Hace apenas dos semanas, el viernes 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, regresaban de realizar una colecta de recursos cuando fueron agredidos por policías municipales de Iguala.De acuerdo a testimonios de los estudiantes, la policía los atacó tres veces: la primera, cuando estaban congregados en el zócalo de Iguala, lo que les hizo huir en los camiones en los que habían llegado a dicha ciudad. La segunda, cuando saliendo de la ciudad, fueron atacados por policías que dispararon a sus camiones y al camión del equipo de fútbol “Los Avispones” y a un taxi que circulaba por ahí. En este ataque murieron tres normalistas, uno de los futbolistas, el conductor y la pasajera del taxi. El tercer ataque fue en la misma plaza central de Iguala, cuando los estudiantes se habían reunido para denunciar el ataque que habían sufrido. Éste fue el momento cuando los estudiantes intentaron huir y desde entonces, 43 de ellos y ellas fueron desaparecidos.A partir de estos hechos, el gobierno de Guerrero ha entrado en una espiral de contradicciones y declaraciones de funcionarios públicos que no alcanzan a dimensionar la tragedia que implica este terrible hecho. El descubrimiento de fosas con cuerpos calcinados ha aumentado los temores de que los estudiantes hayan sido asesinados por policías al servicio de grupos del crimen organizado que operan en la región.
Sin embargo, en tanto no sean identificados los cuerpos, como sociedad civil tenemos que exigir a las autoridades y en particular a la Procuraduría General de la República (PGR) que las investigaciones sean realizadas bajo los más altos estándares científicos y con pleno respeto a los familiares de las víctimas, otorgando información en todo momento para que no sean revictimizados.
Además, se debe permitir la colaboración de las peritas del Equipo Argentino de Antropología Forense en la investigación, porque fueron propuestas por las familias de las víctimas y porque se requieren voces autorizados ante la desconfianza que generan las instituciones del Estado.
Lo ocurrido en Iguala es sólo la reciente, y probablemente la más terrible, de una lista de agravios contra estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos. El pasado 2 de diciembre de 2011, estudiantes de la Normal bloquearon la carretera México-Acapulco para exigir recursos para mejorar su escuela. La respuesta fue la represión del Estado, que acabó asesinando a los estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y deteniendo a más de 50 normalistas. Hoy, los estudiantes siguen esperando justicia porque los policías que fueron detenidos por estos hechos fueron liberados.
La violencia estatal hacia los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no puede quedar impune. Por ello, fue relevante la presencia de decenas de miles de personas en las calles el 8 de octubre para exigir que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Desde Fundar, nos solidarizamos con las y los estudiantes y sus familias y exigimos que el Estado mexicano realice una investigación exhaustiva de los hechos para que se garanticen los derechos a la verdad y a la justicia.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-10-2014/28030.
