En las últimas décadas, las mujeres y personas con posibilidad de gestar en México y América Latina se han movilizado y exigido su derecho a la autonomía reproductiva y a un aborto seguro. Gracias a esta lucha, hoy, en 25 estados en México el aborto voluntario, hasta cierto número de semanas, es legal y los servicios de salud públicos están obligados a garantizarlo. Adicionalmente, desde 2020, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud desarrolló una política pública que garantiza este derecho y en 2022 publicó un lineamiento técnico para su atención en las instituciones de salud pública.
A pesar de estos importantes avances legales y de política pública, las mujeres y personas con posibilidad de gestar aún enfrentan barreras importantes al intentar acceder a servicios de aborto seguro, lo que impacta en sus derechos y sus vidas.
A través de entrevistas con 43 mujeres, mayormente habitantes de la zona metropolitana, esta investigación indaga cuáles son y cómo viven estas barreras en el acceso en los servicios de salud pública, frente a lo que la política y el Lineamiento Técnico garantizan. También explora cuáles son las condiciones, prácticas y elementos que ellas consideran importantes para tener procesos de aborto seguros, acompañados y respetuosos de sus derechos.
Estos testimonios ofrecen información cualitativa valiosa para delinear propuestas para fortalecer la política y servicios de aborto seguro existentes, desde las necesidades y sentires de las personas usuarias. En concreto, se realizan las siguientes recomendaciones:
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Presupuesto público limitado y falta de rendición de cuentas para la operación de la política de aborto seguro
Con la incorporación en 2020 del componente de aborto seguro en la política de SSR fue posible, por primera vez, conocer los recursos del Ramo 12 Salud destinados a este propósito. Dichos recursos son asignados al CNEGSSR, quien a su vez los envía a las 32 entidades federativas para el fortalecimiento de las acciones en salud pública, en este caso, para aborto seguro.
Como se observa en la siguiente gráfica, estos recursos han sido fluctuantes y no han tenido una asignación progresiva. Esto es preocupante por dos razones. Primero, porque el número de estados en donde se ha despenalizado el aborto voluntario han aumentado significativamente y, con ello, la obligación de éstos de proveer estos servicios, sin embargo, los recursos no han aumentado. Segundo, porque no existe ninguna explicación por parte de la SSA sobre por qué los recursos no han aumentado e incluso por qué en algunos años como 2023 o 2024 tuvieron una caída tan grande.
