El gasto de los gobiernos locales (estados y municipios) no es un tema superficial. El gobierno federal transfiere anualmente alrededor del 30% de su presupuesto a estos gobiernos. Solo en 2014, el monto asignado por este rubro ascendió a más de 1.4 billones de pesos1. Esta cifra es casi la mitad de lo que el gobierno estima obtener por ingresos de impuestos y derechos en este año 2. Al total de los recursos el gobierno federal canaliza a los gobiernos subnacionales se le conoce como gasto federalizado.
Desafortunadamente, el mal uso de estos recursos es la norma en nuestro país. Año con año la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de revisión a la cuenta pública, reporta al respecto: omisiones, desvíos, fallas, infracciones, ilegalidades, en fin, la lista es larga y preocupante. El informe de la ASF más reciente y actualizado 3 presentado en febrero de este año, no es la excepción. En este se detectan los mismos problemas de siempre.
El gasto federalizado se divide por sus dos grandes fuentes en participaciones federales y aportaciones federales, entre otros rubros de menor monto e importancia 4. Esta nota se enfoca en las aportaciones, recursos establecidos y etiquetados para un uso específico —ya sea, salud, educación, infraestructura, entre otros— en la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Qué encontró la ASF en la revisión de 2012 (último año de gobierno del ex presidente Calderón)?
A continuación un resumen de las muchas y variadas irregularidades identificadas:
En el fondo para educación básica (FAEB): pagos a trabajadores que ya no laboraban en la dependencia; prestaciones, compensaciones o bonos no reconocidos por la Federación; gastos de operación ajenos a los objetivos del fondo; entre otros.
Para el fondo sobre educación tecnológica y de adultos (FAETA): las secretarías de finanzas estatales no transfirieron la totalidad de los recursos del fondo a los entes ejecutores, pago en exceso a docentes, etc.
En el caso de fondos para asistir a personas en condiciones de mayor pobreza o vulnerabilidad (FAM y FAIS): recursos destinados a fines distintos a los autorizados (FAM). Y para el FAIS, cuyo objetivo principal es financiar obras y acciones sociales básicas para beneficiar a la población en extrema pobreza, se encontró que los recursos se aplicaron en obras y acciones que no benefician directamente a los sectores de la población en situación de rezago.
En el FASSA, cuyo objetivo es proporcionar recursos complementarios para apoyar la demanda de servicios de salud de la población no derechohabiente, la ASF reportó pagos de nómina en exceso, carencia de documentación comprobatoria del gasto, entre otras.
En el fondo para apoyar la seguridad pública a nivel local (FASP), se identificaron: obras pagadas y no ejecutadas, falta de documentación comprobatoria del gasto, irregularidades en los procesos de adjudicación de bienes y servicios, etc.
Los otros fondos como FAFEF y FORTAMUN-DF presentaron también una lista de incumplimientos y problemas en el uso del gasto.
La pregunta obligada
¿De qué se trata? El mal uso de los recursos públicos en los estados y municipios es recurrente y es la práctica “normal” en nuestro país. La evidencia muestra que la Ley de Coordinación Fiscal establece ciertos lineamientos y en la realidad cada quien hace lo que quiere. ¿Quién le hace caso a la ley? En serio. Los datos indican que hay un problema estructural, año con año se repite la trágica historia. Ciertamente los incentivos actuales no son los adecuados.
La situación requiere seguir trabajando mucho para lograr mejores resultados. No puede ser que el fondo creado para asistir a comunidades con altos grados de marginación (FAIS) termine beneficiando a sectores diferentes. ¿Es que así cuando vamos a lograr reducir la pobreza extrema en nuestro país? Es necesario primero continuar señalando este tema y todas las malas prácticas y malos manejos. No podemos olvidarlos ni hacer como si no existieran. Al mismo tiempo, será importante continuar fortaleciendo las instituciones de rendición de cuentas, tanto a nivel federal (ASF) como a nivel local. En el ideal, estos organismos deben ser autónomos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales para que no tengan ninguna presión a la hora de reportar las irregularidades encontradas.
Es fundamental trabajar en el tema de las consecuencias y sanciones cuando se reportan irregularidades graves. Es que si no, el trabajo de la ASF se queda como un simple llamado a misa y no pasa nada. Además, es importante continuar impulsando la armonización contable en los gobiernos locales para que todos ellos reporten la información presupuestaria con los mismos formatos. Hay que seguir trabajando para aumentar la transparencia presupuestaria a nivel local, así como mejorar y fortalecer los mecanismos para monitorear y medir la calidad e impactos del gasto público. También sería conveniente revisar la Ley de Coordinación Fiscal, ya que en muchos casos los objetivos de los fondos son tantos que no queda claro cuáles deberían ser las prioridades del gasto local. En fin, como se puede ver, en el ámbito local las labores pendientes son numerosas e inaplazables.
1 Datos del Presupuesto Ciudadano 2014 en www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
2 Los ingresos estimados para 2014 ascienden a más de $4.4 billones de pesos. De ellos, alrededor de $2.7 billones de pesos representan ingresos del gobierno federal (como cobro de impuestos y derechos). El resto de los ingresos provienen de ingresos por la venta de bienes y servicios de empresas y organismos como Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE; aportaciones a la seguridad social; e ingresos por deuda o financiamiento. Fuente: Presupuesto Ciudadano 2014.
3 Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2012.
4 La diferencia entre las primeras y las segundas es que, las participaciones son recursos “libres” que los gobiernos locales pueden utilizar para aplicarlos a los fines que ellos seleccionen. En el caso de las aportaciones, éstas son recursos “no libres”. Los gobiernos locales reciben estos recursos etiquetados para utilizarse en acciones determinadas.
*Liliana Ruiz
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