Propaganda o información: ¿Cómo se regula la publicidad oficial en México?

Propaganda o información: ¿Cómo se regula la publicidad oficial en México?

No existe una ley específica que defina criterios o lineamientos para su asignación, y la poca normatividad que existe carece de transparencia.

Hace unos meses, salí de mi casa en la colonia Nápoles rumbo a mi trabajo, ubicado en Coyoacán. Tomé la Ecobici, el metrobús y caminé un poco para llegar a mi destino. En el trayecto, me topé con espectaculares y más de cinco anuncios dedicados al ahora ex gobernador de Puebla. Me pareció raro que esa mañana la CDMX estuviera plagada con la imagen de Moreno Valle. Y por si fuera poco, en el puesto de periódicos descubrí que diversas revistas promocionan los “logros” y las imágenes de algunos gobernadores.

Lo que no sabía esa mañana es que la actual administración del gobierno federal ha gastado más de 24 mil millones de pesos (mdp) en publicidad oficial. No estaba enterada que esa publicidad la pagamos todos los mexicanos con el dinero de nuestros impuestos. Porque así es, son recursos públicos los que se involucran en la propaganda gubernamental del país en los niveles nacional, estatal y local.

A principios de año, me encontraba en el trabajo cuando sintonicé a Carmen Aristegui por internet, en donde reparó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunciando la reducción en 80% de los gastos en comunicación social. Mientras escuchaba la entrevista, me di cuenta de lo poco informada que estaba (y estamos) sobre el tema, y de la mala información que procesan los medios de comunicación que cuentan con publicidad oficial no regulada.

¿Qué es la publicidad oficial?

No es extraño que la imagen de gobernadores, y exgobernadores, aparezca en todos lados, particularmente la del actual ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, durante el año pasado. Además de haber aparecido en las estaciones del metrobús de la línea 1 durante el mes de noviembre, ha salido en medios impresos promoviendo su imagen, tal y como sucedió con la revista Líderes. Moreno Valle violó el marco normativo en materia de publicidad oficial promocionándose a diestra y siniestra por todo lo ancho y largo del país durante todo su mandato, gastando millones de pesos. En 2011 distribuyó 209 mdp entre contratos con medios de comunicación; en 2012, 141 mdp; en 2013, 139 mdp; en 2014, 133 mdp y en 2015, 130 mdp. Y como este funcionario, hay muchos otros más. Por ejemplo, en 2015, los estados que más gastaron en Publicidad Oficial fueron Quintana Roo, con mil 149 mdp; le sigue Tamaulipas con mil 033 mdp; Chihuahua con 996 mdp; y Coahuila con 995 mdp.

Pero, ¿de qué me sirve, o para qué me debe interesar ver la imagen de un funcionario de gobierno que es de otro estado, mientras me dirijo al trabajo? Rafael Moreno Valle manifestó sus pretensiones para 2018, cuando ni siquiera había terminado su gestión como gobernador en Puebla. La publicidad oficial no se trata de medrar o promocionar una imagen, sino que tiene un objetivo en específico: es un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, con la finalidad de informar asuntos relevantes como son la salud, la educación, los derechos humanos y, en general, cuestiones sociales.

Además, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional  deja muy claro que la publicidad oficial o propaganda gubernamentalbajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Sin embargo, como sucede muchas veces, las leyes se atropellan frecuentemente, lo que resulta en gastos descomunales en materia de comunicación social por parte de las autoridades.

En México la publicidad oficial no está regulada y la poca normatividad que existe fomenta prácticas de corrupción y censura en los medios de comunicación. La publicidad oficial no se trata de promocionar una imagen, sino de ser un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Esta publicidad debe ser una herramienta para la libertad de expresión y la libre circulación de ideas, y no para el financiamiento de los medios de comunicación.

Spiraf

¿Publicidad oficial o libertad para informar?

A diferencia de países como Canadá, España y Perú, en México, la publicidad oficial no está regulada. No existe una ley específica que defina criterios o lineamientos para su asignación; y la poca normatividad que existe carece de transparencia, lo que fomenta prácticas de corrupción y censura en los medios de comunicación. Si bien, a nivel federal se ha avanzado en transparentar los gastos que ejercen las dependencias y entidades gracias a la publicación del Sistema de Comunicación Social (ComSoc), aún permea la ausencia de claridad y rendición de cuentas en el tema, sobre todo a nivel estatal. Esto golpea directamente la libertad de expresión y la libertad para informar.

Además, los medios de comunicación no cuentan con la libertad necesaria para informar —salvo aquellos medios que son independientes—, debido a que están aprisionados por prácticas oficialistas y clientelares como es la publicidad oficial, produciendo censura indirecta, la cual favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, además de la información que transmiten, y las opiniones que estos construyen y difunden; o lo que acontece con las tantas radios comunitarias que subsisten en el país con la escasa asignación del espectro radioeléctrico: tan sólo el 1% del total aprobado para publicidad oficial, cifra que se desconoce.

Sabemos que el contexto de violencia no ayuda en la labor informativa. Sin embargo, los medios de comunicación deben fortalecer la confianza del ciudadano de a pie y fomentar el debate público, mediante la divulgación de lo que perciben por medio de la publicidad oficial o de otros fondos gubernamentales. Al mismo tiempo, se deben promover las discusiones sobre las relaciones financieras que existen entre el gobierno y los medios de comunicación, lo que permitirá abonar en la promoción de los medios plurales e independientes por parte del Estado.

Una promesa incumplida por Peña Nieto

En mayo de 2012, con el movimiento #YoSoy132 se abrió una oportunidad para que sociedad civil organizada junto con el gobierno convinieran sobre la democratización de los medios y la regulación de la publicidad oficial. No obstante, esta oportunidad quedó en el olvido y de hecho, concluyó con una promesa presidencial quebrantada. Fue en el mes de julio de ese mismo año, que Enrique Peña Nieto prometió ” la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno, con la finalidad de garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”. Hasta el día de hoy no hay ningún avance, han pasado cuatro años y no ha pasado nada.

Los avances en materia de publicidad oficial han sido pocos. Se requiere de una ciudadanía que ejerza presión social al exigir estar bien informados, sólo de ese modo podremos hacer valer nuestros derechos. Desde hace más de ocho años, diferentes organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de analizar los gastos en publicidad, tanto a nivel estatal como federal, para que de este modo podamos incidir en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la creación de una ley que regule la comunicación social en el país.

Después de varios días de preguntarme por qué el entonces gobernador de Puebla se me aparecía rumbo al trabajo, entendí que la publicidad oficial no puede ni debe ser entendida como un mecanismo para el financiamiento de los medios de comunicación, ya que esta visión retrógrada de esta publicidad afecta directamente a la libertad de expresión, a la libre circulación de ideas y el acceso a la información, lo que perjudica la construcción y consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural. Es urgente la necesidad de contar con medios de comunicación que realicen sus labores distantes del poder, del oficialismo, y que critiquen de manera constructiva, medios que digan la verdad y no lo que los gobernantes quieren escuchar.


[ Por Paulina Castaño ]

[ Artículo en Vice]