La farsa de la protección social en salud

La farsa de la protección social en salud

Año tras año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa y emite observaciones en torno a cómo se gasta el presupuesto del Seguro Popular y hace tan sólo unas semanas, publicó el Informe de la Cuenta Pública 2014, en el cual la propia ASF detecta nuevamente áreas de riesgo e irregularidades en el ejercicio de esos recursos.

Recordemos que el Seguro Popular es la principal fuente de financiamiento de los recursos de la Secretaría de Salud, de un 48,44% en el año 2009, pasó a representar el 55,46% en 2015, y el 58,18% en el año 2016.

Estas cifras son importantes cuando la ASF señala que existen áreas de riesgo y para el caso del Seguro Popular, encuentra asuntos de suma importancia como lo es el registro de afiliación, del cual por ejemplo, resalta que existen alrededor de 7 millones de personas que también están en los padrones de instituciones de la seguridad social (6, 905, 069 de personas para ser exactos).

Esta situación puede abordarse desde diferentes perspectivas, una es que las personas hacemos lo posible por contar con atención en salud, con la obviedad de ser una necesidad esencial. Otra perspectiva, es que las entidades federativas registren lo que más se pueda, en el entendido de que el Seguro Popular implica allegarse de financiamiento.

Otro llamado de atención es la enorme cantidad de personas que están fuera de cualquier modelo institucional de salud. El cálculo es muy simple: conforme al total de la población se restan las registradas en las instituciones de la seguridad social, y en el Seguro Popular, dando como resultado que alrededor de 8, 994, 528 personas están fuera de las listas oficiales.

Tal cantidad de personas, representan casi la totalidad de las y los habitantes del estado de Veracruz, o la población total de Michoacán, Guerrero, y Colima. La magnitud numérica se debe poner sobre la mesa debido a que el modelo de financiamiento —impuesto a través del Seguro Popular— delinea el quehacer administrativo de los servicios de salud y también el acceso a los mismos.

Por ejemplo, para un hospital general, el Seguro significa un soporte de recursos, por lo mismo requiere atender solamente a afiliados o afiliadas, generando un filtro en la atención y un obstáculo en el acceso a las personas sin cédula que les acredite como tales. Un ejemplo de esto ocurre cuando (en el mejor de los casos) una persona logra llegar a un centro de salud y ser derivado a un hospital al que tendrá que trasladarse a través de sus propios medios para ser atendido en tiempo. Por ello, ¿cómo el Estado mexicano asume su responsabilidad de la atención en salud de casi 9 millones de personas?

Otra situación alarmante que las autoridades sanitarias no resuelven, es la figura de un catálogo que reduce el financiamiento a un paquete de intervenciones en salud, la ASF reiteradamente apunta a que dicho paquete apenas abarca el 2.4% de los 14,418 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud.

Si el propio Seguro Popular reporta en el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud realizado en 2014, que los tiempos de espera son de 86.4 minutos (mucho más que los 30 minutos que la propia Secretaría de Salud define como parámetro de calidad) y la satisfacción por el surtimiento de medicamentos fue de 79.3%, inferior en 15.7 puntos porcentuales al estándar de la SS del 95.0%. Tal percepción indica que finalmente las y los afiliados terminan comprando medicamentos con su dinero, aun cuando se supone que el modelo del SP asegura la disponibilidad y la gratuidad de estos.

El dictamen de la ASF es contundente y categórico al afirmar: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, la CNPSS otorgó financiamiento para que 57,300,000 personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud; sin embargo, no se dispuso de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Es urgente que se reconforme la estructura financiera en salud para que funcione como un mecanismo del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud y conforme a sus obligaciones constitucionales, resguarde la dignidad humana.

Daniela Díaz Echeverría

http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2016/05/13/la-farsa-de-la-proteccion-social-en-salud

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