Si cambiamos la manera en la que el Estado cobra impuestos a través de una reforma fiscal progresiva y con perspectiva feminista lograremos avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa.
Andrea Larios
Investigadora en el programa de Justicia Fiscal
Esta semana, en el marco del 8M, desde Fundar lanzamos nuestro informe Tributación Feminista: los casos de Argentina y México. El principal motivo por el que le apostamos a la justicia fiscal desde una mirada feminista es porque creemos firmemente que no podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde no existan brechas de género, si la manera en la que el Estado cobra impuestos continúa beneficiando, como lo ha hecho hasta ahora, a quienes más tienen.
Cuando hablamos del sistema tributario, nos referimos a las leyes y mecanismos que delinean la forma en que se cobran los impuestos y abre las preguntas de ¿cómo y a quién se cobran? Responder estas preguntas no es sencillo, aún necesitamos contar con más y mejor información pública para poder hacerlo a detalle. Sin embargo, a través de diversas encuestas, mediciones y listas de riqueza [1] podemos confirmar que los más ricos, que en su mayoría son hombres, son quienes más se benefician de cómo se cobran (o se dejan de cobrar) impuestos.
Lo anterior contrasta con la manera en que la política tributaria impacta a las mujeres y otros grupos históricamente vulnerados, dejándonos en desventaja. ¿Por qué? Porque ha operado como un mecanismo que mantiene, y en algunos casos incluso amplía, las múltiples desigualdades que existen en México, en vez de utilizar el poder igualador y redistributivo de los impuestos. Un ejemplo de esto son las brechas de género.
Efectivamente, los impuestos no solo tienen la finalidad de generar ingresos para el financiamiento de las labores del Estado y la implementación de sus programas y proyectos. Aunque es una dimensión muy importante, las decisiones sobre cómo y a quién cobrarle impuestos han dejado de lado otra dimensión clave: que pueden y deben ser utilizados también para 1) desconcentrar el poder económico que está en unas pocas manos y 2) reducir las muchas brechas de desigualdad, como las de riqueza o de ingresos, que se acentúan si las desagregamos por sexo.
Estas reglas bajo las que opera el sistema tributario, que benefician a quienes menos lo necesitan, no tienen por qué quedarse así. Las y los líderes políticos, que son quienes deciden a quién y cómo cobrar impuestos, pueden elegir hacerlo diferente. Al ser decisiones políticas, quienes las toman pueden decidir cambiar el rumbo a través de la implementación de una reforma fiscal progresiva con perspectiva feminista.
Una de las motivaciones del informe, a partir del diagnóstico, fue dar recomendaciones para avanzar hacia un sistema tributario que desconcentre el poder económico, reduzca las brechas económicas de desigualdad, especialmente las de género, y que utilice el dinero proveniente de las modificaciones a los impuestos para financiar programas y proyectos que respondan a las necesidades de la mayoría, pero sobre todo aquellas que son impostergables, como garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia y que alcancemos nuestra plena autonomía económica.
De entre nuestras recomendaciones destacamos la creación de nuevos impuestos, donde sobresalen aquellos que deben gravar las grandes fortunas, a los que llamamos impuestos al patriarcado, como la eliminación de los privilegios fiscales que permiten actualmente que los que más tienen, contribuyan menos de lo que deben (y pueden). También hablamos de la necesidad de seguir combatiendo las prácticas de abuso fiscal, como la evasión y el uso de paraísos fiscales, así como fortalecer el acceso a la información y la transparencia fiscal.
Si cambiamos la manera en la que el Estado cobra impuestos a través de una reforma fiscal progresiva y con perspectiva feminista lograremos avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa, donde no sean los que más tienen quienes más se beneficien y donde se garantice que todas las personas podamos acceder a programas y servicios públicos bien financiados que amplíen el acceso a derechos sociales y disminuyan las múltiples desigualdades. Porque todos los recursos que el Estado decide no recaudar son recursos que no se invierten en políticas que tienen la capacidad de transformar la realidad, como lo sería un Sistema Nacional de Cuidados.
Con el informe sobre Tributación Feminista queremos acercar el tema a todas las personas y movimientos sociales, incluyendo al movimiento feminista, tras décadas en las que se nos ha excluido de las discusiones sobre el dinero público. Creemos que debemos seguir venciendo todos los mitos que rondan a la fiscalidad para que la lucha por la justicia fiscal se vuelva una lucha compartida. Por eso, este 8M desde Fundar también marchamos por una política tributaria feminista. ¿Te sumas?
- Como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) y las listas anuales de Forbes.
