A Claudia y su familia, a un año de la pérdida de Alberto. El 3 de octubre se cumple un año de la irreparable pérdida de Alberto López Sánchez. Él era hermano de Claudia, nuestra muy apreciada compañera de Fundar, la organización a la que pertenecemos más de 40 personas y donde el clima de calidez y solidaridad trata de acompañarnos día a día. La noche del 3 de octubre del año pasado, Claudia recibió la noticia de que Beto había sido asaltado mientras esperaba en su auto afuera de la casa de una amiga. Fueron tres los asaltantes —al parecer jóvenes, según los escasos testimonios— y por inexperiencia o simple brutalidad, descargaron sus armas sobre Alberto; lo que provocó su muerte camino al hospital.
A este hecho han seguido otros que han marcado a otros compañeros y compañeras, así como historias más personales que cuando las hablamos nos damos cuenta de que son cada vez más graves y frecuentes de lo que imaginamos. En los últimos años, marcados por la violencia, las noticias de asesinatos, desapariciones, asaltos, robos y otros tantos delitos, sabemos que “a todos nos puede tocar”. Sin embargo, nunca esperamos que de hecho seamos parte de esas terribles cifras, en las que cada número envuelve una historia de pérdida y dolor sobre las personas que directa e indirectamente se ven envueltas. Muchas preguntas surgen: ¿Qué hacemos frente a la violencia? ¿Cómo procesamos la pérdida? ¿Qué significa esta vivencia para todos los que directa o indirectamente nos vemos involucrados? ¿Cómo enfrentamos la impunidad? ¿Qué esperamos del Estado? ¿Y cómo superamos la indignación, la injusticia y el dolor?
A esto, obtenemos como respuesta la inefectividad de las autoridades y la incapacidad para investigar cualquier hecho. Sin duda, las estadísticas y los casos demuestran que el Estado carece de la capacidad para procesar de manera adecuada las denuncias y reaccionar frente a los hechos que nos laceran. Este caso (averiguación previa FIZCIIZC-1/T301606/12-10) muestra perfectamente la falta de investigaciones serias y científicas que permita detener a los responsables y procesarlos.
Por ejemplo, los nombres de las personas que pudieran haber visto algo fueron proporcionados por la propia familia mediante una rápida investigación de campo a los dos días de ocurridos los hechos en medio del proceso personal de duelo. Asimismo, se proporcionaron la ubicación y los números de las cámaras de vigilancia a fin de lograr obtener mayores datos; esta información fue recabada también por la familia. Es oportuno recordar que, frente a los altos índices de criminalidad en la Ciudad de México, en octubre de 2008 se publicó la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. En ella se fundamenta la instalación de más de 12 mil cámaras de vigilancia para respuesta inmediata ante emergencias, situaciones de crisis y actos ilícitos en el marco del Proyecto Bicentenario: Ciudad Segura de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP). Además, la ley especifica que la información sólo puede ser utilizada en la prevención de los delitos, en la investigación y persecución de los mismo, entre otras. Sin embargo, el caso que aquí compartimos da muestra de la inefectividad para aportar datos para la investigación en dos sentidos: la falta de nitidez de las imágenes, la dificultad para que las cámaras funcionen adecuadamente de noche y las constantes fallas del alumbrado público que no permiten apreciar adecuadamente los hechos que se registran lo que se traduce en la imposibilidad de contar con mayores datos sobre lo sucedido.
En un segundo plano, se corrobora la torpeza de las autoridades en la investigación, manejo de la información y reacción inmediata y diligente para obtener los materiales que se solicitan. Prueba de ello es que, si bien las grabaciones de las cámaras fueron solicitadas por la familia dentro del plazo de siete días —que es lo que les fue informado que duraba disponible la información porque después de ese tiempo se borra y se pierde la evidencia—, el MP haciendo patente su característica descoordinación e ineptitud, envió los oficios a Seguridad Pública sin la fecha correcta (ya que omitió el año). Por su parte, la SSP (con una respuesta digna de la más terrible burocracia) respondió que era imposible atender a la petición porque no contaba con la fecha exacta y le recordaba que la información se perdía en siete días, plazo que se cumplía el día mismo en que daba respuesta por oficio. Es decir, frente a hechos de suma gravedad que implican la pérdida de vidas humanas y la obligación de las autoridades de investigar, ¿no era lo lógico que unas y otras, haciendo uso de las mismas tecnologías como teléfono, celular, correo electrónico y hasta fax se contactaran de inmediato para aclarar la información y lograr tener ciertas pistas? A esto se suma la pasividad a lo largo de la investigación: la carga de la prueba sobre las víctimas para aportar datos, la lentitud del envío de los resultados periciales y la reiterada necesidad de solucionar los casos al aprovechar que se tienen ciertos detenidos.
Con lo anterior me refiero a que una de las testigos fue presionada para reconocer a dos jóvenes que habían sido encontrados en otra delegación y detenidos por el delito de asalto y robo de un vehículo un día después de estos hechos; no obstante ella no logró identificarlos como los perpetradores. Esta supuesta “identificación de los responsables” careció de los protocolos y parámetros que inclusive han sido fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), lo que eventualmente hubiera nulificado esta prueba. Los relatos podrían seguir, pero lo cierto es que a un año de distancia los culpables continúan libres. La posible “justicia”, que desde el lenguaje del Estado no es otra cosa que recluir a algunas personas —sean o no culpables—, permanece cada vez más lejana. Así, desde nuestras vivencias nos vemos en la necesidad de encontrar otras formas de justicia, de memoria por nuestros seres queridos, de tejer solidaridad y fraternidad desde lo no estatal y de seguir exigiendo un cambio; porque lo cierto es que las encuestas e índices delictivos son apenas el reflejo de las miles de historias que se esconden en un simple número de expediente o de cifras de criminalidad. A un año de esta trágica historia, queremos decirle a nuestra querida Claudia que nos indignamos junto con ella. Sobre el acceso a la justicia, la evidencia muestra que es necesario un cambio profundo (que se percibe lento); porque esta sociedad no aguanta tanta injusticia.
Por: Jaqueline Sáenz Andujo
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