Cada estudio o investigación, realizado por instituciones públicas, casas de estudio de educación superior o por organizaciones no gubernamentales, siempre concluye en que el nivel de uso de anticonceptivos es bajo, y todavía menor en las adolescentes y mujeres indígenas.
Las cifras son contundentes, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2009) registró que para tal año el 72.5% de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años utiliza algún método anticonceptivo, los estados con población indígena y donde las uniones de parejas es a edades menores, el uso es todavía más reducido: Oaxaca con 63.4 %, Michoacán 63.2 %, Guerrero 61.4 % y Chiapas escasamente el 55.0 % (Ipas México Salud Acceso Derechos, Salud Reproductiva. Información Básica de México).
Así las cosas, es habitual escuchar la queja de las mujeres por la falta de anticonceptivos cuando los solicitan en los servicios de salud, o que si son adolescentes las condicionan a la compañía de un adulto, su mamá y papá, un tutor que decida por ellas ¡no vaya a tener sexo siendo tan chiquita!, o que si son indígenas lo mejor es que usen DIU o se operen, porque ellas suelen tener demasiados hijos, ahí si no importa si es menor de 18 años.
Es decir, muchas son las mujeres con demanda insatisfecha, genera la imposibilidad de usarlos ya sea para prevenir embarazos, o espaciar el tiempo entre uno y otro embarazo. La media nacional entre mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) es de 9.8 %. Las cifras se disparan en los estados mencionados: Michoacán 15.0 %, Oaxaca con 15.6 %, Guerrero 17.5 % y Chiapas 22.6 % (Ipas México Salud Acceso Derechos, Salud Reproductiva. Información Básica de México).
A esta altura, y sin tapujo alguno, hasta los funcionarios dicen abiertamente que la política pública en planificación familiar, en sexualidad y anticonceptivos estuvo sometida a la ideología conservadora y restrictiva de los gobiernos panistas. Claro que a tal despropósito muchos gobiernos priistas y perredistas se sumaron con una facilidad pasmosa.
Cierto es que la falta de acceso a anticonceptivos, y la baja disponibilidad en los servicios de salud, no sólo responde a la paradoja de fortalecer una política conservadora, sino también a la inercia en la gestión de los recursos públicos, sin reparar en que su disponibilidad afecta el cumplimiento en las decisiones de vida de las mujeres. Además, y siempre es bueno recordar, que el derecho a la salud, y los derechos reproductivos están en el Artículo 4° de la Constitución mexicana, de igual forma el derecho a la sexualidad libre e informada es un derecho humano, y los derechos humanos se establecen en el Artículo 1° de nuestra Constitución.
La actual administración federal dice que viene a poner orden en la casa, para lo cual implementó la compra consolidada de anticonceptivos: el gobierno federal los adquiere con recursos del Seguro Popular de cada entidad federativa, y este recurso se hace llegar en forma de anticonceptivos. De entrada se ve con buenos ojos, destinar presupuesto público exclusivamente para la adquisición de anticonceptivos, de hecho ha sido una larga demanda de la sociedad civil. Esto podría traducirse en una cobertura real, en disminuir las necesidades insatisfechas y avanzar en cumplir las garantías constitucionales.
Todo está por verse, por lo pronto sabemos que se estableció en el Anexo III del Acuerdo de Coordinación del Sistema de Protección Social en Salud, que año tras año se firma entre la federación y cada entidad federativa. Para el 2014 en total son 1,002.3 millones de pesos.
La mitad de este presupuesto, el 55 % se concentra en los estados de Puebla, Michoacán, Guanajuato, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y el estado de México; este último concentra el 10.6 % con 106.1 millones de pesos. Estos más de mil millones de pesos para abastecer de métodos anticonceptivos son apenas el 0.77 % de todo el recurso asignado a la salud que la Secretaría de Salud es responsable de distribuir (130,264.8 millones de pesos), o el 1.4 % del presupuesto para el Seguro Popular (72,330.0 millones de pesos).
Pero son recursos financieros públicos, orientados a asegurar un insumo básico, por derecho disponible para la población. A la vez es un medio para ejercer una sexualidad más libre y segura, y facilitar las decisiones en su reproducción. En definitiva, un insumo elemental para fortalecer la autonomía en las decisiones de las personas.
Como se ha visto, tal posibilidad es desigual según la entidad federativa en que se viva, la edad que se tenga y si es o no indígena. Por eso es fundamental que a la información presupuestaria por entidad federativa, se le sume la correspondiente a métodos adquiridos, distribución por poblaciones, rangos de edad y territorios. Pasada la mitad del año, nada más contamos con los montos financieros, desconocemos si se han ejercido, cómo, dónde y para quienes.
En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), los anticonceptivos tres veces se mencionan como estrategias a realizar: Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras ITS, Instrumentar acciones para facilitar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia en todo el sistema de salud, y Proporcionar consejería y el acceso a la anticoncepción para prevenir el embarazo no planeado.
Ninguna es uno de los 16 indicadores del PROSESA, sin embargo el recurso y compromisos ya están, ahora a gestionarlo con transparencia, y rendición de cuentas para eliminar los obstáculos por las ideologías del gobierno en turno.
