Marzo ha sido un mes efervescente por decir lo menos, no sólo por los cambios en el clima sino por las actividades en materia de derechos humanos. Por un lado, una semana llena de actividades agridulces por la conmemoración del Día internacional de la mujer y por otro, una semana de intensas acciones en torno al 147 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el Estado mexicano tuvo que responder a diferentes señalamientos y cuestionamientos en la materia.
El 8 de marzo —un día que nos recuerda que aún persiste la inequidad que vivimos las mujeres en diferentes ámbitos y que las relaciones entre varones y mujeres replican todavía roles y estereotipos que subordinan un sexo al otro y hacen permisibles actos de violencia en contra de las mujeres— estuvo rodeado de conferencias, mesas de trabajo, pronunciamientos y seminarios. Acciones que son sólo una muestra del activismo y el reclamo persistente por parte de las mujeres para romper con las estructuras imperantes de poder que limitan el goce y ejercicio de sus derechos. En el marco de este día, el pasado 11 de marzo, se llevó a cabo la conferencia magistral La violencia de género en América Latina, impartida por Ana Güezmes representante para México de ONU Mujeres.
El panorama presentado por la señora Güezmes no fue para nada alentador: la violencia en contra de las mujeres y la inequidad que imperan tanto en el ámbito institucional como laboral y doméstico nos muestran que el 80% de las actividades de cuidado en México las realizan mujeres, que 7 de cada 10 mujeres reportan haber vivido algún tipo de violencia, que 21% han experimentado violencia laboral y que el 25% ha vivido violencia de pareja. Otro dato alarmante presentado por la señora Güezmes es que en México se presentan 15 mil denuncias por violación sexual al año y sólo en dos de cada diez denuncias existe una sentencia condenatoria. Las cifras son abrumadoras y dan cuenta de los avances lentos en materia de equidad de género.
Unos días después, el 14 de marzo, se llevaron a cabo seis audiencias en el seno de la CIDH, en las que el Estado mexicano hizo frente a diversos temas en materia de derechos humanos. Entre ellos, las violaciones a los derechos de las mujeres perpetrados en el caso de Atenco, los retos en materia de armonización y las violaciones a derechos humanos que implica la exhibición ante los medios de comunicación de víctimas de delitos y personas detenidas y/o bajo la responsabilidad del Ministerio Público.
Destaca que la CIDH exigió al Estado mexicano eliminar la exhibición ante medios de comunicación por considerarla una práctica cruel, inhumana y degradante. La exhibición de víctimas y de personas detenidas afecta los derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, y tiene graves repercusiones en el ámbito social y laboral de las personas exhibidas. A la par de violar el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
El Comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, subrayó que se trata de una práctica inadmisible e invitó al Estado mexicano a profundizar en la elaboración de una política pública para prevenirla. También expresó su desacuerdo con los lineamientos preliminares anunciados durante por el Gobierno Federal, al considerar que la exhibición es una práctica propia de Estados absolutistas. En este contexto la representante de la Procuraduría General de la República, sostuvo que a nivel federal existe la determinación de no mostrar las imágenes de las personas detenidas y que el gobierno está en la disposición de propiciar la participación de las Organizaciones de Sociedad Civil. Por su parte el Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló que la política definida en torno a la presentación ante los medios de comunicación de personas detenidas “ha favorecido la cultura de la denuncia y ha fortalecido las actividades de información de la autoridad a la ciudadanía”. Claramente se trata de una declaración peligrosa, pues además de justificar una clara acción en detrimento de los derechos humanos, pervierte la obligación de información por parte de aquellos encargados de impartir justicia.
En resumen: no hay una conclusión novedosa, sino la del persistente llamado a los entes públicos a tomar acciones y dejar de ser omisos, para ser proactivos en alinear su actuación a los estándares de derechos humanos y rendir cuentas de ello.
Las coyunturas que abren la conmemoración de días y los eventos internacionales son una plataforma idónea para ventilar las violaciones a derechos humanos de todos los días. También son plataformas para la exigibilidad en cuanto a los compromisos que asumen los gobiernos. La exigibilidad de nuestros derechos y la concreción de los mismos se legitima en la propia obligación del Estado de hacerlos viables, posibles y ejercibles. A pesar de esta dimensión, los ejercicios de exigibilidad y rendición de cuentas deben dar seguimiento a estas expresiones públicas por parte de los entes del Estado. En este contexto, valdrá la pena dar seguimiento a las acciones que emprenda el Estado a partir de las audiencias temáticas ante la CIDH.
Habrá que ver si efectivamente el Gobierno Federal erradica la práctica de exhibir ante los medios de comunicación a los presuntos responsables de un ilícito y si en el D.F. se deroga la normatividad que hace permisible dicha práctica en violación expresa del derecho a la presunción de inocencia. Finalmente, en materia de los derechos humanos de las mujeres, los ejercicios de exigibilidad se acumularán para el año que entra; esperemos que el panorama para entonces sea poco más alentador y la efervescencia de los días a conmemorar no opaque las acciones concretas que el Estado mexicano debería concretar.
Claudia López
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