Los días 29 y 30 de agosto se llevará a cabo el “Foro Nacional sobre Delitos del Pasado. Crímenes de Estado en México”. Este espacio tiene por finalidad llamar la atención sobre un tema fundamental en la agenda de los derechos humanos en nuestro país: la deuda del Estado mexicano en dar cuenta sobre crímenes de Estado —violaciones a derechos humanos sistemáticas y graves— ocurridas en nuestro país. La verdad, la justicia y la reparación sobre hechos cometidos durante la década de los sesenta, setenta y principios de los ochenta a manos de agentes del Estado en contra de civiles es todavía materia pendiente.
Baste recordar el caso de Rosendo Radilla, que es sólo una de cientos de personas víctimas de desaparición forzada durante este período. Su caso no sólo muestra la ineficiencia de dar respuesta sobre su desaparición, sino que evidencia de manera clara y sin lugar a dudas, el tortuoso camino que deben seguir los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos. Sobra recordar que frente a la ineficacia de los recursos legales en nuestro país, el caso de Rosendo Radilla tuvo que escalar a instancias internacionales —hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)—. Así, el 23 de noviembre de 2009, la CoIDH condenó al Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos y ordenó la puesta en marcha de medidas de reparación y no repetición.
En el sexenio del ex presidente Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) con el objeto de investigar y fincar responsabilidades por los crímenes cometidos durante el período que se ha llamado la Guerra Sucia. Sin embargo, esta fiscalía se caracterizó por su ineficiencia. Adicionalmente, en nuestro país han brillado por su ausencia mecanismos reales que nos permitan afirmar que hemos superado las etapas de conflicto y de represión por parte del Estado, a partir de la verdad, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. Es decir, nuestro país no ha puesto en marcha acciones efectivas por medio de las cuales, de manera integral y seria, reconozca su responsabilidad sobre la violación sistemática de derechos humanos; mucho menos ha logrado restaurar o fomentar la confianza de la ciudadanía en que puede hacerlo.
En México aún no vemos que se juzgue civilmente a quienes han implementado y ejecutado estas violaciones a derechos humanos, como ha sucedido en otras latitudes. En Perú se juzgó al ex dictador Alberto Fujimori y en Argentina, los procesos de justicia transicional han comprendido, entre otras acciones, el establecimiento de un Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como respuesta al largo periodo de represión a cargo del Estado.
En nuestro país existen aún cientos de familiares de personas asesinadas o desaparecidas que no han obtenido del Estado siquiera un esboce de lo que podríamos entender por justicia y reparación. Muestra de ello es la voz reclamante de familiares, amigos, amigas y organizaciones civiles y sociales que siguen posicionando en el debate público que estos casos no queden impunes y que no se olviden. No se reclaman concesiones del Estado, se reclama el cumplimiento de sus obligaciones.
Es obligación de los Estados velar por el respeto y protección de los derechos humanos; y mayor es su obligación cuándo lo anterior no es posible o cuando los mismos órganos de gobierno son los que los violentan. La comisión de delitos de tal gravedad, como los que engloba el “Foro Nacional sobre Delitos del Pasado. Crímenes de Estado en México” son conocidos como crímenes de lesa humanidad en el ámbito internacional. Y de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyen —entre otros— el asesinato y la desaparición forzada perpetrados o tolerados por el Estado en contra de población civil
En el “Foro Nacional sobre Delitos del Pasado. Crímenes de Estado en México” —que se dirige a familiares de las víctimas e integrantes de organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales, investigadoras e investigadores, académicas y académicos que trabajen y/o estén relacionados directamente el tema— buscaremos debatir sobre los mecanismos que permitan avanzar en la búsqueda de la justicia frente a estos crímenes. Y de igual forma, exigiremos que se investigue, sancione y repare el daño a las víctimas, así como que se garantice el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de estos hechos e impulsar medidas para que no se repitan.
El Estado mexicano nos debe respuestas. No hay tiempo que alcance para olvidar a las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Vamos, ya es tiempo de justicia, verdad y reparación.
Claudia López
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle18894.html
