El pasado 24 de junio se cerraron las oficinas de la Iniciativa Frontera Norte en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
No existen las condiciones para que los defensores y defensoras lleven a cabo su labor sin poner en riesgo su vida
El cierre no sólo afecta a quienes defienden los Derechos Humanos, sino que agrava la de por sí precaria situación de las personas migrantes.
Esta mañana, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), diversas organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el pasado 24 de junio se cerraron las oficinas de la Iniciativa Frontera Norte de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo anterior debido al clima de inseguridad y violencia que sufren sus defensoras y defensores de Derechos Humanos y la falta de garantías por parte del Estado.
Dicho cese de actividades no sólo afecta a quienes defienden los derechos humanos, sino que agrava la de por sí precaria situación de las personas migrantes. Cabe recordar que el objetivo de la Iniciativa Frontera Norte es el de visibilizar los patrones de violaciones a los DDHH e identificar a sus perpetradores.
A pesar de que la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptada por nuestro país en el seno de las Naciones Unidas, establece en su artículo primero que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional,” en México, particularmente en el estado de Tamaulipas, no hay condiciones para que los defensores y defensoras realicen su labor sin poner en riesgo su vida, seguridad e integridad física y psicológica.
A nadie escapa que la investigación y sanción a los responsables es la medida de seguridad más efectiva para ellos, dado que la impunidad permite que se perpetúen y repitan sistemáticamente las amenazas, intimidaciones y todo tipo de actos que atentan contra el libre trabajo de defensa y promoción de los derechos fundamentales.
En la conferencia de prensa, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Estado mexicano para que establezca las condiciones necesarias para que las y los defensoras de los Derechos Humanos en el país puedan realizar su labor sin verse vulnerados.
Como manifiesta el Informe sobre la situación de las y los Defensores de derechos humanos en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los principales retos consiste en que su labor sea reconocida y valorada por las autoridades y la sociedad en general.
Por su parte, Amnistía Internacional ha manifestado que “quienes defienden a los migrantes irregulares son a su vez víctimas de frecuentes ataques. Algunos han recibido amenazas de muerte. Hay refugios que han sido atacados físicamente. Otros defensores han sido objeto de campañas de difamación y amenazas de cargos falsos de tráfico de personas”.
Por último, los participantes señalaron que el derecho a defender los DDHH se garantiza con la no obstrucción de su ejercicio y con la garantía y deber del Gobierno mexicano de proteger a las personas; que el daño social a quienes ejercen una labor legítima como el de la defensa de los derechos humanos, reclama mayor atención; y, que ante la búsqueda de protección para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, han encontrado descoordinación, negligencia y omisión de las autoridades federales y estatales.
Organizaciones firmantes: Coalición Pro Defensa del Migrante, Centro de Recursos para Migrantes, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
*Para mayor información, comunicarse con Blanca Navarrete a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]
