- Precisiones en torno a la Iniciativa Mérida, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada y firmada ayer por el presidente Bush.
- Además, información y detalles de algunos aspectos preocupantes de la política en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, en función de los cuales las actividades de la Iniciativa Mérida adquieren especial relevancia.
Tras ser firmado por el Presidente Bush, el Presupuesto Suplementario 2008 (que asigna recursos hasta Septiembre de 2009) se convertirá en la Ley Pública 110-252 de los Estados Unidos. Este presupuesto suplementario incorpora los recursos contemplados originalmente por la Iniciativa Mérida y sus principales previsiones, y deja congelada la iniciativa discutida anteriormente en la Cámara de Representantes, así como sus mecanismos de control. (Ver más sobre la IM )
Respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas en el presupuesto dedicado al combate al crimen organizado y el narcotráfico:
La aprobación de la Iniciativa Mérida abre oportunidades pero también obstáculos al monitoreo y rendición de cuentas de la reforma judicial, la reforma de los aparatos policiales y la articulación de estrategias de combate al crimen organizado.
En primer lugar, es indispensable que el gobierno de México establezca un mecanismo transparente de definición de prioridades, actividades y objetivos, no sólo de los recursos asociados a la Iniciativa Mérida, en los próximos 45 días, sino también de los recursos propios destinados al combate al crimen organizado, que ascienden a más de 100 mil millones de pesos. Esto es especialmente cierto por lo que toca a los 116.5 millones de dólares de asistencia militar, que deben por lo menos ser monitoreados minuciosamente por las comisiones legislativas de Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, a fin de minimizar el riesgo de que se ejerzan presiones indebidas que atenten contra la soberanía nacional.
Por lo que toca a las acciones de cooperación para combate al narcotráfico y el crimen organizado, promover una rendición de cuentas efectiva es también fundamental. La estrategia actual de combate al crimen organizado arroja un saldo negativo en diversos frentes. La militarización asociada con la estrategia ha provocado un incremento en los casos de violación y abuso de derechos humanos en México, patente en diversos indicadores, que sometemos a su consideración más adelante. A ello se suma la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y control de los recursos que el gobierno aboca a sus estrategias, que promueve la opacidad, impunidad y corrupción, al no existir parámetros ni indicadores claros que permitan valorar resultados.
De no haber cambios sustantivos en los sistemas de control y evaluación de la política pública, es de esperarse que estas circunstancias se agraven cuando comience a operar la Iniciativa Mérida en el país. (Ver: Evidencia de los problemas asociados con las estrategias de combate al crimen organizado.)
Monitoreo y vigilancia de la Iniciativa Mérida.
Reconocemos indispensable escudriñar a detalle los compromisos y apoyos asociados a la Iniciativa Mérida , y promover un mejor y más informado sistema de evaluación y rendición de cuentas. En principio, en los próximos 45 días a partir de este primero de julio las autoridades mexicanas negociarán el destino y resultado esperado de los fondos de la iniciativa. Es indispensable conocer a detalle qué se financiará, por qué y para qué.
Uno de los componentes previstos en la propuesta aprobada, por ejemplo, es la operación de policías en activo de los Estados Unidos en la capacitación de elementos mexicanos para el rastreo de armas. Es importante conocer a detalle cómo se operará esta capacitación, al igual que las condiciones asociadas con la adquisición de equipos de vigilancia, la infraestructura y tecnología para el combate al crimen organizado, o la extensión y características de las bases de datos, entre otros detalles. No sólo para garantizar la integridad y soberanía del país, sino además para impulsar la efectividad de las políticas públicas, para promover los contrapesos entre poderes y fomentar la transparencia en la identificación de prioridades y el pleno respeto de los derechos humanos.
Velar por el ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos es un principio básico del ejercicio del poder en un estado democrático. Debe serlo también para el gobierno mexicano. En Fundar estamos convencidos que los miles de millones de pesos que se derivarán del acuerdo de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México en el marco de la Iniciativa Mérida deben ejercerse, como cualquier otro recurso público, con criterios de transparencia, estar sujetos a la fiscalización del Poder Legislativo y al escrutinio de la sociedad civil, no sólo para verificar su legalidad, sino para garantizar que su ejercicio y las políticas públicas que sustentan están ampliamente justificadas, son efectivas, y promueven el estado de derecho. L a participación de la sociedad civil mexicana en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de seguridad pública y combate al crimen organizado es un elemento clave para garantizar su efectividad en el largo plazo.
En consecuencia, Fundar continuará, como hasta ahora, con su labor de monitorear y analizar el desempeño de las instancias involucradas en la promoción y defensa de los derechos humanos en México, e incorporará a sus actividades de investigación aplicada un seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto asociado a las funciones de soberanía, orden y seguridad, y a los procesos de reforma judicial y policial en curso. Nuestro trabajo se basa en la exigencia un pleno respeto de los derechos humanos en México, incluido el derecho de acceso a la información, y denunciaremos cualquier intervención indebida, o pretensión de hacerlo, del gobierno de Estados Unidos bajo el pretexto del combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Nuestro enfoque es independiente. No se basa en ni se limita a las actividades de la Iniciativa Mérida. Busca promover que las políticas de seguridad rindan cuentas, al igual que toda acción de la autoridad. Reiteramos que Fundar nunca ha solicitado participar de los fondos que prevé la Iniciativa Mérida, ni aceptaría hacerlo. Y precisamos, por último, que en los términos en que fue publicada, la propuesta norteamericana no prevé ningún fondo para organizaciones de la sociedad civil, y no podría incorporarlo, por la previsión explícita de que no se realizarán transferencias de recursos. Cualquier intento de explicar el monitoreo ciudadano en función de la búsqueda de recursos es falso, y probablemente mal intencionado.
Para mayor información favor de contactar a:
Juan Carlos Martínez
55 54 30 01 ext. 129
