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Almaden Minerals intenta sobornar a comunidad indígena para que se desista de amparo

  • Con engaños, habitantes de Tecoltemi acudieron a una reunión en la que ya les esperaba personal de la empresa minera.
  • Les ofrecieron empleos a cambio de desistirse del Juicio de Amparo que tienen interpuesto en contra de dos concesiones mineras otorgadas a la empresa.

 

Ciudad de México/ Puebla, 7 de abril de 2020.- El martes 24 de marzo de 2020, tres integrantes de la comunidad de Tecoltemi –entre los que se encontraba el Presidente del Comisariado Ejidal–, acudieron a la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, bajo el entendido que tendrían una reunión relacionada con proyectos productivos necesarios para la comunidad, citados ahí por el señor Gilberto Gutiérrez Márquez, conocido de la comunidad, quien una semana atrás había visitado Tecoltemi para ofrecer la gestión de dichos proyectos.

 

Sin embargo, tras su arribo a la ciudad, se les pidió ir a un restaurante, donde ya les esperaban los señores Daniel Santamaría y Rusbelt Vázquez, Vicepresidente y Administrador respectivamente, de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, que pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde Tecoltemi se encuentra.

 

El personal de la empresa pidió expresamente a los integrantes de Tecoltemi “destrabar” el juicio de amparo que la comunidad tiene interpuesto desde 2015 en contra de las concesiones mineras sobre las cuales Almaden pretende implementar su proyecto, ofreciendo a cambio 20 empleos sólo para Tecoltemi; ante la imposibilidad de convencerles, subieron su ofrecimiento a 30 o 35 puestos durante los 14 años que dure la explotación. Además, aseguraron que la minera pondría el dinero necesario para que la comunidad pueda implementar el proyecto productivo propuesto por Gilberto Gutiérrez.

 

La Comunidad y Ejido de Tecoltemi, La Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida “Atcolhua”, así como las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompañamos a Tecoltemi en el litigio contra las concesiones mineras, condenamos el actuar deleznable de Almaden Minerals; incluyendo la utilización de una persona conocida de la comunidad para intentar sobornar a las autoridades ejidales para generar división comunitaria en beneficio de la empresa. Condenamos el uso de este tipo de prácticas empresariales que buscan inhibir las acciones de defensa, y exigimos respeto a la decisión de Tecoltemi y del resto de las comunidades de Ixtacamaxtitlán que le apoyan, de defender su territorio ante la imposición de unas concesiones y un proyecto minero que violan sus derechos y que comprometen el agua y la salud de la población.

 

Urgimos al Estado Mexicano a garantizar que cesen este tipo de actos, y hacemos un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional a estar atentas y atentos ante cualquier situación de presión que la empresa pretenda nuevamente ejercer sobre las autoridades de Tecoltemi, sobre cualquiera de sus habitantes o del resto de las comunidades que le apoyan, así como sobre las organizaciones que le acompañamos.

 

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Antecedentes

En abril de 2015, la comunidad de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar Centro de Análisis e Investigación, inició juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado sobre su territorio dos concesiones mineras (“Cerro Grande” y “Cerro Grande 2”) sin consulta ni consentimiento. La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

El 11 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dictó sentencia favorable a Tecoltemi, reconociendo no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”. La Ley Minera no fue analizada en la lógica planteada por la comunidad.

La sentencia fue impugnada por todas las partes en el juicio, por lo que se encuentra actualmente en revisión ante un tribunal de mayor jerarquía.

 

 


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