- Deficiencias en el sistema obstaculizan el acceso a una justicia imparcial y pronta
- No existe una estrategia integral para enfrentar la corrupción endémica del Poder Judicial
- Una justicia imparcial, pronta y accesible se logrará con más transparencia e independencia del Poder Judicial del estado
Del 22 al 25 de noviembre, la delegación internacional organizada por la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation), la Comisión Internacional de Juristas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. se entrevistó con organizaciones y autoridades del estado de Guerrero. Los expertos constataron “la preocupante crisis de seguridad y de justicia en la que se encuentran la sociedad guerrerense y sus instituciones provocada, entre otras causas, por deficiencias estructurales de las instituciones de procuración y administración de justicia”.
o Independencia y transparencia judicial. La delegación observó la falta de un sistema claro, transparente y basado en los méritos para el nombramiento y promoción de los funcionarios. Los principales rezagos se encuentran en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en la ausencia de un análisis exhaustivo de los candidatos propuestos para magistrados por parte del Poder Legislativo, en la concentración de poderes y en la discrecionalidad con la que actúa el Poder Ejecutivo estatal en este sentido.
La integración del Consejo de la Judicatura, órgano en el que cuatro de sus cinco integrantes son nombrados directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo estatal sin escrutinio público, no garantiza su independencia. Adicionalmente, la sujeción del Consejo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, órgano que concentra todas las decisiones, produce una severa limitación en las funciones de nombramiento y rendición de cuentas en la función judicial. También se observó que se mantiene un sistema de sanciones leves para faltas graves, principalmente en los casos de soborno.
o Procuración de justicia. El proceso de nombramiento y libre remoción del Procurador General de Justicia preocupa a la delegación, ya que no garantiza la estabilidad en el cargo, lo que a su vez impide generar y mantener políticas de organización y división de funciones para una mejor persecución de los delitos.
o La delegación constató que los tribunales y la Procuraduría no aplican los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano como normas de obligatorio cumplimiento en el desempeño de sus funciones. Adicionalmente, se encontraron problemas de armonización legislativa entre leyes locales y el Código Penal, que afectan de manera especial a las mujeres víctimas de discriminación y violencia.
o Acceso a la justicia. En el estado de Guerrero no existe un reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Además, los expertos recibieron testimonios de graves obstáculos en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Éstos se identifican en diversos momentos del proceso, particularmente durante la investigación. Los testimonios de miembros de los pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia, defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales ponen de relieve las graves limitaciones de la justicia para ampararlos.
o Defensoría Pública. La delegación constató las fallas de la Defensoría de Oficio, que se encuentra en el ámbito del Poder Ejecutivo estatal, dado que no cuenta con los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a una defensa adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por razones de discriminación y pobreza.
o Reforma penal. La delegación comprobó que los planes relativos a la Reforma Procesal Penal se reducen a lograr el cambio del sistema inquisitivo por el acusatorio en un plazo muy largo, mientras que no existen respuestas para los problemas más apremiantes de justicia y seguridad. Las alarmantes cifras de criminalidad en el estado de Guerrero exigen una respuesta inmediata.
¿Quién organizó la delegación?
La Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation)
La Comisión Internacional de Juristas
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
¿Quiénes son los integrantes de la delegación?
José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo de España.
Susana Villarán, ex Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Lima, Perú).
José Zeitune, Consejero jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, Suiza).
Cécile Lachenal, Investigadora y Responsable del Proyecto de Acceso a la Justicia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México, D.F.).
Mirte Postema, Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal (Washington, DC, EEUU).
¿Con quiénes se reunió la delegación en Guerrero?
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia/Presidente del Consejo de la Judicatura, Edmundo Román Pinzón
El Encargado de despacho de la Procuraduría, Albertico Guinto Sierra, y su equipo
El Secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos
Despacho del Secretario de Seguridad Pública
El Presidente de la CODDEHUM, Juan Alarcón Hernández
El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Jesús Evodio Velázquez Aguirre
Para mayores informes favor de dirigirse con:
Justine Dupuy
5554-3001 ext. 138
044 55 3460-5195
