Mientras las autoridades de todos los niveles exaltan promesas y buenas intenciones en el caso de las personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil denuncian violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Así sucedió durante el marco del día internacional de las personas con discapacidad que tiene lugar cada 3 de diciembre. Este año, la administración federal promovió una serie de eventos que incluyeron el Primer Congreso de Educación Especial, un Convenio de colaboración a favor de la inclusión laboral, una caminata, una EXPO y la presentación del Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad -al que sin duda hay que echarle una mirada minuciosa.
En contraste, esa misma semana, las organizaciones civiles Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Disability Rights International presentaron el informe titulado “Abandonados y desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México”. Este documento detalla las lamentables condiciones de vida de las personas con discapacidad que terminan recluidas en las instituciones públicas del país. El informe evidencia graves violaciones a sus derechos y la poca sensibilidad y voluntad del gobierno por realizar reformas que tengan un impacto directo en su vida.
Mientras el Estado mexicano se ha comprometido a que las personas con discapacidad vivan en comunidad, en igualdad de condiciones y con opciones iguales a las de las demás (art. 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), el informe evidencia que estas personas viven en condiciones infrahumanas. El informe muestra que México, en lugar de invertir en la creación de alternativas basadas en la comunidad, invierte en la construcción de edificios destinados a la reclusión y segregación de estas personas, particularmente para el grupo más vulnerable: las personas con discapacidad mental.
Lo más grave es que estas personas pierden por completo el poder sobre las decisiones más fundamentales de su vida y terminan subordinados a la voluntad, muchas veces arbitraria, de los titulares de las instituciones públicas. Estas, además de saturadas y mal financiadas, se encuentran en condiciones insalubres y sin supervisión alguna. De acuerdo al informe, no existen datos oficiales sobre el número de niños y niñas con discapacidad recluidos en las instituciones públicas, no se lleva un registro por lo que pueden desaparecer de un día a otro sin dejar rastro, sin que nadie intervenga. Esto permite que mafias involucradas en trata y otras formas de explotación sexual y laboral tengan acceso, e incluso el control, en estas instituciones. Las historias narradas en el informe son aterradoras y se resumen en la siguiente cita: “observamos a miles de individuos deteriorarse en la casi total inactividad, amontonados en bancas de habitaciones desoladas, acostados en el pasto o en el piso de concreto o sentadas en las camas de las instituciones. Estos entornos son totalmente inadecuados para la rehabilitación y la recuperación de las habilidades necesarias para reintegrar a las personas en la comunidad” (p.xiii).
Este informe da seguimiento a la situación de derechos humanos en el Sistema de Salud Mental mexicano que fue documentada diez años atrás por la misma organización -entonces Mental Disability Rights International. El equipo de investigación reporta que no han habido cambios y las promesas no han sido cumplidas: “ninguna partida del presupuesto de salud mental es específicamente designada para la salud mental comunitaria. En la práctica, el llamado “plan” de servicios de salud mental y atención comunitaria no es más que una declaración de valores en lugar de una política o plan públicos verdaderos” (p.43). Además de los cambios necesarios en el sistema de salud mental, los crímenes cometidos en contra de estas personas deberían ser investigados y castigados.
Daniela Ramírez
