Información ambiental en México: entre la transparencia y la opacidad

Información ambiental en México: entre la transparencia y la opacidad

En los últimos 19 años se ha fortalecido –de forma progresiva- un marco normativo que ha impulsado la transparencia y el acceso a la información ambiental. Aunque estos temas se materializaron en 2003 con las obligaciones generales para las entidades públicas del país gracias a la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), cabe mencionar que el sector público encargado de la gestión del medio ambiente fue precursor en el establecimiento de un marco legal para el acceso a información.

En el año de 1996 se incorporaron a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente diversas disposiciones para facilitar el acceso a información pública (artículos 159 y 159 BIS). Desde entonces, profesionistas, investigadores y miembros de organizaciones civiles –principalmente- han utilizado la información ambiental como materia prima para realizar estudios sobre el manejo del medio ambiente y también, para efectuar tareas de incidencia encaminadas a demandar mayor transparencia y rendición de cuentas en este sector.

En la actualidad, el derecho de acceso a la información, es decir, la garantía que tiene toda persona de solicitar y obtener información pública está reconocida en el artículo 6º de la Constitución, que se establece que toda información que posee el gobierno es pública y la excepción es la reserva.[1]

Pese a contar con un marco legal “robusto”, el acceso efectivo a la información ambiental se asemeja más al libramiento de una batalla que al ejercicio de un derecho; a veces se consigue sin mucho esfuerzo, pero otras, demanda el uso estrategias legales (como los recursos de revisión) para obtener la información que interesa obtener.

Como ejemplos basta mencionar algunos de los obstáculos que enfrentan los ciudadanos: la búsqueda de información en las páginas de internet del gobierno se convierte en ocasiones en un largo tránsito por intrincados laberintos; la publicación de información excesivamente técnica por parte de las autoridades dificulta su entendimiento; las respuestas a las solicitudes de información que realizan los interesados con frecuencia son incompletas; la entrega documentos se realiza en formatos cerrados; e inclusive se les niega la información so pretexto de inexistencia o por razones de seguridad nacional.

Aunque existen muchos desafíos para eliminar la opacidad y mejorar el acceso a información, sin duda, un avance significativo es la construcción de herramientas que facilitan la difusión y la consulta de datos. Al respecto, sobresalen dos productos que son resultado de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto Plan de Acción 2013–2015[2]. El primero, los Indicadores de Crecimiento Verde, estos 69 puntos dan cuenta de las condiciones sociales, las oportunidades económicas y políticas encaminadas al desarrollo sustentable. El segundo producto es el Módulo de consulta y Reuniones Públicas en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un sistema para registrar los proyectos sometidos a procesos de consulta y reunión pública en materia ambiental.

Estas herramientas elaboradas por organizaciones de la sociedad civil y autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) proveen otras vías para el acceso a información ambiental relevante que -a su vez- permiten transparentar el curso de la política ambiental en el país. Ahora, es el turno de la sociedad en su conjunto para utilizarlas y monitorear las acciones de gobierno en favor del cuidado efectivo de nuestro entorno “socio -ambiental”.

Gina Chacón
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2015/11/5/informacion-ambiental-en-mexico-entre-la-transparencia-y-la-opacidad

 

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[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm [2]La Alianza por el Gobierno Abierto es plataforma de trabajo institucional, que apuesta por la cogobernanza, permitió la construcción de acuerdos entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la publicación de información ambiental relevante.

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