BOLETÍN DE PRENSA/San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 14 de enero de 2014
Ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) en Chiapas y de manera particular en el municipio de Chenalhó, se convirtió en un asunto riesgoso y en motivo de amenazas y de castigo para quienes creen y practican la Transparencia y la Rendición de Cuentas como parte sustantiva de la democracia real.
México y Chiapas viven un preocupante proceso de criminalización de la protesta social y de retroceso en materia de derechos ciudadanos; la opacidad, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos en campañas publicitarias, ganan terreno y se convierten en los principales signos de la gestión de los gobiernos federal y estatal. Así lo denunciaron los integrantes del Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenalhó, integrado por representantes de 15 localidades en el municipio de Chenalhó. Aunque el Consejo se creó formalmente el pasado mes de diciembre en la cabecera de Chenalhó y tuvo su primera reunión de trabajo ayer lunes 13 de enero de 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, tiene su origen en los trabajos de análisis de finanzas públicas municipales y de capacitación en el manejo de las principales herramientas de la contraloría social o comunitaria, iniciado hace justo un año (enero 2013).
Los cursos de capacitación y las reuniones informativas fueron promovidas y facilitadas por Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. El interés y la respuesta de los parajes por ejercer el DAI como base de la contraloría social fue notable; grupos comunitarios decidieron elaborar y presentar solicitudes de expedientes técnicos y presupuestos de obras comunitarias en el municipio. La respuesta del Presidente Municipal y su grupo político –afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, fue negativa; pero además emprendieron una campaña de linchamiento y persecución contra los promotores de la iniciativa, y de castigo a las comunidades que presentaron solicitudes de información. Pese a las amenazas y castigos impuestos, las contralorías comunitarias continuaron. Fue entonces que el Presidente Municipal convocó el pasado 5 de octubre de 2013 a los agentes auxiliares de las 97 comunidades del municipio, a firmar un Acta de Acuerdo por la que se prohíbe el acceso al municipio a Voces Mesoamericanas y de manera general a las organizaciones de la sociedad civil. Especialmente grave fue la amenaza de detención, cárcel y multa para integrantes de Voces Mesoamericanas, y que de no pagarse esta última se les quemaría vivos. Para el gobierno municipal de Chenalhó, las contralorías comunitarias son una amenaza pública. Lo cierto es que son una amenaza para la opacidad, la corrupción y el uso discrecional y partidario de los recursos públicos en el municipio.
A las amenazas y presiones políticas, las y los promotores de las contralorías comunitarias respondieron con mayor organización y por eso decidieron constituir el Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenalhó, que define como su tarea principal: animar y acompañar técnica y políticamente a las personas, grupos y comunidades que deciden libre y concientemente ejercer sus derechos ciudadanos y practicar la contraloría comunitaria. La presión política continúa y apenas el día de ayer -13 de enero-, fue expulsado Mariano Gutiérrez Rodríguez y su familia de la comunidad de Jabaltón; su único delito es solicitar información sobre el uso y destino de los recursos públicos destinados a la obra comunitaria y asistir a talleres de capacitación; otros cuatro miembros de la contraloría en la misma localidad fueron castigados y son obligados a pedir perdón, junto con la amenaza latente de ser también expulsados. Las autoridades comunitarias de Jabaltón tomaron la decisión de expulsar y castigar a los miembros de las contralorías, a pesar de haber perdido la votación en la asamblea comunitaria. Por eso, el Consejo hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales a restablecer la legalidad y a que se protejan los derechos humanos en el municipio de Chenalhó, y de manera particular, a garantizar la seguridad y la integridad física y emocional de Mariano Gutiérrez Rodríguez, de su familia y de todas las personas que son víctimas de los abusos y atropellos de las autoridades municipales.
Por último, el Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenalhó junto con la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas y Voces Mesoamericanas, lanzaron este mismo día la Campaña de difusión “Del presupuesto al hecho: que no haya trecho”. Mediante un folleto informativo bilingüe (en tsotsil y español), cuatro cápsulas radiofónicas (en tsotsil, tseltal, tojolabal y español) y con la participación de radios públicas, comunitarias y religiosas, se difundirán los mensajes de sensibilización y concientización de la población local respecto a la importancia de ejercer derechos ciudadanos básicos que hoy son negados por el gobierno priísta de Chenalhó y los grupos de poder que ven en las contralorías comunitarias una verdadera amenaza a sus intereses económicos y políticos.
Para las organizaciones indígenas y civiles que impulsan esta campaña, la Transparencia y la Rendición de Cuentas pueden y deben ser usos y costumbres, nuevas formas de la ciudadanía comunitaria a la que aspiran mujeres y hombres en Chenalhó, en Chiapas y todo el país.
Información de contacto:
Deyanira Clériga Morales
(967) 67 47811
