Como seguramente ya saben, esta semana finalizó en el Senado la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética que tuvieron esta Cámara como origen. De esta manera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, entre otras, fueron dictaminadas y turnadas a la Cámara de Diputados.
La forma en que estos dictámenes fueron aprobados así como su contenido muestran que los Senadores han fallado en su obligación de salvaguardar el interés público y legislar en beneficio de la población a la que deben representar.
Respecto al primer aspecto, el Senado no estableció en ningún momento mecanismos para permitir la participación efectiva. Un ejemplo de ello es que pese a las más de 10,000 firmas presentadas ante el Senado para pedir la prohibición de la fractura hidráulica (fracking), éste fue un tema prácticamente ausente en la discusión. Tampoco se abrieron procesos de consulta a los pueblos indígenas, tal y como lo establece en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando las leyes aprobadas supondrán afectaciones a sus derechos. En cuanto al contenido, incluye medidas que promoverán la explotación de hidrocarburos a través del fracking, por encima de la preservación ambiental, la garantía de los derechos humanos, la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.
El primer ejemplo de ello es que, como la industria de hidrocarburos será prioritaria sobre cualquier otro uso del territorio, el Estado podrá obligar a los dueños de las tierras ejidos, comunidades, pueblos indígenas, pequeños y grandes propietarios a rentárselas a las empresas petroleras, a través de la servidumbre legal y la ocupación temporal. Este tipo de figuras son las que conviene a las compañías que vendrán a fracturar el territorio mexicano ya que la producción de hidrocarburos a través de esta tecnología declina rápidamente, puede disminuir 81 y 90% en tan sólo los 2 primeros años de operación. Por lo tanto, para mantener la producción de una región las empresas deben abandonar los pozos a los 3 o 5 años de su apertura y perforar nuevos pozos. Así, lo mejor para ellas es ocupar las tierras por periodos cortos, mientras que en el largo plazo serán los propietarios y la población quienes tendrán que lidiar con tierras y fuentes de agua tóxicamente contaminadas.
* Aroa de la Fuente López