Los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes deben estar en el centro de las políticas públicas

Los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes  deben estar en el centro de las políticas públicas

La situación que viven las y los migrantes en México ha sido desde hace años una preocupación para las personas, familias y comunidades migrantes; así como para los países de la región y organizaciones de la sociedad civil. Existen estudios que sugieren que las violaciones a derechos humanos son sistemáticas y obedecen a un patrón de conducta.[1] Las personas migrantes son víctimas frecuentes de la delincuencia a lo largo de su paso por México; delitos como el robo, el secuestro, el homicidio y la trata de personas han sido identificados y en ocasiones denunciados públicamente por las personas migrantes y las organizaciones que les asisten y defienden sus derechos humanos.

La situación antes descrita se ve agravada por tres elementos. Primero, la falta de oportunidades para conseguir un trabajo digno y la situación de violencia en los países de Centroamérica. Las causas estructurales que generan la emigración de personas no permiten distinguir cuándo alguien es migrante económico y cuándo migra en búsqueda de asilo, refugio o protección complementaria. Esto genera desafíos importantes para el Estado mexicano que debe atender de manera urgente en términos de procedimientos y de coordinación entre diversas dependencias (INM, DIF, COMAR, etc.). Segundo, las políticas de control de Estados Unidos que únicamente han orillado a las personas a migrar en condiciones de alta vulnerabilidad –como se ha comprobado desde mediados de la década de 1980. Tercero, la impunidad que existe en nuestro país y que es vivida con mayor intensidad por las personas migrantes. Usualmente, migran con miedo a ser detenidas por los agentes del Estado algo que los puede orillar a ser víctimas de delitos.

La política del gobierno mexicano respecto a la migración irregular en tránsito por México incluye la detención (o alojamiento) de las personas migrantes para su posterior deportación o retorno asistido a sus países de origen. Con fundamento en la Ley de Migración, algunas personas llegan a ser retenidas por semanas, por haber interpuesto un juicio de amparo en contra de la inminente deportación. En ocasiones, personas solicitantes de la calidad de refugiadas permanecen en las estaciones migratorias; violándose así tratados de derecho internacional de los derechos humanos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada por México.[2] Es especialmente grave el contexto en el que una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes no acompañados están migrando desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México.

Desde 2013 el Consejo Ciudadano del INM (CC-INM) ha venido trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Migración y haciendo propuestas que ayuden a cambiar la realidad de las personas migrantes en su cotidianidad. Las personas que tenemos el privilegio de participar en dicho espacio y la responsabilidad que conlleva, somos conscientes de que no todo está dentro de las atribuciones de dicha institución.

Consideramos que es fundamental que en la elaboración de políticas relacionadas con el fenómeno migratorio, se tome en cuenta que la migración es la consecuencia de múltiples factores como la desintegración de la unidad familiar, la pobreza, la falta de seguridad, así como de causas naturales. Resolver los problemas que causan que la gente decida salir de su país, es la única vía que, a mediano y largo plazo, puede garantizar la disminución de la migración masiva de personas. Para ello, es necesario el trabajo coordinado del gobierno mexicano con los gobiernos de otras naciones, principalmente centroamericanas.

El Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, al ser un compromiso presidencial, sienta una base importante para atender este y otros retos; más aún por ser la primera ocasión que México cuenta con un programa de esta naturaleza. Las acciones de Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur no pueden estar desvinculadas del PEM ni de los Programas Sectoriales de la administración pública federal. En este tenor y ante la alarmante situación que están viviendo los niños, niñas y adolescentes el CC-INM propone:

I. A la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

  1. Analizar las causas que han provocado la migración irregular de niñas, niños y adolescentes centroamericanos, buscando dar soluciones regionales al fenómeno, que intenten dar respuesta a la necesidad de integración familiar y a las situaciones de peligro sufridas por estos grupos de población.
  2. Trabajar junto con el CC-INM para evaluar y disminuir los requisitos existentes para que las personas obtengan una visa sin permiso para realizar actividades remuneradas con mayor facilidad y por ende no se vean orilladas a emprender su viaje clandestinamente.

II. Al Congreso de la Unión:

  1. Dotar de los recursos mínimos necesarios a las diversas instancias encargadas de implementar el PEM 2014-2018, en particular a aquellas acciones institucionales relacionadas con la protección de la niñez.
  2. A reformar el artículo 111 de la Ley de Migración que permite retener en las estaciones migratorias por más de 15 días a las personas en los casos en que interponen un recurso administrativo o judicial en contra de su situación migratoria.

III. Al Instituto Nacional de Migración:

  1. Generar procedimientos que faciliten la creación de alternativas a la detención (o alojamiento) de personas migrantes en situación irregular en su paso por México, en particular de niños, niñas y adolescentes garantizando su interés superior.
  2. Avanzar en procedimientos que permitan detectar debidamente a las víctimas de trata y proceder de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para Asistir y Proteger a las Víctimas; en colaboración –cuando sea el caso– de organizaciones debidamente acreditas.

IV. Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

  1. Asistir y proteger a las niñas, niños y adolescentes, a madres acompañadas de sus hijas e hijos o mujeres solas, para cumplir con las obligaciones que les confiere la Ley de Migración; esto a través de su red de albergues y refugios, federales, estatales y municipales; así como crear canales de comunicación con sus homólogos de los países de origen.

V. A la Procuraduría General de la República y procuradurías estatales:

  1. Coordinar esfuerzos para crear programas eficaces de prevención del delito, así como de investigación de los delitos en contra de migrantes.

VI. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

  1. Ejercer la facultad de investigación por violaciones graves que le confiere el último párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional.

Para más información contactar a:

Rodolfo Córdova
Presidente del Consejo Ciudadano 2013-2015
rodolfo@fundar.org.mx @chikmigrante

Mario Santiago
Consejero Ciudadano
Instituto Nacional de Migración
mario_santiago@yahoo.com @Jurismariohttps://twitter.com/Jurismario

[1] Véase por ejemplo: i(dh)eas. En tierra de nadie el laberinto de la impunidad, i(dh)eas, México, 2011.

[2] Sin fronteras. La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estaciones provisionales, México, 2013.