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El derecho a la información: clave para la exigencia de otros derechos

Existe una herramienta de poder para la ciudadanía que no se ha aprovechado al máximo y cuyo uso está acotado a un número reducido de personas interesadas en el tema y especialistas. Se trata del derecho a la información y urge que se socialice y extienda entre grupos y comunidades; que se emplee como una herramienta para la exigencia y la rendición de cuentas; y que sirva como método de evaluación y denuncia de las acciones que el Estado ha realizado (o no) para salvaguardar los diferentes derechos reconocidos. En Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reconocemos la importancia de esta misión y hemos generado una serie de acciones para capacitar y acompañar a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la defensa de derechos para que puedan aprovechar el derecho a la información como una herramienta de exigencia.

El derecho a la información ha servido hasta la fecha para ventanear y denunciar casos de corrupción y malversación de fondos que afectan gravemente el interés público. Cabe recordar el Caso Provida, donde organizaciones civiles evidenciaron como el entonces presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, había desviado discrecionalmente dinero destinado al combate del VIH/Sida hacia esta organización presidida por Jorge Serrano Limón; recursos públicos que fueron empleados de manera irregular. Además de la multa y la inhabilitación de Serrano Limón, este caso logró sentar como precedente que cualquier persona u organización que ejerza recursos públicos estará sujeta a sanciones en caso del mal manejo de los mismos.

Esta función del derecho a la información es sin duda valiosa; sin embargo, este derecho posee mayores bondades que podríamos aprovechar. Es sobre todo un instrumento que nos permite obtener información sobre cual es el estado de nuestros demás derechos. Es un arma que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre las acciones que han realizado para garantizar nuestros derechos como ser humano, como mujer, como adolescente, como indígena o como persona con discapacidad.

Las autoridades están obligadas a responder cómo avanzan en estas tareas, qué resultados han obtenido, a cuánta gente han beneficiado, cuántos recursos públicos han invertido y cómo ha participado la ciudadanía. O bien, tendrían que responder porqué no han cumplido objetivos, porqué no hay avances progresivos en la garantía de derechos, así como porqué no se ha empleado la máxima cantidad de recursos disponibles en estas tareas.

Actualmente, Fundar acompaña a organizaciones como Mexfam para monitorear cómo el Estado Mexicano procura la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. El camino es arduo, pues a pesar de que en agosto de 2008 los secretarios de Salud y Educación de México firmaron una Declaración Ministerial en donde se comprometieron a ampliar la cobertura de servicios de salud con atención apropiada para las necesidades de las y los adolescentes en salud sexual y reproductiva, las acciones a nivel estatal son insuficientes al igual que los recursos destinados a ellas.

Por otra parte, la organización civil Queretanos Unidos por la Discapacidad, junto con Fundar, hemos iniciado un diagnóstico sobre cómo el Estado mexicano cumple con sus obligaciones de salvaguardar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad identificamos las obligaciones que contrajo el Estado al ratificarla, e hicimos una serie de solicitudes de información a las autoridades obligadas para evaluar el estado de cumplimiento de este derecho. Los datos obtenidos arrojan hallazgos lamentables: mala planeación e integralidad de las políticas, ausencia de enfoque de derechos, acciones mínimas que no plantean avanzar hacia la cobertura de todas las personas con discapacidad, así como opacidad en la información presupuestaria de los diversos programas.

Diagnosticar cómo el Estado cumple con la garantía de derechos no es una actividad inocua, es un primer paso que la ciudadanía puede dar a través del ejercicio del derecho a la información. El segundo paso es la exigencia: demandar que el Estado cumpla con las obligaciones adquiridas, y que las políticas de gobierno y los recursos públicos tengan como pautas la protección de los derechos.

Daniela Ramírez