Ciudad de México, 29 de enero de 2020.- Desde Fundar condenamos la sentencia dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México en contra de Sergio Aguayo, periodista, académico y fundador de nuestra organización, que ordena el pago de 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por daño moral, así como la resolución que fija una fianza para evitar la ejecución de la sentencia y la amenaza judicial de embargar sus bienes.
Estas resoluciones representan no sólo un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico, sino que vulneran el derecho a la información de toda la sociedad mexicana e inhiben la labor de las y los periodistas que vigilan y cuestionan el ejercicio del poder político lo cual es un pilar fundamental de la democracia.
Resulta inconstitucional y sumamente grave que el Poder Judicial de la Ciudad de México dicte resoluciones contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información. La actuación de la autoridad judicial ignora la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos según la cual el debate público es un medio de control democrático a través del cual se fomenta la transparencia de actividades estatales y se promueve la responsabilidad de funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas sobre cuestiones de interés público[1], como es el caso de las opiniones emitidas por Sergio Aguayo. Asimismo, la sanción impuesta resulta elevada y desproporcionada toda vez que no se ha probado la existencia de elementos que demuestren la intención de dañar [2].
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el mismo criterio, señalando en 2014 que el hecho de que la expresión vaya encaminada a cuestionar el desempeño de la función pública conlleva en sí mismo un interés ciudadano[3].
La emisión de sentencias regresivas, desproporcionadas y violatorias de derechos humanos como la dictada en contra de Sergio Aguayo, pone en evidencia un sistema de justicia que actúa como un mecanismo de control político en lugar de garantizar derechos fundamentales. Lo anterior, agrava la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que las y los periodistas ejercen su trabajo en un país donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, convirtiendo a México en el país más peligroso del mundo para ejercer su profesión.
Por ello, como organización de la sociedad civil que promueve la democracia sustantiva y el goce efectivo de los derechos humanos, Fundar hace un llamado a las autoridades federales y de la Ciudad de México para que cese el acoso judicial en contra del reconocido académico y periodista y se adopten las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que se ponga en riesgo su libertad de expresión e integridad.
Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación Fundar
5554 3001 ext. 217
[1] Caso Ricardo Canese vs Paraguay, Sentencia 21 de agosto 2004, (Fondo, Reparaciones y Costas), 97.
[2] CIDH, Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, (CIDH), 2018.
[3] Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN). Amparo Directo en Revisión 3123/2013. Decisión de 7 de febrero de 2014.
