Protocolo de prevención y actuación en casos de discriminación y violencia de género, hostigamiento y acoso sexual
En Fundar tenemos el compromiso de tener condiciones laborales y espacios seguros para todas y todos. Por ello, entre 2018- 2019, se creó el Protocolo de prevención y actuación en casos de discriminación y violencia de género, hostigamiento y acoso sexual en Fundar, a partir de un proceso de reflexión y autocrítica dentro del equipo.
A través de este Protocolo, Fundar reconoce que el hostigamiento y acoso sexual conllevan un carácter estructural de las asimetrías de poder y las desigualdades entre los géneros, y busca establecer las definiciones centrales, así como los mecanismos con los que en Fundar se realizará la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por actos de discriminación y violencia de género.
Con este Protocolo, el equipo y todas las personas que entren en relación laboral con Fundar, tendrán claridad sobre las conductas que conllevan un acto de discriminación de género para prevenirlas y la forma de proceder de la organización ante este tipo de violaciones a derechos y libertades.
Ruta de
atención:
- ¿Quién puede denunciar?
- ¿A quién puedes denunciar?
La denuncia puede hacerse si está involucrada una persona integrante de Fundar, de sus órganos de gobierno y/o alguno de sus consultores/as que mantengan una relación laboral con la organización.
- ¿Cómo pueden ser las denuncias?
La denuncia puede hacerse si está involucrada una persona integrante de Fundar, de sus órganos de gobierno y/o alguno de sus consultores/as que mantengan una relación laboral con la organización.
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Para asegurar un proceso confidencial y directo, la denuncia llegará directamente al Comité Interno del Protocolo, conformado por una persona externa y experta en violencia de género, una integrante de la Asamblea de Fundar y una integrante del equipo de la organización.
Seguimiento
y resolución:
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En un periodo no mayor a 30 días hábiles, el Comité realizará una investigación e informará a cada una de las partes por separado su resolución con las medidas a adoptar, según corresponda, reconociendo la situación histórica de desventaja y los efectos discriminatorios de la violencia de género.
Andrea Medina es abogada y litigante del Caso Campo Algodonero, ha participado en diversos procesos locales, nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres, y es parte del equipo jurídico de las organizaciones representantes en el Caso González y otras vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue coordinadora de proyectos de transversalidad de la perspectiva de género en instituciones públicas de Derechos Humanos (en particular la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de San Luis Potosí). Programa de Presupuestos Públicos. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C, y asesora para el Diálogo Interparlamentarios sobre violencia feminicida México-Guatemala-España. (Comisión Especial de Feminicidio), entre otras cosas.Estudió diplomados y maestría en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM. Es académica y trabaja como consultora independiente, mientras que a la par sostiene un trabajo político como enlace en la Ciudad de México de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).
