Search
Close this search box.

6 años de la Ley en materia de Desaparición: un balance desesperanzador

Por: Ángel Ruiz Tovar, investigador de Derechos Humanos

 

El 16 de enero pasado marcó el sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley General), impulsada y creada gracias a la lucha de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país. Este sexto aniversario tiene un sabor agridulce, puesto que los pocos, pero importantes logros de la implementación de esta legislación corren el riesgo de perderse ante un cierre de administración federal que desestima la relevancia y complejidad que implica encontrar a todas las personas.

 

Esta desestimación parte de una discrepancia fundamental entre la administración federal y la lucha de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes: las familias luchan todos los días, en todas las trincheras por encontrar a todas las personas y no dejar a nadie en el olvido. Esta claridad es lo que les ha llevado a proponer e incidir en que exista una política acorde a ello, mientras que el cierre en la administración federal ha buscado ver cómo se puede hacer un manejo político de la problemática. La principal disputa la observamos en las acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que es el centro medular de la política pública para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

 

Si bien las familias han tenido que remar a contracorriente respecto de su participación y de la apertura de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) desde la gestión anterior en CNB, a partir de noviembre del año pasado la cuesta se ha convertido en un muro impenetrable. Esto, en dos aspectos principales: la subdimensión de la magnitud de la crisis de desaparición y forense que vivimos en el país, así como con el desmantelamiento de la poca institucionalidad creada dentro de la Comisión.

 

Respecto de los registros, la CNB ha emprendido una serie de acciones que son muestra del dicho utilizado en el ámbito de estudios cuantitativos, el cual reza “los datos no mienten, pero que se puede mentir con ellos”. Bajo el amparo de una estrategia de “búsqueda generalizada”, la CNB ha creado categorías inexistentes en la Ley General (“persona ubicada”) y una comunicación pública donde la poca diligencia y falta de seguimiento de las instituciones hacia las denuncias de desaparición son achacados a las y los familiares de las personas desaparecidas. El resultado de lo anterior se cristaliza en un discurso político donde la crisis de desaparición es menor a lo reportado en el RNPDNO, lo que nos retorna políticamente a discusiones superadas desde la creación de la Ley General.

Por otro lado, la falta de institucionalidad en la CNB ha permitido que desde finales del año pasado haya habido despidos masivos dentro de la Comisión. Esto ha sido patente con recortes en recursos y personal en dos de las principales apuestas de esta administración en la agenda: la identificación forense con el Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Y aunque en teoría el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 mantiene una estabilidad en los recursos para la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda, las recientes declaraciones de la Comisionada Nacional advierten de posibles reasignaciones presupuestarias que dejarían sin recursos a las instituciones de búsqueda, localización e identificación de personas en el país.

El reclamo de las y los familiares ha puesto un “basta ya” con un mensaje de dignidad claro: sin ellas y ellos, no hay futuro posible. La CNB ha respondido públicamente que medios de comunicación y

otros actores confunden técnica y tramposamente lo que es una reestructura institucional, y que su mandato es claro para encontrar a todas las personas.

 

Ante estas afirmaciones, es muy importante no confundir las discusiones técnicas con lo que son discrepancias políticas profundas. Una cosa es discutir si existen duplicaciones en registros por una mala gestión de las instituciones en las plataformas y otra muy distinta es cuestionar la utilidad de la categoría de persona desaparecida, puesto que toda política pública para la atención de personas desaparecidas se construyó en torno a un principio: la obligación del Estado de buscar a todas las personas de quienes desconocemos su paradero. Desgraciadamente, el discurso político, las acciones institucionales y las tendencias presupuestarias van en sentido contrario de este principio.

 

Para revertir estas tendencias, es necesario que la CNB en particular, pero toda la administración federal en general, cesen con el desdén a los colectivos de familiares. Reconocer su labor, agencia y diagnóstico claro de la problemática es condición de posibilidad para que todas las personas vuelvan a casa.

 

Este artículo fue publicado originalmente el 08 de enero de 2024 en Animal Político.