Fin de temporada, ninguna designación

El próximo 30 de abril marca el fin del último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura del Congreso de la Unión. Sin embargo, el saldo que dejará el Senado de la República en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas será más que negativo: ninguna ha sido resuelta. Por increíble que parezca, el órgano con la obligación –constitucional– de decidir a las personas que asumirán altas encomiendas públicas NO realizó ninguna. A pesar de contar con tres meses de sesiones, estos no les fueron suficientes para desahogar sus pendientes por mínima decencia y decoro.

Esta dinámica lamentablemente no es nueva, el Senado lleva unos buenos años en hacerse el omiso y no designar. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas [1] se contabilizan, al menos, 124 designaciones pendientes; la mitad de ellas están en la cancha de la cámara alta, mientras la otra parte se encuentra a la espera de que el titular del Poder Ejecutivo federal les envíe sus propuestas y/o ternas.

¿Cuáles son estas vacantes? Comprenden las tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); las nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto quedó desierta [2]; dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras 48 en 31 tribunales electorales estatales y en cada una de sus cinco salas regionales y la especializada, nada menor teniendo presente que las elecciones están a la vuelta de la esquina y son estos últimos órganos los encargados de resolver cualquier conflicto y calificar la validez de las propias elecciones. Como está el panorama, seguramente el Senado no resolverá ninguna en las pocas sesiones que restan antes de la clausura el próximo 30 de abril.

El Poder Ejecutivo no se queda atrás y sigue sin mandar sus propuestas para cubrir las tres vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dos en la Comisión Reguladora de Energía, cinco magistraturas en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras 51 para salas regionales del mismo tribunal.

¡No hay palabras para expresar tanta irresponsabilidad! No obstante, vale revisar qué dice el marco legal respecto al incumplimiento deliberado de las obligaciones de las autoridades, ya que esto es precisamente lo que indica tantas designaciones pendientes: la falta de intención y de compromiso para llevarlas a cabo. En reflexiones anteriores hemos apuntado que estas omisiones forman parte de una estrategia de debilitamiento institucional y de los controles y contrapesos democráticos. ¡En esa realidad estamos!

El artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas [3] establece elementos sobre el abuso de funciones, refiriéndose a aquellas personas servidoras públicas que se valgan de sus atribuciones “para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios […] que causen perjuicio a alguna persona o al servicio público”. Vaya que tantas omisiones han repercutido no sólo en el funcionamiento de las instituciones, sino que también tienen un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos que estas instituciones están encomendadas a proteger.

Incluso, es importante recordar que, en el caso de las designaciones pendientes en el INAI, existen resoluciones judiciales y una sentencia de la Suprema Corte que ponen al Senado en desacato. El artículo 63 de la referida ley establece que “cometerá desacato [la o] el servidor público que […] tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades […] judiciales […], proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información”. Hasta la fecha, ya acumulan 132 días del plazo que fijó la Corte para su resolución y el Senado sigue sin realizar las designaciones correspondientes.

Ante este modus operandi de no designar, bien valdría la pena que los órganos responsables enfrenten alguna sanción y consecuencia. La propia Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone varias posibilidades: la suspensión del empleo, cargo o comisión; la destitución; la sanción económica o la inhabilitación. Esto sí sería un final de temporada épico para cerrar de manera contundente con el ciclo de impunidad que se permite en el servicio público. ¡Designen ya!

#SinCuotasNiCuates