México, D.F. a 12 de noviembre de 2009.- Ante la propuesta del PRI de descentralizar el programa Oportunidades, organizaciones sociales advirtieron que no existe ningún sustento ni evidencia empírica que respalde esta propuesta lo que hace suponer motivaciones políticas-electorales. Lo único que quieren los gobernadores es más dinero.
Por el contrario, existen pruebas y estudios que demuestran:
1. La opacidad con la que trabajan los gobiernos estatales. Investigaciones como el Índice de Información Presupuestal del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Informe sobre la Observancia de Estándares y Códigos de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional y el documento de valoración de las Condiciones Económicas de la OCDE, demuestran que no existen controles suficientes ni información que permita un adecuado ejercicio y control del gasto estatal.
2. Los recursos del programa Oportunidades en manos de los gobiernos estatales tienen mayores riesgos de manipulación política.
3. Para que los estados se encarguen del programa, se requeriría más burocracia, y esto incrementaría los costos de operación del programa significativamente.
El programa Oportunidades en manos de la administración federal:
1. Genera los incentivos para que los Estados vigilen la operación del programa. Dar a los gobernadores el control del padrón de beneficiarios fortalecería las maquinarias electorales locales, porque la federación tendría limitaciones para fiscalizar a los Estados.
2. Actualmente se tiene un criterio único de aplicación, lo que acota el nivel de subjetividad en la designación de recursos, de transferirse a los estados habría 32 criterios.
3. Permite que el usuario tenga una instancia distinta a quien acudir en caso de queja. El beneficiario sería más vulnerable si tuviera que resolver su inconformidad ante la dependencia local que le está ofreciendo un mal servicio.
4. El gobierno federal cuenta con herramientas, normas e instituciones que permiten tener una base de evidencia confiable y con medidas mínimas de transparencia.
No permitamos más retrocesos. Si se aprueba esta propuesta, el PRI será el responsable del aumento de la pobreza en México, y, en caso de que se apruebe y el titular del Ejecutivo no vete este decreto, se hará corresponsable.
Para mayor información:
Jorge Romero cel. 04455.34.33.65.77
Juan E. Pardinas cel. 04455.29.00.61.88
Marco Cancino tel. 5985.10.10 ext. 16
Organizaciones firmantes:
Artículo 19
Centro de investigación para el desarrollo en México (CIDAC)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Colectivo por la Transparencia
Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social)
México Evalúa
Proyecto Fronteriza de Educación Ambiental
Sonora Ciudadana
