Fundar, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, hicieron un fuerte reclamo al Estado mexicano por la falta de mecanismos claros y concretos que faciliten la protección y el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por territorio mexicano. Esto, tras el asesinato de Julio Fernando Cardona, acontecido en Tultitlán, Estado de México.
En conferencia de prensa ofrecida en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), las organizaciones condenaron de manera categórica la violencia y xenofobia que se ha despertado contra las y los migrantes que transitan por esa zona y que reciben refugio temporal en la Casa del Migrante San Juan Diego en Lechería, Tultitlán, así como el hostigamiento por parte de agentes del Estado contra las personas que colaboran en ella.
Sobre el hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ejerció acción penal contra dos policías municipales de Tultitlán: Jorge Homero Hernández Cruz y Omar Sandoval Guerra por su responsabilidad en el asesinato del joven guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 8 de agosto en la colonia Lechería.
El Ministerio Público pudo acreditar la presunta responsabilidad de ambos uniformados en el asesinato de Julio Fernando, quien formaba parte de la caravana Paso a Paso por la Paz, toda vez que se detectaron rastros de sangre de la víctima en la patrulla que tenían a su resguardo.
Miguel Pulido, Director Ejecutivo de Fundar, urgió a la generación de espacios de interlocución entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión con organizaciones civiles, para avanzar en la elaboración de políticas públicas y procedimientos operacionales que faciliten la protección y libre ejecución de los derechos. Destacó, en este sentido, que un primer ejercicio de esta naturaleza debe implementarse para la elaboración del Reglamento de la nueva Ley de Migración.
Para más información: Paulo Martínez
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