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¿El extractivismo sin fin?

El pasado 19 de mayo tuvo lugar en Quito el XI Foro Latinoamericano sobre Industrias Extractivas, un espacio de reflexión continua sobre las implicaciones que las políticas mineras y petroleras tienen para nuestra región. En esta ocasión, el foro tuvo como objetivo abrir el debate en torno a los efectos del largo periodo de altos precios de los minerales y el petróleo sobre sectores como el ambiental, el social, el económico, el fiscal y el de transparencia, entre otros. Igualmente, se debatió en torno a los retos que Brasil, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Colombia atraviesan ante la disminución del valor de algunos de estos recursos y si esta coyuntura puede o no embarcar a América Latina en el sendero del postextractivismo.

Este foro forma parte del trabajo de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) que, desde el año 2009, promueve alternativas al extractivismo a partir de un análisis profundo de la situación existente y de las acciones posibles. En este sentido, las catorce organizaciones que la conforman convergen en la necesidad de proponer otros modelos que permitan una relación armónica con el medio ambiente, la garantía de los derechos humanos y un mayor bienestar en sociedades igualitarias.

Varias fueron las conclusiones del evento celebrado la semana pasada, entre la que destaca la constatación del aumento de la actividad minera y petrolera en la región, que viene acompañada de una conflictividad creciente debido a los fuertes impactos sociales, ambientales y culturales que conlleva su desarrollo. Un ejemplo de ello es el caso del proyecto minero Tía María de Grupo México en Perú, que pone de manifiesto la falta de mecanismos vinculantes que permitan a la población tomar decisiones sobre los territorios que habitan. Además, evidencia cómo el Estado peruano promueve esta actividad, por encima de los derechos de la población cuyos intereses debe representar.

Ahora bien, también es necesario señalar que existen diferencias importantes entre unos y otros países. En el caso de Ecuador y Bolivia la renta procedente de la actividad extractiva ha sido dirigida en mayor medida a fortalecer el gasto social, lo que ha permitido proveer servicios públicos a la población y combatir la pobreza. Sin embargo, en otros países como es el caso de Perú, Colombia y México, aunque el argumento utilizado para impulsar la explotación de minerales e hidrocarburos ha sido el de generar mayor renta para el Estado, la realidad muestra que lo que priman son los intereses empresariales.

Este es el caso de nuestro país, donde la Reforma Energética constitucional de 2013 y su legislación secundaria es una claro ejemplo de ello. A partir de la misma, se abrió el sector petrolero a la participación privada con un régimen fiscal sumamente laxo, lo que significará en el mediano plazo un impacto en las finanzas públicas que hará peligrar el presupuesto público. Consecuentemente, el Estado contará con menos recursos para garantizar los derechos.

Otro de los hallazgos del foro, sumamente preocupante, se refiere al hecho de que, en varios países, la caída de los precios viene acompañada de un aumento de la producción y el desarrollo de nuevos proyectos para compensar la disminución en los ingresos. Además, en la idea de reducir costos y facilitar la operación de los proyectos, se debilita las políticas ambientales y los mecanismos de información y participación de la población en las decisiones.

El caso de México es, de nuevo, un ejemplo de ello. La caída de los ingresos petroleros mencionada se pretende compensar, según cálculos poco realistas del gobierno, con una mayor producción y con la explotación de nuevos yacimientos, como los de lutitas a través del fracking. Para promoverlo, la reforma energética estableció la posibilidad de obligar a los propietarios de los territorios a rentar sus tierras a las empresas. Al mismo tiempo, se debilitó la política ambiental de manera que los proyectos puedan obtener más fácilmente los permisos necesarios para operar.

Finalmente, este espacio de reflexión puso sobre la mesa que ni la caída de los precios, ni las decisiones de los gobiernos, ni las reformas legislativas representan oportunidades para poner límites al extractivismo. Quienes sí lo hacen son las poblaciones en resistencia que, en la defensa de su tierra y su vida, se oponen a la actividad minera y petrolera en sus territorios y que son perseguidas y criminalizadas por ello. Así que, si queremos construir un futuro justo y sostenible, como sociedad debemos sumarnos a estas acciones y apoyar las alternativas construidas desde abajo. Tal y como han hecho miles de personas de todo el país estos últimos días con la Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. Sigamos su ejemplo y unámonos a la lucha.

Aroa de la Fuente
http://www.sinembargo.mx/opinion/27-05-2015/35087