La paridad no es trampa

La paridad no es trampa

Contrario a lo publicado por El Universal, el proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los más transparentes, participativos y claros que ha conocido la administración pública en los últimos años.

El proceso de designación de las y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción encarna un cambio de paradigma; lástima que algunos interpreten este avance como una trampa. En los últimos días surgieron nuevos ataques a este proceso de designación que terminó hace cinco meses. Esta vez, el periódico El Universaltituló su primera plana “Evidencian “trampa” en sistema anticorrupción”, basado en el siguiente argumento: no quedaron seleccionados las y los candidatos que habían obtenidos la mayor puntuación con base en las cédulas de evaluación de las entrevistas.

La trampa es no contemplar la globalidad del proceso. Como bien lo explicó el CPC en su respuesta, esta denuncia se sustenta solo con base en el análisis de una parte del proceso de designación (las entrevistas), que en su totalidad duró cuatro meses y tuvo dos grandes etapas. “La Comisión de Selección siguió una metodología precisa, publicada y difundida previo al proceso de selección, misma que fue del conocimiento de todos quienes participaron y del público en general. Esta metodología contempló varias etapas (…).”

Al contrario de lo que propone el titular de El Universal, entendido en su integralidad este proceso de designación aparece como uno de los más transparentes, participativos y claros que ha conocido la administración pública en los últimos años. Basta con darse una vuelta por el sitio de internet donde la Comisión de Selección reportó y publicó paso a paso los expedientes, las minutas, la metodología del proceso y hasta quién se excusó cuando había un posible conflicto de interés con un o una candidata. La participación ciudadana estuvo en el centro de este proceso con la creación de la Comisión de Selección pero también con la apertura de varios espacios para escuchar a la ciudadanía y tomar en cuenta sus posiciones. Como resultado de esta apertura, por ejemplo, se recibieron preguntas elaboradas por las y los ciudadanos para ser parte de las entrevistas.

Con todo, lo más preocupante de estos ataques es que revelan un entendimiento muy limitado de las diversas dimensiones que se deben valorar a la hora de designar a las y los futuros integrantes de un órgano colegiado como es el CPC. En la misma metodología de evaluación compartida por el CPC se específica que “otros elementos que se valorarán en la decisión son la diversidad de género, geográfica, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias. También se considerarán con especial cuidado las trayectorias de vida, la aptitud de trabajar en un órgano colegiado, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio”.

Los derechos humanos son fundamentales para el combate a la corrupción.Uno de los puntos centrales del artículo es la designación de Mariclaire Acosta, de la que aseveran fue por supuestos “criterios subjetivos”. Este cuestionamiento surge por un entendimiento equívoco de los criterios de selección necesarios para un proceso de designación, de las características de la lucha contra la corrupción y del papel del Comité de Participación Ciudadana.

Según estos detractores, la paridad habría sido resultado de una valoración subjetiva, una trampa casi. Esta perspectiva no es correcta porque no considera la importancia del criterio de paridad de género o la experticia en derechos humanos para concretar objetivos y logros más amplios en la integración de los Consejos.

La paridad de género es el resultado de largas batallas para permitir a las mujeres acceder a espacios de poder y revertir la discriminación que siguen padeciendo en la política. Vale la pena recordar que solo el 10 por ciento de los puestos más altos del gobierno federal están a cargo de mujeres, para entender que falta todavía un largo camino por recorrer.

Pero más allá de un tema de género, Mariclaire Acosta tiene una larga y reconocida trayectoria nacional e internacional en derechos humanos, y es lo que se valoró a la hora de evaluar su perfil. Para citar algunos ejemplos: fue subsecretaria para los Derechos Humanos y la Democracia de la SRE, nombrada por el entonces presidente Vicente Fox, ocupó varios puestos en organismos internacionales y fue fundadora y directora de varias organizaciones especializadas. Es la única integrante del CPC con este perfil tan peculiar. Su trayectoria y conocimiento son fundamentales para el combate a la corrupción.

Pensar que la agenda anticorrupción no está asociada a la garantía y el fortalecimiento de los derechos humanos es olvidar que la corrupción mata y afecta a los derechos más básicos de la gente. Por ejemplo, los millones desviados por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tienen consecuencia sobre el tratamiento contra el cáncer que recibieron docenas de niños y niñas veracruzanos, es decir, la corrupción afectó su derecho a la salud y a la vida. Privilegiar el enfoque de derechos humanos en la agenda anticorrupción es un reclamo de muchos expertos. Permite llamar la atención sobre el daño que puede generar la corrupción y encontrar nuevas soluciones para combatirla.

En pocas palabras, el proceso de designación del CPC se dio en completa armonía con la apuesta inédita de poner en manos de un comité ciudadano la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité tiene la difícil tarea de reconstruir confianza y cambiar el paradigma del combate a la corrupción: menos punitivo, más preventivo; menos tecnocrático y más participativo; menos burocrático y más humano. De eso se trata ciudadanizar la lucha contra la corrupción.


[ Por Justine Dupuy ]

[ Artículo en Animal Político ]