A pesar de las duras críticas de amplios sectores de la sociedad civil mexicana en contra de la estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, respaldó ampliamente dicha política de seguridad en su más reciente visita a nuestro país.
Ante las escandalosas cifras de víctimas y los reveladores resultados presentados en distintos informes y reportes preparados por académicos y organismos civiles, la secretaria Clinton reconoció que el plan conlleva costos pero que “no hay otra alternativa”. Es decir, el principal aliado de esta “guerra” reconoce tácitamente que no se trata de los medios idóneos para combatir y controlar a la delincuencia organizada pero que el fin ennoblece los medios. La pregunta obligada después de escuchar esta y otra serie de declaraciones –replicadas a su vez por altos funcionarios mexicanos– es: ¿efectivamente no existe otra alternativa?
Desde un sector de la sociedad civil que en los últimos años hemos documentado y reunido evidencia para sustentar nuestras propuestas, estamos convencidos que existen otras alternativas. En un principio, creemos que favorecer políticas preventivas enfocadas principalmente a reforzar los marcos normativos contra el lavado de dinero, la corrupción, la trata de personas, así como fortalecer el sistema de justicia para reducir los amplios márgenes de impunidad que existen en nuestro país generarían las condiciones necesarias para empezar a combatir el crimen organizado. Esto sin duda tendría un impacto real en la forma de operar y en la economía de los delincuentes –la cual sabemos, se ha diversificado y no se concentra exclusivamente en el narcotráfico (aunque sigue siendo si principal fuente de ingresos)–.
Hay que tener muy claro que las consecuencias de esta lucha emprendida por el gobierno federal serán devastadoras y dejarán una estela irreparable de daños colaterales que, sin duda, definirán en el futuro próximo los trazos de institucionalidad de estas prácticas versus el ejercicio amplio de la ciudadanía.
Si el fin justifica los medios –como tantas veces ha sido reiterado tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense–, hagamos algo por cambiar el enfoque de las actuales prácticas: pongamos como fin último la seguridad de la ciudadanía y el fortalecimiento al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades como eje rector de las políticas en la materia. Ahí está otra alternativa, ¿quién se apunta para dar al menos un par más?
*Te recomendamos echar un vistazo al capítulo de México en el Informe Mundial 2011 de la organización Human Rights Watch, el cual documenta graves situaciones de violaciones a los derechos humanos con motivo de los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado).
*Miguel Moguel
