Los resultados del Foro, Derechos Humanos, Democracia y Seguridad, 30 de septiembre, 2014- Senado de la República
Posicionamiento
La actual crisis de derechos humanos exige al Congreso tomar medidas adecuadas en materia de seguridad y justicia desde una perspectiva de derechos humanos. Por tanto, analizar y discutir las iniciativas enviadas por el ejecutivo el 27 de noviembre, 2014 tomando como referente los estándares más altos en materia de derechos huamnos debe ser una prioridad en el periodo legislativo que inicia el 1º de febrero de 2015.
Diversas organizaciones consideramos que la situación actual por la que atraviesa el país, requiere un modelo de seguridad distinto basado en el fortalecimiento de la exigibilidad de los derechos humanos y no reformas o ajustes al modelo de seguridad vigente. Este fue el planteamiento de defensores de derechos humanos que se reunieron en el Senado de la Republica para plantear prioridades en materia de justicia y de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.
Durante el foro las y los ponentes identificamos una serie de elementos prioritarios para la elaboración de un nuevo modelo de seguridad: mecanismos efectivos para prevenir y responder de manera inmediata ante casos de desaparición forzada y de desaparición de personas; mecanismos efectivos de control democrático internos y externos de las instituciones de seguridad; marcos efectivos para regular el uso de la fuerza, incluyendo mecanismos para la investigación y sanción efectiva; y políticas de prevención integrales que parten de los derechos de los sectores más vulnerables a ser víctimas de la violencia, incluyendo mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y migrantes.
Hacemos un llamado a los senadores y diputados que en este periodo legislativo prioricen el análisis y la discusión de reformas que permiten transitar hacia un modelo centrado en la seguridad de los derechos humanos de los ciudadanos y de la población migrante en el país. Para ese fin, ofrecemos el contenido de las ponencias del Foro, Derechos Humanos, Democracia y Seguridad.
Resumen de las ponencias
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Ponencias:
Conferencia Magistral: Javier E. Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su conferencia magistral, Javier Hernández nos recuerda que ya han pasado más de cinco años desde la publicación del informe, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluye una serie de recomendaciones para que los Estados transiten de modelos reactivos de seguridad, a modelos que colocan los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad y de justicia. Señala que mientras persista la desigualdad socio – económica en el continente, incluyendo México, difícilmente va a ver un mejoramiento en las políticas de seguridad. Por lo mismo, insiste en la necesidad de elaborar políticas para la reducción de las tasas de violencia a la par de políticas que modifican las condiciones de violencia estructural (la pobreza, violencia de género, falta de empleo, discriminación hacia los pueblos indígenas etc.). En cuanto las prioridades en materia de justicia y de seguridad en clave de derechos humanos, insiste en que ya debemos dar por saldado el debate sobre el nivel de aplicación normativa y de estándares de derechos humanos, ya que en los últimos diez años México ha avanzado mucho en estos aspectos. Identifica dos pendientes centrales, el de los mecanismos de control civil de las instituciones seguridad y el de la rendición de cuentas ciudadana.
Mesa 1:
Edgar Cortez, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
En su ponencia Edgar Cortez identifica cuatro puntos prioritarios para atender en las reformas a las políticas de seguridad y de justicia. El primero, la falta de un diagnóstico claro y consensuado sobre temas de violencia y de seguridad. Señala que muchas de las políticas de estado reciclan viejos planteamientos y simplemente reproducen las mismas recetas que ya se han demostrado inefectivas. El segundo, la reglamentación efectiva del uso de la fuerzas de las instituciones de seguridad. Cada vez que sucede un evento como el caso de Iguala se vuelve a hablar del uso de la fuerza, pero sin un seguimiento de fondo y si políticas efectivas, que incluyen un monitoreo estricto de su implementación. Tercero, cómo dotar de contenido a las dependencias para prevenir y responder de manera adecuada ante casos de desaparición forzada. El cuarto, la existencia de un rezago preocupante en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados, lo que implica que altos porcentajes de la población van a entrar al nuevo sistema, sin que este esté dotado de contenido sólido. Ello genera los riesgos asociados con la improvisación y de un apresuramiento.
Michael Chamberlin, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y asesor de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM).
Michael Chamberlin centra su intervención en el tema de la desaparición forzada. Se refiere al caso de Coahuila como un ejemplo de buenas prácticas a seguir reproduciendo en otras entidades de la república. La organización Fundem logró una mesa de negociación con el congreso local para recuperar el contenido del grupo de trabajo sobre desaparición forzada, particularmente en tres grandes ámbitos: 1) marcos normativos que prohíben y tipifican el delito de desaparición forzada conforme estándares internacionales; 2) ayuda humanitaria a familiares de desaparecidos; 3) la ley de declaración de ausencia que es muy novedosa en el país, y un fondo de apoyo para familiares de desaparecidos.
A nivel federal identifica rezagos importantes en el Ministerio Público que son prioritarios modifica: 1) la falta de capacidad del ministerio público de generar investigación en casos de desaparición forzada y la desaparición de persona; falta de recursos científicos y la insuficiencia de bancos forenses y de bancos genéticos; 3) la permanencia de un esquema de tutelaje y una centralidad en el MP a la hora de la acción penal que no permite a las víctimas participar.
Isidoro Aguilar, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Isidoro Aguilar se refiere a la situación de emergencia tras la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural de Ayoztinapa. Narra los sucesos de la noche del 26 de septiembre 2014 y exige la presentación con vida de los desaparecidos, la investigación y sanción a los responsables, y la verdad y reparación integral a las víctimas y familiares. También externa la preocupación por la integridad física de los familiares, normalistas y defensores que acompañan a la normal de Ayotzinapa. Recalca que el caso de Iguala no es un hecho aislado sino refleja tendencias mucho más amplias y generales.
Simón Hernández, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez.
Simón Hernández clasifica el modelo de seguridad actual como un modelo altamente autoritaria que incluso se podrían enmarcar en las Doctrinas de Seguridad Nacional propias de las dictaduras en América latina, donde se apela a un enemigo interno y de suspensión o vigencia de los derechos humanos, y que apela a la restricción de derechos y a la consolidación de un modelo de excepción que no guarda una relación con el sistema de justicia que busca establecer controles. Se refiere sobre todo a dos mecanismos de excepción, la figura del arraigo y de la flagrancia que tienen que ser revisados, y en el caso del arraigo eliminado como figura. Identifica la tarea prioritaria de revisar en qué mecanismos de las políticas de seguridad y de justicia se refleja esta lógica de excepción como un primer paso hacia modelos de seguridad basados en los derechos humanos.
Mesa 2:
Carlos Cruz, Cauce Ciudadano
Carlos Cruz se refiere al trabajo cotidiano de prevención social que Cauce mantiene con jóvenes de barrios o regiones de alta marginación social e identifica que una parte importante de las políticas de estado dirigidos hacia los jóvenes los ven como si fueran uno de los peligros para la sociedad, cuando son mucho más los peligros que generan riesgos para la población juvenil en México, que los beneficios que le da el Estado. Insiste en la necesidad de elaborar política diferenciadas entre el crimen común, y los casos de jóvenes que participan en los más de 21 delitos de la delincuencia organizada, en lugar de las políticas actuales que diseñan intervenciones que aplican tanto para un joven involucrado en la delincuencia organizada que un joven que genera bullying. Llama a la elaboración de políticas integrales, diferenciadas y de justicia transicional. Cause considera que debe existir una ley de reinserción social de trabajo con adolescentes. Urge una ley de justicia para adolescentes, como un tema especializado, y no como un tema en que se ven las accione psicosociales.
Ana Pecova, Equis, Justicia para las Mujeres.
1era.Parte
2nda.Parte
Ana Pecova aporta la perspectiva de género en el debate de hoy porque las mujeres están en una situación particularmente vulnerable. Señala una contradicción en las políticas de seguridad, ya que una mirada tradicionalista atiende el espacio público, y eso deja excluido en gran medida la violencia hacia las mujeres que responde al llamado espacio privado. Resalta en su ponencia es que el poder judicial tiene un papel muy importante de prevención de la violencia contra las mujeres que no ha sido del todo explorado y es crucial, no solo tiene el poder judicial un papel en juzgar, sino también en la prevención.
Mariana Mora, Fundar, Centro de Análisis e Investigación/ CIESAS
Mariana Mora señala tres coordenadas centrales para transitar hacia un modelo de seguridad basado en la seguridad de los derechos humanos como el mecanismo más efectivo para reducir la violencia y crear mayores condiciones de seguridad personal y colectiva entre la población. El primero, políticas que reconocen que el núcleo básico de derechos – a la vida, integridad personal etc. – se protegen en su inter- dependencia con otros derechos de carácter social y económico. Bajo esta postura, las fuerzas de seguridad pública son sólo un eslabón en las políticas de seguridad del Estado, que a su vez deben actuar como garantes de los derechos humanos, en lugar de defender el orden público. Segundo, emprender políticas multi- dimensionales que establecen una relación estrecha entre el acceso a mayores posibilidades de desarrollo humano y las condiciones de seguridad en la vida cotidiana de la población. Tercero, una nueva agenda de seguridad debe partir de los derechos de distintos sectores de la población, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de los jóvenes, mujeres y la población migrante. En ese sentido, las políticas de prevención deben ir replanteadas a partir del cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos a partir de un desempaque de los mismos, de manera diferenciada según la necesidades específicas de distintos sectores de la población.
Mesa 3
Ernesto López Portillo, Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)
Ernesto López Portillo le recuerda al Senado de la iniciativa pendiente de ser aprobada que se refiere a los controles democráticos de las instituciones policiales, particularmente la figura de un auditor especial independiente. A pesar de que la iniciativa no haya avanzado lo suficiente en el Senado, Insyde ha estado promoviendo los controles democráticos en el país, no solo a nivel federal, sino estatal. Resalta el caso de la Policía Preventiva Municipal de Querétaro que incluye una entidad especializada que evalúa a la policía y selecciona los procesos a fiscalizar.
Perseo Quiroz, Amnistía Internacional
Perseo Quiroz señala tres mecanismos de control básicos en un estado de derechos que actualmente se encuentran deficientes en México. El primero, es el rol que el Senado de la República y la Cámara de Diputados pueden jugar como peso y contra peso del Poder Ejecutivo y de la policía. Falta hacer valer esas facultades que tiene el senado para hacer comparecer a estos titulares no solo de SEDENA, sino de las policías. El segundo tiene que ver con el debido proceso en los distintos ámbitos de su aplicación. Falta revisar las reglas y los protocolos básicos que tienen que ver con el debido proceso porque hay aspectos que tienen que ver con lo que ocurre entre el momento de detención y el momento en que el tenido esta puesto a disposición. Las recomendaciones internacionales señalan que en México tiene que haber un registro de personas detenidas y esta base de datos debe contener información sobre el nombre de la persona, el lugar de detención, quién hizo la detención, el motivo, cuánto tiempo estuvo en detención, el tiempo que tardaron en trasladarlos a la autoridad competente y notificar a los familiares de su detención. Sin este registro, hay dos grandes peligros: la persona puede ser torturada o que la persona puede desaparecer. El tercero, no se están respetando las consecuencias jurídicas cuando estos protocolos no son aplicados. Si no existe una consecuencia y una sanción y una reparación a las personas que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, seguimos reforzando el círculo de impunidad.
José Antonio Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
1era.Parte
2nda.Parte
Por último, José Antonio Guevara refiere a tres controles democráticos necesarios para garantizar una seguridad con perspectiva de derechos humanos. El primero es el control constitucional. El segundo es la legislación sobre el uso de la fuerza y el tercero, los mecanismos y garantías para la protección del derecho a la vida. Señala que el caso Tlatlaya deja ver que los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza fallaron completamente todos.
