Los 50 puntos: El diablo se esconde en los detalles

Los 50 puntos: El diablo se esconde en los detalles

Hace un mes, el presidente electo, Andrés López Obrador, compartió los lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana y combateque contienen 50 puntos que el próximo gobierno quiere implementar. Este documento es una señal política fuerte que pone en el debate público las prioridades del nuevo gobierno: austeridad y combate a la corrupción. Y es también un mensaje claro de ruptura con el gobierno saliente, que se ha caracterizado por los dispendios y grandes escándalos de corrupción que mancharon tanto al ejecutivo federal como a varios gobernadores que llegaron al poder en este sexenio.

En los 50 puntos se destacan medidas  como terminar con la figura del fuero de la cual benefician muchos funcionarios públicos (1 y 2), garantizar la autonomía y eficacia de la Fiscalía General y Especial para el Combate a la Corrupción (4 y 5), fortalecer la implementación de las declaraciones patrimoniales (7), cancelar los fideicomisos (18), promover prácticas éticas de los funcionarios públicos (25, 26, 32, 47), fortalecer  el control de los conflictos de intereses (30), avanzar hacia un mejor esquema de compras públicas (44, 45) y terminar con los moches de los legisladores (46).

En general, estas propuestas son el reflejo de varias demandas y batallas de la sociedad civil en materia de combate a la corrupción desde hace varios años. Sin embargo, estos lineamientos no proveen información detallada sobre cada propuesta, lo que provoca muchas de las dudas que han surgido en las últimas semanas. El mensaje simbólico y político de estos 50 puntos es fuerte y refleja el hartazgo ciudadano hacia la corrupción, pero necesita acompañarse, en los próximos meses de transición, de un proceso abierto e inclusivo de debate y construcción para hacer de este plan una realidad. A continuación, comparto algunas preguntas que desde Fundar nos hemos planteado:

  • ¿Son las únicas propuestas que se buscan implementar para combatir la corrupción? En el documento no se plasman medidas relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, importante reforma estructural impulsada desde la sociedad civil en el sexenio de Peña Nieto y que está en fase de implementación. Tampoco se pronuncia sobre el fortalecimiento del servicio civil de carrera de los y las funcionarias para avanzar en la profesionalización de la administración pública.
  • ¿Cómo se garantizará la autonomía de la Fiscalía General y la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción? Más que asegurar que la procuración de justicia tendrá autonomía “en los hechos”, es importante construir esta autonomía desde el marco normativo e institucional hasta su aplicación. ¿Cómo se piensa cumplir con este gran pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción? El Colectivo #FiscalíaQuéSirva ha planteado la importancia de transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en una genuina Fiscalía Independiente, comenzando por reformar de forma abierta y participativa el artículo 102 constitucional.
  • ¿Con base en qué criterios se cancelarán o no los fideicomisos? Desaparecer los fideicomisos “no resuelve el problema de fondo y en realidad resulta una medida extrema que no es estratégica ni factible, porque existen fideicomisos que son necesarios para impulsar el desarrollo,” como lo explicamos en el blog Muerto el Fideicomiso, ¿Se acabó la rabia? . Según las últimas declaraciones del equipo de López Obrador, se hará una revisión puntual del uso de esta figura legal para evaluar qué fideicomisos deben desaparecer. Ahí es importante saber cómo se hará este diagnóstico y con base en qué criterios se decidirá suprimir algunos y no otros. Además de esta revisión, los retos mayores con los fideicomisos es tener una definición amplia de los que pertenecen al ámbito público -a pesar de tener financiamiento privado parcial o total- y a los que entonces deberían exigir transparencia y rendición de cuentas.
  • ¿Cómo impedir las conductas corruptas de los funcionarios? El reto reside en aplicar las leyes que ya existen más que crear nuevas tipificaciones. Según los 50 puntos, se prohíbe utilizar vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares (25); contratar a familiares (26); ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado sin autorización (31) o recibir regalos de más de 5000 pesos (47). Salvo la prohibición de recibir regalos estipulado en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), es cierto que estas conductas no se mencionan de forma textual en esta misma ley. Sin embargo, son conductas ya prohibidas que entrarían en la categoría de faltas administrativas graves definidas en la LGRA como el abuso de autoridad, el peculado, o el soborno. En este caso, la responsabilidad de investigar y procesar estas faltas recae en manos de tres instituciones: la Secretaría de la Función Pública a través de los Órganos Internos de Control, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo el nuevo gobierno piensa garantizar la implementación y aplicación de estas prohibiciones que existen ya en la ley? ¿Qué hay que fortalecer en las tres instituciones para garantizar la aplicación de la LGRA? ¿Qué políticas de prevención se piensa llevar a cabo para cambiar las prácticas?

Como ya se comentó al inicio, los 50 puntos son una respuesta al hartazgo de una sociedad cansada de la corrupción y los abusos de las autoridades, un mensaje de ruptura con la pasada administración y un dibujo de las prioridades del nuevo gobierno, pero falta aún mucha información sobre cómo se implementarán estas medidas para que se pueda valorar su dimensión o posibles impactos. El diablo está en los detalles, por eso hay que cuidarlos. En los meses venideros será necesario que el nuevo gobierno abra un proceso abierto y participativo para discutir y justificar la idoneidad de estas propuestas iniciales, sus alcances y limitaciones, y las formas específicas en que se implementarán. Este proceso también debe permitir que la ciudadanía pueda hacer llegar otras propuestas que sean complementarias y que abonen al combate a la corrupción.


 [ Por: Justine Dupuy ]

[ Artículo en Animal Político ]