La Democracia, si la entendemos como un sistema de organización (un sistema propiamente de gobierno), ha estado siempre asociada a la participación ciudadana. Para su concreción, dicho sistema depende en gran medida del grado de involucramiento de la ciudadanía en aquellos asuntos públicos que afectan –de manera directa o indirecta– la convivencia y la relación de todas las personas y grupos en una sociedad.
La participación está en el centro de la práctica de los derechos humanos. De ahí que algunos ingredientes esenciales para otorgar solidez y fortaleza a un sistema que se precie de democrático son el respeto, la protección y la garantía del derecho de la ciudadanía a organizarse, a expresarse, a opinar y a informarse sobre aquellos aspectos que comprometen –o que pueden llegar a comprometer en cualquier esfera sea pública o privada– el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Es un componente democrático en cuyo cumplimiento se juegan el respeto y la promoción de derechos humanos; en especial cuando se trata de buscar cambios en una realidad que menoscaba, limita o impide nuestra realización plena como sociedad y como personas.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, contenida en el paquete de iniciativas presidenciales presentadas por Felipe Calderón en abril de 2009, ha sido motivo de discusión y controversia en los últimos dos y medio años de la actual legislatura federal. Y es que en el Congreso –principalmente en la Cámara de Diputados– no existe aún consenso en las distintas fuerzas políticas sobre la posibilidad de otorgar mayores facultades a las fuerzas armadas y de establecer un régimen de excepcionalidad. Pero lo más preocupante ha sido la clara intencionalidad de simular la apertura de espacios de participación para la sociedad civil, quienes hoy por hoy dan cuenta de la falta de un debate honesto que ponga de relieve las preocupaciones y necesidades expuestas por diversos sectores en torno al contenido de esta Ley.
El tiempo sigue su curso y la oportunidad de establecer un precedente sin paralelo –que establezca controles democráticos, como han insistido reiteradamente diversas organizaciones civiles y sociales de derechos humanos–, se mezcla inevitablemente con las expectativas y los propios miedos de las principales fuerzas políticas de cara al 2012. Es indispensable que los integrantes del Congreso incorporen en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional el contenido de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, los estándares internacionales de seguridad y las obligaciones que se desprenden con motivo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano.
La participación es un vehículo democratizador del poder público. Su ejercicio recrea posibilidades para una verdadera exigencia de rendición de cuentas y para que el margen de discrecionalidad de las instituciones en el desempeño de sus funciones y responsabilidades sea nulo o estrecho. Su ejercicio también tiene una énfasis preventivo que puede erradicar la comisión de posibles abusos, arbitrariedades e incluso, de violaciones graves a los derechos humanos.
Desde Fundar, pero también desde una posición que compartimos con un sector amplio de organizaciones de derechos humanos, exigimos la necesidad de reconocer el aporte especializado de estos espacios de sociedad civil y de enriquecer con ellos el debate público y las discusiones al interior del Congreso. En una sede democrática toda discusión que ponga sobre relieve los términos de relación entre la ciudadanía y las instituciones del Estado debe contar con la participación de todos y todas para su definición.
Miguel Moguel
