Por: Maira Olivo, abogada en Tierra y Territorio
México ha ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos indígenas, entre los que destacan el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado en 1990 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un documento importante que establece los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y que México se comprometió a cumplir desde 2007.
Históricamente, los derechos de los pueblos indígenas han sido ignorados o violados, y estos instrumentos buscan corregir esa injusticia al afirmar sus derechos a la tierra, recursos naturales, cultura, idioma y autonomía. Al mismo tiempo reconocen y valoran la diversidad cultural, protegen la identidad única de los pueblos indígenas al garantizar el respeto y la preservación de sus prácticas culturales, tradiciones y formas de vida. De igual manera reconocen la importancia de la conservación del medio ambiente mediante la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales. Estos instrumentos buscan garantizar la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas para determinar su propio desarrollo, gestionar sus asuntos internos y participar en decisiones que les afecten directamente.
Para lograrlo, es indispensable modificar el derecho interno, para que esté en consonancia con dichos instrumentos internacionales, para garantizar coherencia y consistencia en la aplicación de los derechos indígenas a nivel nacional y fortalecer la protección de estos; alinearlo con los estándares internacionales ayuda a prevenir la discriminación y promover la justicia, lo cual es esencial para promover un marco legal que garantice el respeto, la protección y la realización efectiva de los derechos indígenas.
En México, se han realizado innumerables intentos de concretar una reforma constitucional en materia indígena que garantice plenamente los derechos a la libre determinación y autonomía. Desde los Acuerdos de San Andrés entre el Gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996 en San Andrés Larráinzar, Chiapas, siguen vigentes gran parte de las demandas de los pueblos indígenas en México, especialmente en lo que respecta a su libre determinación y autonomía.
Por ejemplo, en el mes de agosto pasado, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, diversas organizaciones, pueblos y comunidades que formamos parte de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) nos movilizamos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento del compromiso de la actual administración federal de impulsar una Reforma constitucional en materia indígena. Cabe resaltar que, la propuesta de reforma fue construida mediante un amplio proceso de consulta realizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y fue entregada al presidente de la República quien la remitió a la Consejería Jurídica para su revisión.
Luego de su movilización, ALDEA concretó una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación quien se comprometió a solicitar información a la Consejería Jurídica respecto de la revisión de la propuesta, así como gestionar una reunión con dicha Consejería, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), para conocer sus planteamientos y construir una agenda en común que logre detonar el proceso legislativo para la reforma Constitucional. Ninguno de los compromisos de la Secretaría de Gobernación fue cumplido, razón por la que la ALDEA ha cuestionado si existe una voluntad real para dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos y si se dará por fin cumplimiento a los acuerdos alcanzados[1].
La falta de cumplimiento de compromisos y la falta de voluntad para abordar las preocupaciones indígenas socavan la confianza en las instituciones gubernamentales y aumentan la desconfianza entre los pueblos originarios y el gobierno. Al mismo tiempo, la falta de voluntad política para respetar a los pueblos originarios puede tener consecuencias amplias y profundas que les afectan no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario y social.
Es urgente concretar la reforma constitucional en materia indígena para detener la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios y porque es esencial desde una perspectiva de derechos humanos, de justicia social, y de sostenibilidad ambiental. A pocos meses de concluir su mandato, el presidente de la República tiene la gran responsabilidad de transitar del discurso político a favor de los pueblos indígenas a concretar la entrega de la propuesta de reforma constitucional al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
[1] Gobierno Federal incumple acuerdos con pueblos originarios para el avance de la Reforma Indígena: ALDEA – Serapaz A.C.
Este artículo fue publicado originalmente el 16 de noviembre de 2023 en Animal Político.
