El ejercicio y la vigencia de los derechos humanos, pasa por el fortalecimiento de las instituciones que hacen posible su respeto, protección y garantía
A lo largo de los últimos años, la participación de la sociedad civil ha sido uno de los principales componentes que han enriquecido a las instituciones públicas en su transición hacia nuevos modelos de corte más democrático. Esto sin duda, ha permitido paulatinamente reconfigurar la identidad y el rol de estas instituciones, de cara a las necesidades sentidas de la ciudadanía; y ha permitido incorporar temas prioritarios en la agenda pública del Estado, como es el caso de los derechos humanos en nuestro país.
A diferencia de algunos años atrás, la sociedad civil se ha legitimado con el trabajo sostenido y sistemático a favor de la defensa y protección de los derechos humanos y la producción de conocimiento e información sobre los mismos. Los informes de numerosas organizaciones civiles y sociales de derechos humanos son ahora un referente obligado para medir el nivel de desarrollo de la democracia y evaluar la efectividad de las acciones gubernamentales para el ejercicio pleno de estos derechos en México.
El reconocimiento que han alcanzado algunas organizaciones gracias al trabajo realizado en torno a la educación, la promoción, la defensa y la investigación en derechos humanos, ha contribuido a reformular y ampliar el rol de la sociedad civil como contrapeso de las acciones y decisiones del Estado, al plantear insistentemente nuevos modelos de relación entre gobernantes y gobernados; principios, valores y demandas sociales por conseguir.
Temas que ayer carecían de importancia, hoy se han incorporado a las prioridades de la agenda legislativa gracias a los espacios de consulta y propuesta en los cuales, la sociedad civil ha coadyuvado para su definición: equidad de género, participación de grupos en situación de vulnerabilidad, no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, por citar algunos de ellos.
En México, el establecimiento de las instituciones de protección y defensa de los derechos humanos, no fue ajeno a estos procesos. Desde su creación, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) han experimentado importantes avances que les han permitido en gran medida, la consolidación de un nuevo de institución pública frente a las demás instituciones del aparato estatal; logrando con ello un avance sustantivo en materia de autonomía de gestión y de manejo presupuestal.
Los OPDH son en este sentido, un vehículo ideal para la concreción de las aspiraciones democráticas donde los derechos humanos juegan un papel principal. Ya que por mandato, están llamadas a servir de puente entre la sociedad civil y el Estado en el ánimo de consolidar el ejercicio y la vigencia de los derechos humanos.
Las Comisiones estatales y procuradurías de derechos humanos, deben siempre garantizar ser un espacio ciudadano, plural y democrático, que permita enriquecer el diálogo, la comprensión y la visión de derechos humanos en las instituciones públicas. Es así que la designación de quienes encabezarán la titularidad de estas instituciones, deben ser también un referente que enriquezca la autonomía e independencia de estas instituciones.
La sociedad civil organizada queremos una ciudadana, proactiva, transparente, eficiente e incluyente y para ello, creemos en el valor que tienen evaluar con seriedad los perfiles de las y los candidatos, transparentar los procesos para la designación del ombudsman capitalino, abrir al debate y a la opinión pública estas discusiones y rendir cuentas sobre la racionalidad de la decisión que tome la Asamblea Legislativa sobre quién será el nuevo ombudsperson en esta gran ciudad.
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