Con los derechos de migrantes no se negocia

Con los derechos de migrantes no se negocia

La elección de Trump en Estados Unidos ha abierto un debate sobre las duras batallas que tendría que dar nuestro gobierno para defender a los mexicanos, nuestros derechos como migrantes y nuestros intereses económicos. Es en este debate donde debemos hacernos algunas preguntas: primero ¿el gobierno mexicano tiene la capacidad de defender dichos derechos? y segundo, ¿realmente le interesa hacerlo? Los migrantes de nuestra región y quienes trabajamos por sus derechos, hemos visto que en los últimos años poco ha hecho el gobierno mexicano por los migrantes y, al contrario, se ha doblegado ante presiones de nuestro país vecino. Recordemos entonces algunos datos importantes.

El primero tiene que ver con el raquítico presupuesto destinado a migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. No existe actualmente una herramienta que permita identificar todos los montos destinados a la migración (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo Videgaray no permitió la creación de un “anexo transversal para migrantes en el Programa de Egresos de la Federación (PEF)”). Sin embargo, podemos revisar programas específicos o montos correspondientes a instancias dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por mencionar algunas.

Lamentablemente, como ya es una tendencia, el presupuesto para programas de relevancia para migrantes responde principalmente a inercias y la variación entre el PEF 2017 y anteriores “PEF” es mínima. El INM contará con 1,670 mdp (109 millones menos que en 2016), pero siempre gasta mucho más por sus ingresos propios (por el cobro de derechos para trámites y multas). De la SRE, llama la atención que el programa presupuestario E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares, contará con 77 millones más que en 2016 (546 mdp en 2017).

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), como una dependencia muy pequeña pero de destacada labor para los refugiados, muchos de ellos centroamericanos, apenas tiene un presupuesto de 25,4 mdp, un incremento de menos de 3 millones mientras que las solicitudes de asilo en 2016 duplicaron. Esta lógica detrás, se llama inercia.

Algunas instancias de reciente creación, como las Procuradurías de Protección del DIF, quienes deben vigilar los derechos de la infancia migrante, y la Unidad de Investigación de Delitos para Migrantes de la PGR, carecen de presupuesto etiquetado. Todo esto debe contribuir a nuestra evaluación de la voluntad del gobierno mexicano para defender a los migrantes, más allá del discurso.

Un segundo dato importante es el Programa Frontera Sur y su opaco origen, explicado de manera resumida así: la intensificación de la política mexicana de control de los flujos de migrantes centroamericanos en tránsito por nuestro país, con la cual México respondió a los intereses de Estados Unidos después de la llegada de miles de niños centroamericanos al sur de Texas en la primera mitad de 2014. México en poco tiempo se convirtió en el país que detiene más centroamericanos que Estados Unidos, todo un éxito para los norteamericanos, a pesar de que no se reconoce oficialmente ni el origen ni los efectos perniciosos de esta política.

Durante la redacción del informe “Un camino incierto” en 2015, donde varias organizaciones denunciamos el aumento de delitos y violaciones a los derechos humanos de migrantes a partir del Programa Frontera Sur, nos preguntábamos: ¿para qué México está haciendo este trabajo sucio? Y ¿si todo esto responde a una negociación opaca para obtener algún beneficio en otro plano? También reflexionamos sobre la novedad de esta actitud mexicana, si alguna vez había existido o no la voluntad y capacidad de defender a los migrantes centroamericanos.

Había que tomar en cuenta que ya existían colaboraciones en materia de seguridad y fronteras mucho más formales que el Programa Frontera Sur, como la Iniciativa Mérida, firmado por el entonces presidente Felipe Calderón en 2008. Sin embargo, no encontramos evidencia para sustanciar una opaca negociación, simplemente porque no había ningún beneficio real o imaginable.

Hoy, la pregunta que cobra relevancia es ¿México negociará con los derechos de personas migrantes frente al gobierno estadounidense a partir de la toma de protesta de Trump? La respuesta es que posiblemente no lo hará cuando se trata de los mexicanos en el exterior, las deportaciones y los retornados; por ello,  tenemos que exigir políticas públicas frente al retorno y la deportación. Para los migrantes centroamericanos, tenemos el antecedente muy adverso del Programa Frontera Sur, que continúa a pesar de las reiteradas críticas.

La sociedad mexicana debe dar el ejemplo, comprometiéndonos con la protección de centroamericanos en México. Porque el trato que reciben las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala en México es igual de injusta que la amenaza de Trump hacia los mexicanos. Por eso, les invitamos a participar en esta campaña “Te doy la bienvenida” de Amnistía Internacional. Porque tenemos que dejar claro que ¡con los derechos de migrantes no se negocia!


[ Por Jose Knippen ]

[ Artículo en El Universal ]