la garantía de los derechos humanos tiene que ser la primera prioridad del gobierno. Si el gobierno no actúa con responsabilidad y altura de miras ante la situación económica actual, el acceso a bienes y servicios básicos para el bienestar de la población mexicana puede verse gravemente afectado. Al tratarse de aspectos esenciales para el desarrollo de las personas, seguiremos observando y monitoreando el uso de los recursos públicos dirigidos a incrementar el bienestar y exigiremos que el gasto público se ejerza de manera racional.
